Los afanes de la refrendación

¿Se está preparando el camino para buscar la legitimidad de un eventual acuerdo de paz con las Farc por un mecanismo diferente al referendo? Es la pregunta que queda en el aire tras la propuesta del senador Roy Barreras, presidente del Partido de la U, de implementar una séptima papeleta en las elecciones territoriales del 25 de octubre, en la que los colombianos expresen su respaldo o no al proceso de diálogos que se adelanta en La Habana (Cuba). Y aún más con la declaración del fiscal Eduardo Montealegre, de que jurídicamente no se necesita una convalidación popular para refrendar lo acordado, pues con la reelección del presidente Juan Manuel Santos, los colombianos ya hicieron el gran referendo por la paz.

Lo cierto es que las interpretaciones pululan. El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, salió a aclarar que si bien desde el punto de vista jurídico Montealegre tiene la razón y un acuerdo con las Farc no tendría que ser necesariamente sometido a refrendación, el jefe de Estado está convencido de que solo a través de ese camino se logrará darle legitimidad, firmeza y sostenibilidad a lo pactado. “El presidente prefirió acordar con las Farc la refrendación en una decisión profundamente democrática, transparente, un acto de confianza en los ciudadanos. Quiere el presidente que los colombianos, con plena libertad, tomen la decisión trascendental que permita abrir el camino de una paz firme”, dijo De la Calle.

Pero al mismo tiempo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que la idea de Barreras es atractiva e interesante, en la perspectiva de que no se llegue con un acuerdo definitivo entre Gobierno y guerrilla a las elecciones de octubre y que los tiempos no alcancen para preparar el mecanismo de la refrendación, que, como están las cosas, es lo más probable. Es decir, que esa séptima papeleta sirva para que los ciudadanos expresen su apoyo al proceso, de tal manera que se produzca un hecho político de renovación del mandato que el año pasado se le dio al presidente Santos con la reelección en la búsqueda de una salida negociada al conflicto. Más o menos lo que se hizo en 1990 y que derivó en la Asamblea Nacional Constituyente del 91.

Es decir, y lo explicó el mismo Roy Barreras, que el 25 de octubre los colombianos vayan a las urnas y digan si están o no de acuerdo con el proceso de paz. “El hecho político de que millones de personas, a través de una papeleta, salgan a respaldar y a hacer un mandato por la paz, es útil y necesario. Además, ya se tramitó el Marco Legal para la Paz y habrá una discusión de la ley estatutaria de justicia transicional, donde vendrá la discusión jurídica específica, que se tramitará en el Congreso. Pero por ahora lo que queremos es el respaldo de los ciudadanos a la paz, independientemente del acto refrendatario que se acuerde en La Habana”, aclaró el congresista.

Una idea planteada teniendo en cuenta que los procesos de referendo son dispendiosos y complicados, pues se requiere tramitar una ley en el Congreso más el examen de la Corte Constitucional. Y las experiencias han demostrado que la complejidad de lo que se tiene que preguntar dificulta la comprensión de la gente. En el caso de un acuerdo de paz con las Farc, hay quienes hablan de un cuestionario de mínimo 50 preguntas. Lo claro es que la fecha del 25 de octubre se ha convertido en clave para el Gobierno y los defensores de los diálogos de La Habana, de cara a lograr respaldo popular. Sobre todo, pensando en que a esas alturas lo más posible es que no haya acuerdo definitivo.

Con esta perspectiva, según conoció El Espectador, el afán del Gobierno está en lograr de aquí a mayo llegar a un consenso con las Farc en el tema de víctimas, que es el que se discute actualmente e incluye el difícil punto de la justicia transicional, y avanzar en lo del fin del conflicto, que implica abordar el cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. De ahí las instrucciones del presidente Santos a los negociadores para que inicien “lo más pronto posible” la discusión sobre ese asunto. Mejor dicho, en la Casa de Nariño son conscientes de que en octubre no se habrá alcanzado todavía un acuerdo final y se necesita tomar un segundo aire, que se lograría precisamente a través de esa séptima papeleta.

Además, hay que tener en cuenta que según la agenda pactada, la firma de un acuerdo debe dar paso al punto de la implementación, verificación y refrendación. Y hasta el momento, las Farc mantienen su posición en el sentido de que el mejor camino es una constituyente. “Ese tema toca dirimirlo en la mesa, de momento tanto el marco jurídico como la ley de referendo no existen con respecto al proceso de paz (...) esperamos que si esto no se logra dirimir en la mesa de conversaciones, se le abra espacio a la Asamblea Constituyente y que sea el soberano quien defina aspectos como la necesidad que existe de superar el latifundio o la doctrina de la seguridad nacional”, dijo recientemente alias Jesús Santrich, negociador del grupo guerrillero en Cuba.

Sea como sea, el tema ha dado para alborotar el avispero político. Desde el uribista Centro Democrático, el senador Alfredo Ramos Maya escribió con sarcasmo en Twitter: “De los mismos creadores de ‘no habrá cese al fuego bilateral’, llega el nuevo ‘la paz sí tendrá refrendación popular’. Todos les creemos”. Y la excandidata presidencial conservadora Marta Lucía Ramírez advirtió que sería una “estocada a la democracia pasar por encima del pueblo colombiano y que se le prive de ejercer su derecho más sagrado, a autodeterminar democráticamente su futuro. El pueblo colombiano debe exigir que se cumpla la palabra empeñada por el presidente (...) solo así podremos garantizar que los acuerdos logrados sean duraderos y comprometan a las instituciones”.

