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Los impedimentos siguen siendo un problema para que algunos miembros del gabinete de Juan Manuel Santos se apropien de funciones que habían asumido como ministros encargados e incluso de tareas propias de sus correspondientes carteras. Esta vez se trata del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien no podrá seguir oficiando como ministro encargado de Justicia, y el de Agricultura, Aurelio Iragorri, quien tendrá que desentenderse de la regulación de los precios de la leche y del diseño del proyecto de ley de acceso a la tierra que afectará asuntos como los baldíos.
El pasado 3 de septiembre, el ministro Cristo envió una carta al despacho del presidente Santos en la que advertía que había solicitado que se le declarara víctima dentro del proceso que se adelanta por las interceptaciones ilegales del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
La advertencia no habría sido necesaria de no ser porque, el pasado 28 de agosto, el exsenador liberal fue designado ministro de Justicia encargado para representar al Ejecutivo en ese y otros procesos (Agro Ingreso Seguro y los relativos a Fidupacífico), en reemplazo del minjusticia, Yesid Reyes, quien se declaró impedido para conocer de esos asuntos toda vez que había sido apoderado de alguna de las partes en desarrollo de esos procesos judiciales.
Por lo tanto, el pasado 16 de septiembre, el presidente Juan Manuel Santos tuvo que firmar el decreto 1763, en el que los procesos que le habían sido delegados a Cristo le son confiados a la ministra de Educación, Gina Parody, reversando así la decisión que había tomado su despacho tan sólo 18 días antes.
La información sobre Cristo y su pretensión de ser declarado uno de los afectados por la cacería criminal del DAS (como la calificó la Fiscalía) no era nueva. Desde tiempos del gobierno de Álvaro Uribe, cuando se supo que Cristo había sido uno de los objetivos de las operaciones clandestinas de la extinta agencia de inteligencia, junto con otros políticos liberales como Piedad Córdoba, el hoy ministro del Interior había declarado que él y su partido pedirían ser declarados víctimas en el proceso judicial contra el Departamento Administrativo de Seguridad.
Fue poco lo que Cristo alcanzó a hacer representando al Estado en los asuntos que atañen a las chuzadas. Cinco días después de notificarle al alto gobierno su impedimento para desempeñarse como ministro ad hoc, el 8 de septiembre, Cristo hizo un pronunciamiento respecto a María del Pilar Hurtado, prófuga de la justicia. “El presidente Juan Manuel Santos ha expresado en más de una oportunidad la importancia que tiene que venga a dar explicaciones sobre su conducta ante la justicia colombiana. Sería una muy buena noticia para la justicia de este país y para las víctimas de las chuzadas y de las interceptaciones en los últimos años”, dijo.
Por otro lado, Aurelio Iragorri, el ministro de Agricultura, se tuvo que declarar impedido para conocer o decidir sobre la iniciativa legislativa del proyecto de acceso a tierras que será presentada ante el Congreso en los próximos días. La razón: uno de sus primos en primer grado está involucrado en una disputa judicial por la legalidad de unos predios baldíos, cercanos a las tres mil hectáreas, que le fueron adjudicados en el departamento del Vichada. En su reemplazo, Cristo ejercerá como ministro ad hoc.
Además, Iragorri también se declaró impedido para conocer y decidir sobre los aspectos relacionados con la formación y el seguimiento de los precios de la leche, pues tiene actividades económicas relacionadas con el ordeño. Por lo tanto el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, fue designado como minagricultura encargado. Así quedó claro en el decreto 1762, firmado el pasado 16 de septiembre.
A estos impedimentos se suman los expuestos por el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, para trabajar en el proyecto de acceso a la tierra, el de Alejandro Gaviria para liquidar el contrato fiduciario 242 de 2005, celebrado con el Consorcio Fidufosyga 2005, y los del mintic, Diego Molano, quien se desempeñó como director de relaciones corporativas de Telefónica Internacional.
csegura@elespectador.com
@CamiloSeguraA
Por Camilo Segura Álvarez
