Los choques por proposición de la FARC que pide modificar decreto de excarcelación humanitaria

En medio de la avalancha de decretos emitidos durante la emergencia económica y social, uno de los más esperados fue el de la excarcelación masiva para así reducir los riesgos de contagio del nuevo coronavirus en las prisiones del país, que históricamente padecen altísimos niveles de hacinamiento. Sin embargo, el decreto se demoró más de lo esperado, y, al final, estableció unas condiciones que cerraron considerablemente las posibilidades de liberación de las personas en prisión.

En medio de las muchas críticas, en la Comisión Primera del Senado se discutió en la jornada de ayer una proposición para modificar el decreto legislativo de excarcelación masiva (546 de 2020) emitido por el gobierno el 14 de abril. El senador de la FARC Julián Gallo, conocido en la guerra como Carlos Antonio Losada, fue el autor de esta solicitud al presidente Iván Duque.

“El riesgo excepcional al que están sometidas las personas privadas de la libertad se incrementa día a día, por lo que se hace urgente y necesario ampliar las medidas contempladas por el gobierno nacional respecto al tratamiento excepcional y transitorio de esta población vulnerable”, justificó el senador Gallo para pedir al primer mandatario que extienda las causales de excarcelación humanitaria por el coronavirus.

También: Gobierno expide decreto de excarcelación para evitar contagio de covid-19 en cárceles

En la solicitud, el senador de la FARC pidió que se incluyera entre las condiciones de excarcelación a aquellos que fueron condenados a penas de hasta 10 años de prisión, exguerrilleros de las antiguas Farc-EP que firmaron los acuerdos de paz, agricultores condenados por delitos relacionados a los cultivos ilícitos y a mujeres cabezas de hogar.

En la proposición también se le solicitó a Iván Duque que incluya plazos más reducidos para realizar el procedimiento de excarcelación y se establezca que el “retardo injustificado” al proceso de liberación sea considerado una conducta gravemente dolosa. Por último, se pidió que se clarifique que no se puede pedir una caución para que los presos puedan acceder a este beneficio.

Tras su presentación, la proposición fue discutida por una gran parte de los senadores de la Comisión Primera. Ellos tuvieron posiciones bastante dispares frente al texto presentado por el congresista de la FARC. Uno de los primeros en presentar objeciones fue el senador Eduardo Enríquez Maya, que aseguró que la proposición tenía fines acertados, pero no tenía lugar debido a que el presidente perdió sus funciones legisladoras transitorias, enmarcadas en el decreto de emergencia económica y social.

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“Es necesario esperar que la Corte Constitucional se pronuncie y le aconsejo que presente un proyecto de ley para modificar el decreto”, señaló el senador nariñense, que insistió en diferentes momentos que el camino a seguir era a reformar el decreto con fuerza de ley a través del trámite legislativo regular.

José Obdulio Gaviria, de la bancada de gobierno, se adhirió a lo dicho por el senador Enríquez Maya. “La proposición no está a lugar porque no hay una emergencia que permita modificar”, declaró el senador del Centro Democrático para justificar su no acompañamiento a la proposición del senador de la FARC.

Otros senadores, como Roy Barreras y Temístocles Ortega, afirmaron acompañar el “espíritu” de la proposición, pero también aseguraron que no era el camino a seguir debido a que el presidente ya había perdido su poder legislativo. Barreras, del Partido de la U, aseguró que era necesario que el Congreso asumiera la labor de control político y, si era necesario, comenzar por el decreto que aprobó la excarcelación masiva.

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Ortega fue más allá e invitó al senador Julián Gallo para que le quitara el título de proposición y lo convirtiera en proyecto de ley. “Démosle debate y saquémosla en un mes”, señaló el senador de Cambio Radical, que luego agregó que “si el gobierno decreta un nuevo estado de excepción pues maravilloso”, dado que se podría modificar el decreto presidencial sin tener que pasar por trámite legislativo.

Otros que apoyaron la proposición fueron los senadores Gustavo Petro y Alexander López. El primero señaló que era imperativa esta proposición porque no había tiempo para un trámite legislativo y la población carcelaria es la “de mayor riesgo de extensión de la enfermedad, después de los médicos y enfermeras”. El senador de la Colombia Humana también consideró que era necesario que se volviera a emitir un decreto de emergencia económica y social.

El senador López aseguró que “este tipo de proposiciones es producto del desespero de los colombianos frente a la situación de las cárceles”. Luego, haciendo referencia a la inclusión de los exguerrilleros de las Farc, dijo: “Personalizar la propuesta no queda bien en este tiempo de pandemia. Invito a que se deje la proposición mucho más abierta”.

