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En 2026 Colombia elegirá un nuevo presidente y un nuevo Congreso. En medio de debates sobre corrupción, orden público, modelos de desarrollo económico y reformas institucionales, hay un tema que no da espera: la protección integral de la niñez y la adolescencia. Son más de 15 millones de niños, niñas y adolescentes que, si bien no pueden votar, su bienestar —presente y futuro— depende completamente de la voluntad y apuestas que hagan los líderes que vamos a elegir.
La violencia contra niños, niñas y adolescentes sigue siendo una realidad cotidiana. La única encuesta especializada sobre el tema nos muestra un panorama alarmante: dos de cada cinco colombianos son víctimas de algún tipo de violencia (psicológica, física o sexual) antes de cumplir los 18 años (MSPS et al., 2019). Solo en 2020, las empresas tecnológicas dueñas de las redes sociales más utilizadas en el mundo reportaron 763 997 alertas de explotación infantil en Colombia (NCMEC, 2026). ¡Estas son, en promedio, más de 2000 alertas por día! De igual manera, las cifras de Medicina Legal indican que, en 2025, se registraron por día 5 muertes violentas y 95 casos de lesiones no fatales en niños, niñas y adolescentes (Medicina Legal, 2025).
Las cifras son aterradoras… pero hay esperanza. Experiencias internacionales —como los casos recientes de Kenia y Eswatini — nos muestran que es posible erradicar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes (RestoreCDC.org, 2023). El maltrato físico y emocional, la negligencia, la violencia sexual y la exposición a entornos inseguros no son hechos aislados: son síntomas de sistemas fragmentados. Con demasiada frecuencia reaccionamos cuando el daño ya está hecho, pero invertimos poco en prevención.
Uno de los factores más invisibilizados en este debate es la salud mental y el bienestar de madres, padres y cuidadores. El estrés tóxico asociado a la falta de oportunidades, la pobreza persistente y la ausencia de redes de apoyo aumentan significativamente el riesgo de negligencia y violencia intrafamiliar. Cuando los adultos están desbordados, aislados o sin acompañamiento institucional, la capacidad de cuidar se deteriora.
La evidencia más reciente es clara: la estrategia más efectiva para romper los ciclos intergeneracionales de violencia no consiste únicamente en intervenir cuando el daño ya ocurrió, sino en fortalecer a quienes cuidan (Little et al., 2026). Invertir en salud mental comunitaria, programas de crianza positiva y redes de apoyo familiar no es un complemento del sistema de protección: es su columna vertebral.
El próximo gobierno tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de fortalecer los sistemas de protección, articulando sectores como educación, salud, protección social y justicia. Esto implica: invertir sustancialmente en el talento humano que trabaja con las familias (p.ej; las docentes y madres que implementan los modelos de atención del ICBF) y que atiende los casos de niños y niñas vulnerados (p.ej; los defensores de familia y las fiscales especializadas en niñez y adolescencia); mejorar los sistemas de información (necesitamos planear ya una nueva encuesta nacional de violencia); y garantizar que las agencias de seguridad y justicia cuenten con recursos y capacidades reales para monitorear y responder a las alertas de violencia (p.ej; necesitamos fortalecer los equipos de inteligencia en la Policía Nacional y la Fiscalía para niños, niñas y adolescentes).
La protección infantil no es un tema sectorial. Es un indicador central del tipo de sociedad que queremos construir. Los países que han logrado reducir sostenidamente la violencia contra la niñez lo han hecho reconociendo el inmenso costo de la inacción (cercano al 8% del PIB) y desarrollando estrategias coordinadas, sostenidas en el tiempo y con liderazgo político claro. Colombia tiene la evidencia, las organizaciones y las capacidades técnicas para hacerlo. Lo que necesitamos es voluntad política y prioridad presupuestal.
En esta campaña presidencial y legislativa, deberíamos preguntar a cada candidato: ¿cómo va a fortalecer el sistema de protección infantil? ¿Qué metas concretas propone para reducir la violencia y apoyar a las familias para que sean la fuente primaria de protección? ¿Cómo garantizará que ningún niño o niña quede invisible frente al Estado?
Afortunadamente, el país no parte de cero. Desde el año 2019 el país asumió un compromiso y comenzó a trabajar en un plan de acción. También, desde la sociedad civil hemos avanzado en propuestas concretas. NiñezYA, una coalición de más de 200 organizaciones, ha desarrollado herramientas para monitorear el cumplimiento de los derechos de la infancia, hacer seguimiento a compromisos de política pública y ofrecer lineamientos técnicos basados en evidencia. Estas herramientas permiten pasar del discurso a la rendición de cuentas, identificando brechas territoriales y prioridades urgentes.
El 2026 puede ser recordado como el año en que decidimos poner a la niñez y la adolescencia en el centro de la agenda pública. No como un eslogan, sino como una política de Estado basada en evidencia, prevención y corresponsabilidad social.
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Por Arturo Harker Roa, Escuela de Gobierno de Los Andes
