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Durante la celebración de los 170 años de existencia del Partido Conservador, el presidente de la tolda azul, Omar Yepes, aprovechó para hablar del escándalo de la fuga de la condenada por compra de votos, Aida Merlano, quien tuvo el aval de la colectividad en 2014 en calidad de representante a la Cámara y en 2018 como senadora, sin embargo, nunca llegó posesionarse a este cargo porque fue capturada el mismo día de las elecciones parlamentarias.
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Aceptando que el partido otorgó el aval, Yepes se eximió de cualquier responsabilidad al asegurar que “cuando eso sucedió no había sucedido ninguna de las circunstancias que dieron lugar a la investigación”, dijo a RCN Radio. Y bajo esa misma línea, defendió la honorabilidad de la tolda azul como un colectivo: “Los partidos son unas instituciones que son la suma de personas y cada quien asume su propia responsabilidad, las instituciones no son responsables a menos que se solidaricen con actos que en un momento dado fueron contrarios a la ley o a la moral”.
Así mismo, el presidente de la colectividad confirmó que Merlano fue expulsada del movimiento político por la Comisión de Ética,no obstante, una fuente del partido dijo que durante el evento de hoy se les comunició que ese trámite está en proceso. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se unió a la petición: “Lo de Aída Merlano es inaceptable y el partido tiene que rechazarlo".
El reemplazo de Merlano en el Senado lo asumió Soledad Tamayo el pasado 29 de mayo, hecho que fue fuente de críticas por parte de la Misión de Observación Electoral (MOE) y otros parlamentarios como Angélica Lozano, de la Alianza Verde.
“Para la MOE la reforma política de 2009 incluyó el régimen de responsabilidad política de los partidos para avanzar en la lucha por la transparencia y para frenar la entrega de avales a candidatos cuyas prácticas electorales y políticas atentaran contra el sistema democrático”, manifestó la organización electoral en un comunicado, tomando en cuenta la decisión del Consejo de Estado de declarar nula la elección de Merlano al considerar que habían pruebas suficientes que demuestran que la parlamentaria afectó el proceso electoral. “Lo cual para nosotros es consecuente con la aplicación del régimen de responsabilidad política”.
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Merlano fue condenada hace tres semanas a 15 años de cárcel, pero solo hasta el día de su fuga los medios de comunicación informaron del debate interno de los azules para tramitar su expulsión.
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