Los contrastes de la Ley de Restitución

Que la cobertura ha sido insuficiente, que a cinco años de su implementación las cifras dan cuenta de pocos resultados en respuesta a las solicitudes de los reclamantes, que persisten las amenazas contra líderes y que incluso desde sectores estatales se están liderando estrategias para ponerle trabas a la Ley. Los reparos sobre el balance que deja hasta el momento la puesta en marcha de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras son numerosos, así como las discusiones respecto a lo que falta por hacer y las dudas sobre cómo se integrará el tema a los acuerdos de La Habana, en especial al primer punto de la agenda pactado entre Gobierno y Farc, sobre desarrollo agrario.

Ese fue el eje del debate que se dio este jueves en el marco del foro “La Ley de Restitución de Tierras: balances y perspectivas”, organizado por El Espectador, la Fundación Paz y Reconciliación y la Universidad Javeriana, y en el que los participantes dejaron ver cuáles son las principales preocupaciones sobre el asunto que persisten en el país político, de cara a un eventual posconflicto.

Y uno de los interrogantes recurrentes es el relacionado con el vacío jurídico que existe para el caso de los segundos ocupantes de buena fe, es decir, los actuales propietarios de predios que fueron despojados en el marco del conflicto armado. Para Gerardo Vega, director de Forjando Futuros, el debate ha sido tergiversado, pues en el fondo se trata de “testaferros y desplazadores que deben devolver la tierra. Ahí es donde se puede medir la voluntad política”.

Sin embargo, de acuerdo con el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, si bien es cierto que existen algunas fallas y que la norma no lo vio todo, “el proceso se ha ido ajustando y los segundos ocupantes ya se están atendiendo”. El tema ha despertado polémica nacional e incluso ha sido motivo de debate por cuenta de los recientes actos públicos que personas que se han declarado víctimas de la restitución han realizado en zonas históricamente afectadas por el despojo, con el apoyo de sectores gremiales como Fedegán, en cabeza de José Félix Lafaurie, y el mismo procurador Alejandro Ordóñez.

A eso se suma el proyecto de ley que cursa en el Congreso y que busca hacer una notable modificación a la norma: cambiar la inversión de la carga de la prueba para que sea la víctima —el campesino despojado— el que tenga que demostrar su condición de afectado. Una iniciativa que fue calificada por el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo de retardataria y peligrosa para el país. “Sería una grave equivocación si se aprueba, porque deja en situación de indefensión a las víctimas. La prueba en materia rural es complicadísima y recargarla a las víctimas es fatal”, enfatizó.

En una orilla similar se ubicó el senador Armando Benedetti, de la U, quien insistió en que es doloroso ver como algunos congresistas quieren acabar con lo que se ha hecho hasta el momento: “No sé cómo hay colegas que desconocen que en Colombia existen seis millones de víctimas de desplazamiento forzado. La representante María Fernanda Cabal alcanzó a decir en el debate que para qué les daban plata a las víctimas si se la iban a beber”.

En el fondo, la discusión tiene un claro matiz político pues, de acuerdo con la exministra y presidenta del Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico, Cecilia López Montaño, hay una gran cantidad de congresistas que apoyan a latifundistas que ahora temen perder sus tierras. “Es un sector del país que sigue dominando, pues la concentración de poder está asociada a la concentración de tierra. Esta amenaza no se puede permitir, revertir el peso de la prueba es un gran error”, indicó, al insistir que el éxito del proceso de restitución radica en que se reconozca la importancia que tiene el sector rural, sobre todo en un escenario de posconflicto.

Estas preocupaciones, que pueden parecer aisladas, configuran un reto en materia de paz para la articulación con lo que se viene negociando en La Habana. “Esto, sumado a las contradicciones del Gobierno, por ejemplo con la ley de Zidres, ha configurado un gran temor en ciertos sectores hacia la restitución y la reforma agraria”, aseguró el senador del Polo Iván Cepeda, destacando que existen dos estrategias para ponerle trabas a la restitución: la de desprestigio de la Ley y las víctimas, impulsada por empresarios como Lafaurie y entidades como la Procuraduría, y tramitar proyectos como el que busca cambiar la carga probatoria.

