Los intereses tras Unipacífico

Buenaventura es la ciudad más peligrosa del país. Está tomada por las bandas criminales, el sicariato es el pan de cada día y hasta hay denuncias por la presencia de casas de pique. En ese panorama la ministra de Educación, Gina Parody, apuesta por la conocida fórmula de la educación como herramienta para alejar a los jóvenes de la violencia. Sin embargo, la Universidad del Pacífico, que tiene su sede principal en esta ciudad, se encuentra en medio de un pleito jurídico para definir a su rector y desde el Gobierno denuncian intereses oscuros detrás de este nombramiento.

Lo que más preocupa es que se están basando en movidas jurídicas para pasar por encima de la decisión que tomó el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, al nombrar como rector a Hugo Tovar con cinco votos, por encima del candidato Félix Suárez Reyes, quien obtuvo dos.

Por eso, la ministra Gina Parody salió a denunciar la injerencia de grupos políticos que pretendían pasar por encima de la autonomía universitaria planteada en la Ley 30. Dio conocer que por medio de una acción de tutela, que un juez resolvió a favor de Suárez en primera instancia, pretendían sacar a sombrerazos al recién electo Hugo Tovar y como la decisión judicial no fue acatada por la institución, fue presentado un incidente de desacato contra la presidenta del Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, Edna Vanegas. Los tribunales daban la razón al candidato perdedor, pero de fondo se trataba de argucias jurídicas.

En primer lugar, la tutela no era la herramienta jurídica que se debía usar, porque no se trataba de la violación de un derecho fundamental. Además, el argumento era que los títulos de Tovar, obtenidos en Estados Unidos, no habían sido validados en Colombia, pero el Decreto 770 de 2005 dice que los funcionarios electos tienen dos años para presentar la homologación de los títulos, y si a estos argumentos se les suma la autonomía universitaria, la tutela no tenía asidero.

El Tribunal Superior de Buga, en un fallo de segunda instancia, revocó la decisión del juez, amparó la autonomía universitaria y ratificó en el cargo a Hugo Tovar, al tiempo que precisó que la tutela no es una herramienta jurídica válida en este tipo de controversia y que la competencia para decidir quién tiene la razón es de la justicia contenciosa administrativa. Aun así la tormenta no acaba, los perdedores en este pulso mantienen su arremetida y afirman que Tovar, al no tener los títulos homologados, no es más que un bachiller.

El Espectador se comunicó con el candidato Félix Suárez, quien ha tratado de llegar a la rectoría de Unipacífico por la vía de los tribunales. Señaló que forma parte de un grupo “sociopolítico” que ha sido atacado por el Gobierno. “Yo no tengo nada contra Hugo, él fue alumno mío y es mi amigo, simplemente no cumple con las condiciones de rector. Yo apelo a la ley porque es la única que me puede proteger”, afirmó.

Este diario también indagó qué intereses había detrás de este cargo y se trata de un grupo político que ha venido manejando la universidad, llevándola a la crisis. El año pasado la carrera de informática perdió su registro de excelencia, las sedes de Guapi y Tumaco están cerradas y lo más grave es que la universidad está bajo vigilancia y el plan de mejoramiento no se ha cumplido ni en un 30 %. Por si fuera poco, la planta docente es similar en número a la administrativa, lo que demuestra un excesivo gasto en burocracia o en el peor de los casos la existencia de una nómina paralela.

Las cabezas visibles de los intereses detrás de la Universidad son el concejal del Partido Conservador Jaime Olaya, quien incluso tuvo a su esposa como representante de la Gobernación en el Consejo Superior del centro educativo; el senador liberal y exalcalde de Buenaventura Édison Delgado y el exdiputado Yiminson Figueroa, quien tiene un contrato vigente pero no ha sido cumplido. Detrás de ellos hay un complejo entramado de intereses que se ven reflejados en el desgreño administrativo.

La ministra Gina Parody está pendiente y en su cuenta en Twitter ha manifestado las irregularidades. Desde la otra orilla han sido publicados avisos pagos en la prensa escrita de Cali en los que denuncian la injerencia de la ministra. El Consejo Superior de la Universidad del Pacífico emitió la semana pasada un comunicado de respaldo al recién nombrado rector.

Una pelea de largo aliento, con un interés claro de fondo: el manejo de una suma de cerca de $32.000 millones que fue aprobada en el presupuesto para inversión y funcionamiento de este centro educativo.

