1 Mar 2019 - 8:12 p. m.

Los conflictos del Código de Policía con la informalidad en el país

Una de las discusiones que dejó sobre la mesa el debate de control político hecho esta semana en el Congreso a la aplicación del Código de Policía es el de la necesidad de brindar alternativas a los ciudadanos que ocupan irregularmente el espacio público.

Redacción Politíca

Las ventas ambulantes son para millones de colombianos la única forma de ganarse la vida.  / Archivo El Espectador
Las ventas ambulantes son para millones de colombianos la única forma de ganarse la vida. / Archivo El Espectador

El debate de control político al que fueron citados el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y los altos mandos de la Policía Nacional, el pasado miércoles en la Cámara de Representantes, como consecuencia de una errónea interpretación y aplicación del Código de Policía por parte de los agentes, también dejó una discusión de fondo que tiene como punta del "iceberg" los abusos que han ocurrido en contra de los ciudadanos.

En varias de las críticas que hubo en contra de la norma, que entró en vigencia en enero de 2018, se señaló que, si bien hay una necesidad de preservar el espacio público en las ciudades del país, también se debe tener en cuenta las tasas de informalidad y de ciudadanos que se dedican a estas economías como alternativa al desempleo y como forma de subsistencia.

De acuerdo con información del DANE, la proporción de ocupados informales en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas en el país, en el último trimestre de 2018, fue de 46,9 %. Para el total de 23 ciudades y áreas metropolitanas, fue 48,2 %.

Sin embargo, el porcentaje aumenta cuando se empiezan a ver las cifras específicas por ciudades. Por ejemplo, Cúcuta tiene un 70,6 % de ocupados informales. Sincelejo, Santa Marta, Montería, Riohacha y Florencia están por encima el 60 %. En ese mismo sentido, Cartagena, Pereira, Barranquilla, Ibagué, Pasto, Bucaramanga, Neiva, Popayán, Armenia, Villavicencio, Quibdó y Valledupar tienen cifras por encima del 50 %. Por debajo de la media nacional sólo figuran Tunja, Cali, Medellín, Bogotá y Manizales.

En pocas palabras, los representantes que pusieron el tema sobre la mesa argumentaron que se debía tener en cuenta que la ocupación informal no era para nada un capricho de los ciudadanos sino, en muchos casos, la única alternativa económica a la que accede una gran parte de los habitantes de Colombia.

Por esa misma razón, para el caso de Bogotá, por ejemplo, algunos congresistas le pidieron al alcalde Enrique Peñalosa que, a la vez que se cumplían las normas de recuperación del espacio público, también se brindaran otras opciones de empleo o se pusieran en marcha, de una manera más contundente, los programas que ayudaran a la transición de la informalidad a la formalidad.

Tanto el ministro Botero como William Salamanca, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, que asistió al debate en representación de la institución, aseguraron que no había una orden para las bases de la Policía para que se impongan comparendos a la población, y que lo que había era un esfuerzo por cumplir las normas y por acatar fallos judiciales que buscaban la protección de los negocios formales.

Lo que sí pidieron representantes cómo Jhon Jairo Hoyos, Inti Asprilla y Ángela María Robledo fue que Botero debía declararse impedido para tomar, desde su posición como ministro de Defensa,  decisiones que tuvieran que ver con los vendedores ambulantes o que, de alguna manera, los pudieran afectar. Parte de los argumentos tenían que ver, claramente, con el pasado reciente de Botero cómo presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), desde donde defendió los intereses de los comerciantes privados del país. "Si los atropellos siguen, la culpa es suya por no asumir una postura para entender la realidad del país", señalo Asprilla al finalizar su intervención en el debate.

De hecho, Maurice Armitage, alcalde de Cali, ya tiró línea en semanas anteriores sobre los enfoques que puede tener la aplicación del Código de Policía en ciudades y municipios. En entrevista con la revista Semana, expresó que la cuestión no era tanto de aplicación delCcódigo sino de convivencia y dejó claro que, para él, la estabilidad social de los ciudadanos está por encima de todo.

"Una ciudad como Cali que tiene todos los problemas sociales, donde hay casi 80.000 personas que se acuestan con hambre, tenemos que dejarlos trabajar, tenemos que darles oportunidades de trabajo. Y a esos vendedores ambulantes poco a poco los vamos organizando; yo tengo la certeza de que los caleños venimos tomando conciencia social de que tenemos que darle trabajo e ingresos a la gente", dijo Armitage.

Lo cierto es que, a juicio de varios de los representantes que asistieron al debate, la aplicación del Código de Policía, pensado como una pieza más preventiva que sancionatoria, debe tener en cuenta los contextos de ocupación informal de las ciudades.

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