Desde el 1º de mayo a la fecha, el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, les ha firmado contratos a 85 abogados como operadores del servicio de defensoría pública en 24 regiones del país y la ciudad de Bogotá. Además, están pendientes de firma para legalización de contratos otros 70 profesionales del derecho. Si bien estos nombramientos son ajustados a la ley, en el Congreso de la República existen muchas suspicacias, teniendo en cuenta que Pérez está buscando su reelección en el cargo, por lo que se considera que lo ético hubiese sido mantener quieta la nómina de personal de la Defensoría.
En respuesta a El Espectador, Pérez fue enfático al precisar que las 85 nuevas designaciones se hicieron desde enero de este año hasta antes de ser incluido en la terna de aspirantes para la elección del próximo Defensor del Pueblo.
“Necesitamos cuatrocientos defensores públicos para Justicia Paz y el sistema acusatorio en la Costa Atlántica, porque la demanda es muy grande. Es más, en este momento hay doscientas vacantes para otros cargos y nunca he usado esa circunstancia para influir en mi nueva elección”.
La votación para elegir al próximo Defensor del Pueblo debe llevarse a cabo hoy en la Plenaria de la Cámara de Representantes, donde algunos de sus integrantes han expresado públicamente su molestia por la forma como Vólmar Pérez ha hecho su campaña reeleccionista. Pero además, varias organizaciones no gubernamentales, en una audiencia pública
realizada el viernes pasado, aparte de criticar su gestión pidieron devolver la terna, por considerar que incumple la llamada Ley de Cuotas, ya que en ella no fue incluida una mujer.
En lo que tiene que ver con los nombramientos, algunos representantes de la oposición, pidiendo la reserva de su nombre, indicaron que se trataba de “cuotas burocráticas que Pérez les estaría dando a algunos congresistas, tratando de asegurar una nueva elección” y que incluso no se había respetado el instructivo general que dice que los operadores del servicio de defensoría pública deben ser seleccionados de una lista inscrita en el Registro Nacional de Aspirantes.
En efecto, desde sus inicios en la Defensoría del Pueblo, los defensores públicos son seleccionados por concurso de méritos entre abogados en ejercicio privado de la profesión, sin limitación de procesos. Ese ha sido uno de los mayores problemas de la institución, ya que en algunas regiones se ha presentado una recarga de trabajo y congestión. Pérez les restó importancia a las acusaciones e indicó que en este tipo de procesos siempre se escuchan rumores e intrigas y que lo que se busca es enlodar su trabajo. “Todo se ha hecho con total transparencia”, respondió.
Pero además de los supuestos contratos burocráticos, en la audiencia del viernes pasado el presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Marco Romero, al afirmar que no es cierto que Colombia esté viviendo un posconflicto, como lo quieren hacer ver algunos representantes del Gobierno, llamó la atención sobre la ausencia de una posición firme de la Defensoría del Pueblo frente a las constantes amenazas contra los defensores de derechos humanos. En este sentido, se refirió a las recientes declaraciones del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, quien dijo que en el país no hay desplazamiento y que los defensores de derechos humanos buscan con su actividad ganar réditos políticos.
La campaña en busca de los votos también ha sido blanco de críticas. El representante a la Cámara del Polo Democrático Germán Navas Talero mostró su molestia por la manera como Pérez se ha movido. “Lo vimos la semana pasada en la puerta del recinto, con lista en mano, atajando a los congresistas”, dijo. En réplica, Pérez explicó que efectivamente en el último mes visitó dos veces el Congreso, pero “nunca atajando a congresista alguno sino conociendo a los nuevos representantes para presentarles el balance de mi gestión”.
Los otros candidatos a la Defensoría del Pueblo también dieron su punto de vista. El abogado Wilson Ruiz, de quien se dice es el llamado a pelearle el cargo a Vólmar Pérez, manifestó que su campaña ha sido totalmente limpia. “Me parece que ofrecer cargos no cabe dentro de un proceso democrático”. Asimismo, Alberto Casas Sánchez expresó que ese tipo de elecciones debe hacerse de manera “franca” y debe estar “alejada de situaciones que puedan influir en la escogencia”.
El otro reparo a la elección del Defensor tiene que ver con la Ley de Cuotas. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), indicó que el Jefe del Estado tiene que ser el primero en dar el ejemplo en el cumplimiento de
promover a las mujeres. “Cumplir la Ley de Cuotas significa que debe haber una mujer en la terna, pero ésta carece de ello y creemos que hay mujeres que podrían integrarla”, agregó.
A su vez, la investigadora Elisabeth Úngar se mostró de acuerdo con que la terna debería ser devuelta, no sólo porque falta una mujer en ella, sino porque los tres aspirantes pertenecen al Partido Conservador, lo que le da un tinte eminentemente burocrático.
A pesar de los reparos, todo parece indicar que la Cámara de Representantes hará hoy la elección. Sin embargo, el representante David Luna le dijo a El Espectador que la solicitud de devolver la terna será planteada antes de iniciarse la votación. “A nosotros lo que nos corresponde es transmitirles a los congresistas las peticiones de la comunidad”, concluyó Luna.
Reñida elección
Aunque los candidatos para Defensor del Pueblo son tres —Alberto Casas Sánchez, Vólmar Pérez y Wilson Ruiz—, todo indica que el pulso fuerte se dará entre Pérez y Ruiz. Los partidos dicen estar indecisos. El Partido Conservador —del que forman parte los tres aspirantes— se reunirá a las dos de la tarde para decidir a quién apoyarán. Ángel Custodio Cabrera, representante de Cambio Radical, expresó que todo apunta a que su bancada respaldará al actual Defensor. El representante Germán Olano, del Partido Liberal, sostuvo que dentro de la bancada se manejan los nombres de Casas y Pérez. En la U están decidiendo entre Ruiz y Pérez. El Polo se inclina por Ruiz.
Por Redacción Política