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Fue precisamente este tema el que abrió la discusión en la comisión. Algunos senadores del partido de gobierno señalaron que no acompañarían la propuesta si se incluía el parágrafo en el que se beneficiaba a los exmiembros de las Farc. El primero en manifestarse en esa línea fue el senador Santiago Valencia, presidente de la comisión.   

“Me parece el espíritu de la proposición adecuado, es algo en lo que estamos de acuerdo. Pero no puedo votar positiva su porque no me parece bien y no me parece ético que haga referencia a un grupo carcelario en particular”, dijo el senador del Centro Democrático. Valencia González agregó que en la comisión siempre se discutió que se incluyeran delitos y no grupos en el decreto presidencial. Por último, este aseguró que no acompañaría la propuesta si no se retiraba el parágrafo de las FARC.

La senadora Paloma Valencia fue otra de las presentes que se abstuvo de acompañar la proposición, por argumentos similares a los de su compañero de bancada. “Una cosa es el llamado a las liberaciones humanitarias y otra es la proposición del senador Gallo que solo se refiere a las Farc y pretende liberar a narcotraficantes que se decidieron no liberar”, dijo la congresista Valencia ante la comisión primera.

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“Una proposición que pide la liberación de personas de las Farc no concuerda con las discusiones de esta comisión, que se han centrado en el tipo de delitos y en el criterio que debe tener la sociedad colombiana. No puede ser solo por criterios políticos”, concluyó la senadora Valencia, que ha acompañado a la bancada de gobierno en sus críticas a los acuerdos de paz.

A pesar de los reparos, el senador Gallo aseguró que mantendría en su proposición los beneficios a los exintegrantes de las Farc. “Que sean tenidos en cuenta los antiguos miembros de las Farc porque fuimos excluidos del primer decreto”, señaló el excomandante guerrillero. Al final, la propuesta de Gallo fue aprobada por 12 votos contra 8, por lo que será enviada a presidencia.

Sin embargo, el primer mandatario solo podrá hacer la modificación del decreto si vuelve a declarar el estado de emergencia económica y social. De no hacerlo, la proposición no tendría ningún efecto y la modificación del decreto de excarcelación tendría que llevarse a cabo a través del trámite legislativo ordinario.

En medio de la avalancha de decretos emitidos durante la emergencia económica y social, uno de los más esperados fue el de la excarcelación masiva para así reducir los riesgos de contagio del nuevo coronavirus en las prisiones del país, que históricamente padecen altísimos niveles de hacinamiento. Sin embargo, el decreto se demoró más de lo esperado, y, al final, estableció unas condiciones que cerraron considerablemente las posibilidades de liberación de las personas en prisión.

En medio de las muchas críticas, en la Comisión Primera del Senado se discutió en la jornada de ayer una proposición para modificar el decreto legislativo de excarcelación masiva (546 de 2020) emitido por el gobierno el 14 de abril. El senador de la FARC Julián Gallo, conocido en la guerra como Carlos Antonio Losada, fue el autor de esta solicitud al presidente Iván Duque.

“El riesgo excepcional al que están sometidas las personas privadas de la libertad se incrementa día a día, por lo que se hace urgente y necesario ampliar las medidas contempladas por el gobierno nacional respecto al tratamiento excepcional y transitorio de esta población vulnerable”, justificó el senador Gallo para pedir al primer mandatario que extienda las causales de excarcelación humanitaria por el coronavirus.

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En la solicitud, el senador de la FARC pidió que se incluyera entre las condiciones de excarcelación a aquellos que fueron condenados a penas de hasta 10 años de prisión, exguerrilleros de las antiguas Farc-EP que firmaron los acuerdos de paz, agricultores condenados por delitos relacionados a los cultivos ilícitos y a mujeres cabezas de hogar.

En la proposición también se le solicitó a Iván Duque que incluya plazos más reducidos para realizar el procedimiento de excarcelación y se establezca que el “retardo injustificado” al proceso de liberación sea considerado una conducta gravemente dolosa. Por último, se pidió que se clarifique que no se puede pedir una caución para que los presos puedan acceder a este beneficio.

Tras su presentación, la proposición fue discutida por una gran parte de los senadores de la Comisión Primera. Ellos tuvieron posiciones bastante dispares frente al texto presentado por el congresista de la FARC. Uno de los primeros en presentar objeciones fue el senador Eduardo Enríquez Maya, que aseguró que la proposición tenía fines acertados, pero no tenía lugar debido a que el presidente perdió sus funciones legisladoras transitorias, enmarcadas en el decreto de emergencia económica y social.