¿Se está preparando el camino para buscar la legitimidad de un eventual acuerdo de paz con las Farc por un mecanismo diferente al referendo? Es la pregunta que queda en el aire tras la propuesta del senador Roy Barreras, presidente del Partido de la U, de implementar una séptima papeleta en las elecciones territoriales del 25 de octubre, en la que los colombianos expresen su respaldo o no al proceso de diálogos que se adelanta en La Habana (Cuba). Y aún más con la declaración del fiscal Eduardo Montealegre, de que jurídicamente no se necesita una convalidación popular para refrendar lo acordado, pues con la reelección del presidente Juan Manuel Santos, los colombianos ya hicieron el gran referendo por la paz.

Lo cierto es que las interpretaciones pululan. El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, salió a aclarar que si bien desde el punto de vista jurídico Montealegre tiene la razón y un acuerdo con las Farc no tendría que ser necesariamente sometido a refrendación, el jefe de Estado está convencido de que solo a través de ese camino se logrará darle legitimidad, firmeza y sostenibilidad a lo pactado. “El presidente prefirió acordar con las Farc la refrendación en una decisión profundamente democrática, transparente, un acto de confianza en los ciudadanos. Quiere el presidente que los colombianos, con plena libertad, tomen la decisión trascendental que permita abrir el camino de una paz firme”, dijo De la Calle.

Pero al mismo tiempo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que la idea de Barreras es atractiva e interesante, en la perspectiva de que no se llegue con un acuerdo definitivo entre Gobierno y guerrilla a las elecciones de octubre y que los tiempos no alcancen para preparar el mecanismo de la refrendación, que, como están las cosas, es lo más probable. Es decir, que esa séptima papeleta sirva para que los ciudadanos expresen su apoyo al proceso, de tal manera que se produzca un hecho político de renovación del mandato que el año pasado se le dio al presidente Santos con la reelección en la búsqueda de una salida negociada al conflicto. Más o menos lo que se hizo en 1990 y que derivó en la Asamblea Nacional Constituyente del 91.

Es decir, y lo explicó el mismo Roy Barreras, que el 25 de octubre los colombianos vayan a las urnas y digan si están o no de acuerdo con el proceso de paz. “El hecho político de que millones de personas, a través de una papeleta, salgan a respaldar y a hacer un mandato por la paz, es útil y necesario. Además, ya se tramitó el Marco Legal para la Paz y habrá una discusión de la ley estatutaria de justicia transicional, donde vendrá la discusión jurídica específica, que se tramitará en el Congreso. Pero por ahora lo que queremos es el respaldo de los ciudadanos a la paz, independientemente del acto refrendatario que se acuerde en La Habana”, aclaró el congresista.

Una idea planteada teniendo en cuenta que los procesos de referendo son dispendiosos y complicados, pues se requiere tramitar una ley en el Congreso más el examen de la Corte Constitucional. Y las experiencias han demostrado que la complejidad de lo que se tiene que preguntar dificulta la comprensión de la gente. En el caso de un acuerdo de paz con las Farc, hay quienes hablan de un cuestionario de mínimo 50 preguntas. Lo claro es que la fecha del 25 de octubre se ha convertido en clave para el Gobierno y los defensores de los diálogos de La Habana, de cara a lograr respaldo popular. Sobre todo, pensando en que a esas alturas lo más posible es que no haya acuerdo definitivo.

Con esta perspectiva, según conoció El Espectador, el afán del Gobierno está en lograr de aquí a mayo llegar a un consenso con las Farc en el tema de víctimas, que es el que se discute actualmente e incluye el difícil punto de la justicia transicional, y avanzar en lo del fin del conflicto, que implica abordar el cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. De ahí las instrucciones del presidente Santos a los negociadores para que inicien “lo más pronto posible” la discusión sobre ese asunto. Mejor dicho, en la Casa de Nariño son conscientes de que en octubre no se habrá alcanzado todavía un acuerdo final y se necesita tomar un segundo aire, que se lograría precisamente a través de esa séptima papeleta.

Además, hay que tener en cuenta que según la agenda pactada, la firma de un acuerdo debe dar paso al punto de la implementación, verificación y refrendación. Y hasta el momento, las Farc mantienen su posición en el sentido de que el mejor camino es una constituyente. “Ese tema toca dirimirlo en la mesa, de momento tanto el marco jurídico como la ley de referendo no existen con respecto al proceso de paz (...) esperamos que si esto no se logra dirimir en la mesa de conversaciones, se le abra espacio a la Asamblea Constituyente y que sea el soberano quien defina aspectos como la necesidad que existe de superar el latifundio o la doctrina de la seguridad nacional”, dijo recientemente alias Jesús Santrich, negociador del grupo guerrillero en Cuba.

Sea como sea, el tema ha dado para alborotar el avispero político. Desde el uribista Centro Democrático, el senador Alfredo Ramos Maya escribió con sarcasmo en Twitter: “De los mismos creadores de ‘no habrá cese al fuego bilateral’, llega el nuevo ‘la paz sí tendrá refrendación popular’. Todos les creemos”. Y la excandidata presidencial conservadora Marta Lucía Ramírez advirtió que sería una “estocada a la democracia pasar por encima del pueblo colombiano y que se le prive de ejercer su derecho más sagrado, a autodeterminar democráticamente su futuro. El pueblo colombiano debe exigir que se cumpla la palabra empeñada por el presidente (...) solo así podremos garantizar que los acuerdos logrados sean duraderos y comprometan a las instituciones”.