Los argumentos jurídicos que el Gobierno radicó en Congreso para objetar la estatutaria de la JEP

El Gobierno Nacional radicó en la mañana de este lunes un documento de 46 páginas con los argumentos jurídicos que intentarán sostener las objeciones que el presidente Iván Duque Márquez realizó a seis artículos de la ley estatutaria de la JEP.

La primera parte del documento es una justificación de la potestad que tiene el presidente de la República para objetar la estatutaria de la JEP, por razones de inconveniencia, a pesar de que ya haya surtido el control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional.

Le puede interesar: ¿En qué afectan las objeciones presidenciales al proceso de paz?

“Surtida la revisión de constitucionalidad, el Gobierno Nacional conserva la facultad de revisar el texto del proyecto de ley estatutaria sometido a su sanción para verificar si el mismo es conveniente o no”, dice el texto radicado.

Según el Gobierno, no obstante el proyecto haya sido aprobado por Congreso y revisado por la Corte Constitucional, “no necesariamente puede estar conforme con el interés público o social o con el interés general”.

Contexto: Presidente Duque objetó seis artículos de la ley estatutaria de la JEP

Duque argumenta que la ley también le da facultades de objetar una ley estatutaria aprobada así esta haya sido tramitada a través del procedimiento de “fast track”, que utilizó el gobierno de Juan Manuel Santos para simplificar el paso por el Congreso de las normas que tuvieran que ver con la implementación del acuerdo de paz, reduciendo a la mitad los debates que debía tener una iniciativa en el Legislativo.

“Es claro que, ante la ausencia de regulación específica sobre la posibilidad de presentar objeciones gubernamentales a los proyectos de ley estatutaria, el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz no eliminó esa potestad del Gobierno Nacional”, dice el documento.

::Lea más noticias del día sobre política::

Seguidamente se esgrimen los argumentos jurídicos para las objeciones de cada uno de los seis artículos que el presidente objetó. (Vea el texto completo más abajo)

La decisión del presidente Duque abre un nuevo capítulo en la implementación del Acuerdo de Paz. Si bien, desde los sectores cercanos al uribismo señalan que las objeciones eran necesarias y tenían razón de ser, desde la oposición y desde los defensores de la implementación han advertido que lo único que generará la objeción será un desgaste y un debate de ocho o nueve meses en el Congreso y así retrasar la misión de la JEP.

El Gobierno Nacional radicó en la mañana de este lunes un documento de 46 páginas con los argumentos jurídicos que intentarán sostener las objeciones que el presidente Iván Duque Márquez realizó a seis artículos de la ley estatutaria de la JEP.

La primera parte del documento es una justificación de la potestad que tiene el presidente de la República para objetar la estatutaria de la JEP, por razones de inconveniencia, a pesar de que ya haya surtido el control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional.

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“Surtida la revisión de constitucionalidad, el Gobierno Nacional conserva la facultad de revisar el texto del proyecto de ley estatutaria sometido a su sanción para verificar si el mismo es conveniente o no”, dice el texto radicado.

Según el Gobierno, no obstante el proyecto haya sido aprobado por Congreso y revisado por la Corte Constitucional, “no necesariamente puede estar conforme con el interés público o social o con el interés general”.

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Duque argumenta que la ley también le da facultades de objetar una ley estatutaria aprobada así esta haya sido tramitada a través del procedimiento de “fast track”, que utilizó el gobierno de Juan Manuel Santos para simplificar el paso por el Congreso de las normas que tuvieran que ver con la implementación del acuerdo de paz, reduciendo a la mitad los debates que debía tener una iniciativa en el Legislativo.

“Es claro que, ante la ausencia de regulación específica sobre la posibilidad de presentar objeciones gubernamentales a los proyectos de ley estatutaria, el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz no eliminó esa potestad del Gobierno Nacional”, dice el documento.

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