Buenaventura es la ciudad más peligrosa del país. Está tomada por las bandas criminales, el sicariato es el pan de cada día y hasta hay denuncias por la presencia de casas de pique. En ese panorama la ministra de Educación, Gina Parody, apuesta por la conocida fórmula de la educación como herramienta para alejar a los jóvenes de la violencia. Sin embargo, la Universidad del Pacífico, que tiene su sede principal en esta ciudad, se encuentra en medio de un pleito jurídico para definir a su rector y desde el Gobierno denuncian intereses oscuros detrás de este nombramiento.

Lo que más preocupa es que se están basando en movidas jurídicas para pasar por encima de la decisión que tomó el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, al nombrar como rector a Hugo Tovar con cinco votos, por encima del candidato Félix Suárez Reyes, quien obtuvo dos.

Por eso, la ministra Gina Parody salió a denunciar la injerencia de grupos políticos que pretendían pasar por encima de la autonomía universitaria planteada en la Ley 30. Dio conocer que por medio de una acción de tutela, que un juez resolvió a favor de Suárez en primera instancia, pretendían sacar a sombrerazos al recién electo Hugo Tovar y como la decisión judicial no fue acatada por la institución, fue presentado un incidente de desacato contra la presidenta del Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, Edna Vanegas. Los tribunales daban la razón al candidato perdedor, pero de fondo se trataba de argucias jurídicas.

En primer lugar, la tutela no era la herramienta jurídica que se debía usar, porque no se trataba de la violación de un derecho fundamental. Además, el argumento era que los títulos de Tovar, obtenidos en Estados Unidos, no habían sido validados en Colombia, pero el Decreto 770 de 2005 dice que los funcionarios electos tienen dos años para presentar la homologación de los títulos, y si a estos argumentos se les suma la autonomía universitaria, la tutela no tenía asidero.

El Tribunal Superior de Buga, en un fallo de segunda instancia, revocó la decisión del juez, amparó la autonomía universitaria y ratificó en el cargo a Hugo Tovar, al tiempo que precisó que la tutela no es una herramienta jurídica válida en este tipo de controversia y que la competencia para decidir quién tiene la razón es de la justicia contenciosa administrativa. Aun así la tormenta no acaba, los perdedores en este pulso mantienen su arremetida y afirman que Tovar, al no tener los títulos homologados, no es más que un bachiller.

El Espectador se comunicó con el candidato Félix Suárez, quien ha tratado de llegar a la rectoría de Unipacífico por la vía de los tribunales. Señaló que forma parte de un grupo “sociopolítico” que ha sido atacado por el Gobierno. “Yo no tengo nada contra Hugo, él fue alumno mío y es mi amigo, simplemente no cumple con las condiciones de rector. Yo apelo a la ley porque es la única que me puede proteger”, afirmó.

Este diario también indagó qué intereses había detrás de este cargo y se trata de un grupo político que ha venido manejando la universidad, llevándola a la crisis. El año pasado la carrera de informática perdió su registro de excelencia, las sedes de Guapi y Tumaco están cerradas y lo más grave es que la universidad está bajo vigilancia y el plan de mejoramiento no se ha cumplido ni en un 30 %. Por si fuera poco, la planta docente es similar en número a la administrativa, lo que demuestra un excesivo gasto en burocracia o en el peor de los casos la existencia de una nómina paralela.

Las cabezas visibles de los intereses detrás de la Universidad son el concejal del Partido Conservador Jaime Olaya, quien incluso tuvo a su esposa como representante de la Gobernación en el Consejo Superior del centro educativo; el senador liberal y exalcalde de Buenaventura Édison Delgado y el exdiputado Yiminson Figueroa, quien tiene un contrato vigente pero no ha sido cumplido. Detrás de ellos hay un complejo entramado de intereses que se ven reflejados en el desgreño administrativo.

La ministra Gina Parody está pendiente y en su cuenta en Twitter ha manifestado las irregularidades. Desde la otra orilla han sido publicados avisos pagos en la prensa escrita de Cali en los que denuncian la injerencia de la ministra. El Consejo Superior de la Universidad del Pacífico emitió la semana pasada un comunicado de respaldo al recién nombrado rector.

Una pelea de largo aliento, con un interés claro de fondo: el manejo de una suma de cerca de $32.000 millones que fue aprobada en el presupuesto para inversión y funcionamiento de este centro educativo.