Que la cobertura ha sido insuficiente, que a cinco años de su implementación las cifras dan cuenta de pocos resultados en respuesta a las solicitudes de los reclamantes, que persisten las amenazas contra líderes y que incluso desde sectores estatales se están liderando estrategias para ponerle trabas a la Ley. Los reparos sobre el balance que deja hasta el momento la puesta en marcha de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras son numerosos, así como las discusiones respecto a lo que falta por hacer y las dudas sobre cómo se integrará el tema a los acuerdos de La Habana, en especial al primer punto de la agenda pactado entre Gobierno y Farc, sobre desarrollo agrario.

Ese fue el eje del debate que se dio este jueves en el marco del foro “La Ley de Restitución de Tierras: balances y perspectivas”, organizado por El Espectador, la Fundación Paz y Reconciliación y la Universidad Javeriana, y en el que los participantes dejaron ver cuáles son las principales preocupaciones sobre el asunto que persisten en el país político, de cara a un eventual posconflicto.

Y uno de los interrogantes recurrentes es el relacionado con el vacío jurídico que existe para el caso de los segundos ocupantes de buena fe, es decir, los actuales propietarios de predios que fueron despojados en el marco del conflicto armado. Para Gerardo Vega, director de Forjando Futuros, el debate ha sido tergiversado, pues en el fondo se trata de “testaferros y desplazadores que deben devolver la tierra. Ahí es donde se puede medir la voluntad política”.

Sin embargo, de acuerdo con el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, si bien es cierto que existen algunas fallas y que la norma no lo vio todo, “el proceso se ha ido ajustando y los segundos ocupantes ya se están atendiendo”. El tema ha despertado polémica nacional e incluso ha sido motivo de debate por cuenta de los recientes actos públicos que personas que se han declarado víctimas de la restitución han realizado en zonas históricamente afectadas por el despojo, con el apoyo de sectores gremiales como Fedegán, en cabeza de José Félix Lafaurie, y el mismo procurador Alejandro Ordóñez.

A eso se suma el proyecto de ley que cursa en el Congreso y que busca hacer una notable modificación a la norma: cambiar la inversión de la carga de la prueba para que sea la víctima —el campesino despojado— el que tenga que demostrar su condición de afectado. Una iniciativa que fue calificada por el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo de retardataria y peligrosa para el país. “Sería una grave equivocación si se aprueba, porque deja en situación de indefensión a las víctimas. La prueba en materia rural es complicadísima y recargarla a las víctimas es fatal”, enfatizó.

En una orilla similar se ubicó el senador Armando Benedetti, de la U, quien insistió en que es doloroso ver como algunos congresistas quieren acabar con lo que se ha hecho hasta el momento: “No sé cómo hay colegas que desconocen que en Colombia existen seis millones de víctimas de desplazamiento forzado. La representante María Fernanda Cabal alcanzó a decir en el debate que para qué les daban plata a las víctimas si se la iban a beber”.

En el fondo, la discusión tiene un claro matiz político pues, de acuerdo con la exministra y presidenta del Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico, Cecilia López Montaño, hay una gran cantidad de congresistas que apoyan a latifundistas que ahora temen perder sus tierras. “Es un sector del país que sigue dominando, pues la concentración de poder está asociada a la concentración de tierra. Esta amenaza no se puede permitir, revertir el peso de la prueba es un gran error”, indicó, al insistir que el éxito del proceso de restitución radica en que se reconozca la importancia que tiene el sector rural, sobre todo en un escenario de posconflicto.

Estas preocupaciones, que pueden parecer aisladas, configuran un reto en materia de paz para la articulación con lo que se viene negociando en La Habana. “Esto, sumado a las contradicciones del Gobierno, por ejemplo con la ley de Zidres, ha configurado un gran temor en ciertos sectores hacia la restitución y la reforma agraria”, aseguró el senador del Polo Iván Cepeda, destacando que existen dos estrategias para ponerle trabas a la restitución: la de desprestigio de la Ley y las víctimas, impulsada por empresarios como Lafaurie y entidades como la Procuraduría, y tramitar proyectos como el que busca cambiar la carga probatoria.