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“Es necesario esperar que la Corte Constitucional se pronuncie y le aconsejo que presente un proyecto de ley para modificar el decreto”, señaló el senador nariñense, que insistió en diferentes momentos que el camino a seguir era a reformar el decreto con fuerza de ley a través del trámite legislativo regular.

José Obdulio Gaviria, de la bancada de gobierno, se adhirió a lo dicho por el senador Enríquez Maya. “La proposición no está a lugar porque no hay una emergencia que permita modificar”, declaró el senador del Centro Democrático para justificar su no acompañamiento a la proposición del senador de la FARC.

Otros senadores, como Roy Barreras y Temístocles Ortega, afirmaron acompañar el “espíritu” de la proposición, pero también aseguraron que no era el camino a seguir debido a que el presidente ya había perdido su poder legislativo. Barreras, del Partido de la U, aseguró que era necesario que el Congreso asumiera la labor de control político y, si era necesario, comenzar por el decreto que aprobó la excarcelación masiva.

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Ortega fue más allá e invitó al senador Julián Gallo para que le quitara el título de proposición y lo convirtiera en proyecto de ley. “Démosle debate y saquémosla en un mes”, señaló el senador de Cambio Radical, que luego agregó que “si el gobierno decreta un nuevo estado de excepción pues maravilloso”, dado que se podría modificar el decreto presidencial sin tener que pasar por trámite legislativo.

Otros que apoyaron la proposición fueron los senadores Gustavo Petro y Alexander López. El primero señaló que era imperativa esta proposición porque no había tiempo para un trámite legislativo y la población carcelaria es la “de mayor riesgo de extensión de la enfermedad, después de los médicos y enfermeras”. El senador de la Colombia Humana también consideró que era necesario que se volviera a emitir un decreto de emergencia económica y social.

El senador López aseguró que “este tipo de proposiciones es producto del desespero de los colombianos frente a la situación de las cárceles”. Luego, haciendo referencia a la inclusión de los exguerrilleros de las Farc, dijo: “Personalizar la propuesta no queda bien en este tiempo de pandemia. Invito a que se deje la proposición mucho más abierta”.

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Fue precisamente este tema el que abrió la discusión en la comisión. Algunos senadores del partido de gobierno señalaron que no acompañarían la propuesta si se incluía el parágrafo en el que se beneficiaba a los exmiembros de las Farc. El primero en manifestarse en esa línea fue el senador Santiago Valencia, presidente de la comisión.   

“Me parece el espíritu de la proposición adecuado, es algo en lo que estamos de acuerdo. Pero no puedo votar positiva su porque no me parece bien y no me parece ético que haga referencia a un grupo carcelario en particular”, dijo el senador del Centro Democrático. Valencia González agregó que en la comisión siempre se discutió que se incluyeran delitos y no grupos en el decreto presidencial. Por último, este aseguró que no acompañaría la propuesta si no se retiraba el parágrafo de las FARC.

La senadora Paloma Valencia fue otra de las presentes que se abstuvo de acompañar la proposición, por argumentos similares a los de su compañero de bancada. “Una cosa es el llamado a las liberaciones humanitarias y otra es la proposición del senador Gallo que solo se refiere a las Farc y pretende liberar a narcotraficantes que se decidieron no liberar”, dijo la congresista Valencia ante la comisión primera.

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“Una proposición que pide la liberación de personas de las Farc no concuerda con las discusiones de esta comisión, que se han centrado en el tipo de delitos y en el criterio que debe tener la sociedad colombiana. No puede ser solo por criterios políticos”, concluyó la senadora Valencia, que ha acompañado a la bancada de gobierno en sus críticas a los acuerdos de paz.

A pesar de los reparos, el senador Gallo aseguró que mantendría en su proposición los beneficios a los exintegrantes de las Farc. “Que sean tenidos en cuenta los antiguos miembros de las Farc porque fuimos excluidos del primer decreto”, señaló el excomandante guerrillero. Al final, la propuesta de Gallo fue aprobada por 12 votos contra 8, por lo que será enviada a presidencia.

Sin embargo, el primer mandatario solo podrá hacer la modificación del decreto si vuelve a declarar el estado de emergencia económica y social. De no hacerlo, la proposición no tendría ningún efecto y la modificación del decreto de excarcelación tendría que llevarse a cabo a través del trámite legislativo ordinario.