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Lo que está pasando en este momento con los pueblos indígenas en el Guaviare no es nada nuevo, estas reacciones de las autoridades encargadas se dan como siempre ha pasado en los últimos años, después de un escándalo mediático cuando algún medio nacional o en este caso internacional, muestra un poco de la grave y compleja problemática que los pueblos jiw y nukak han vivido en los últimos 40 años.
Hoy quiero hacer un ejercicio de memoria y contexto de lo que para muchos en el Guaviare lamentablemente se ha convertido en paisaje.
Los nukak son considerados la última comunidad nómada contactada en Colombia, es decir, como dice en el derecho internacional, un pueblo indígena en contacto inicial -PICI ya que solo fueron conocidos por la sociedad mayoritaria hace 34 años. En 1988, unos nükak, principalmente mujeres y niños llegaron al municipio de Calamar desnudos, con sus taparrabos y sus pinturas tradicionales.
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Por su parte, los jiw, qué antaño eran mal llamados guayaberos, de acuerdo con relatos de cronistas y viajeros del siglo XIX y XX habitaban estas tierras del río Guaviare, Guayabero y Ariari incluso antes de que llegaran los colonizadores.
La violencia de guerrilleros y paramilitares expulsó a muchos grupos nukak y jiw de sus territorios entre 1997 al 2006. Así que muchos de estos que otrora vivían absolutamente del bosque pasaron a recibir mercados humanitarios y a vivir confinados en una finca de 10 hectáreas rodeado de predios privados donde no hay bosque. Algunos de sus niños y jóvenes no saben que es vivir en la selva, solo acceden a ella en algunas ocasiones durante la semana cuando sus padres van a conseguir alimentos pero la oferta es poca y recientemente están implementando cultivos. Así que para sostenerse, venden artesanías o en los casos más graves, mendigan por alimentos o monedas.
El racismo ha sido tan marcado que muchos de los niños, niñas y jóvenes se autodiscriminan y discriminan a sus mayores por el hecho de tener prácticas culturales diferentes para conseguir dinero, ya sea para alimentos o para objetos que les dan status frente a los otros. Así como antes era de status ser un buen cazador, hoy entre los jóvenes es de status tener un celular.
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En su cosmovisión y así lo explican algunos antropólogos que han trabajado de cerca con estas comunidades, los niños desde muy pequeños empiezan a ser autónomos e independientes y si estuvieran en la selva tendrían que aprenden a sobrevivir, cazar su alimento, prepararlo, proveer para su familia; pero tristemente las nuevas generaciones de estos pueblos indígenas han crecido en las calles de San José del Guaviare ante los ojos de todos y donde han aprendido los peores vicios de una sociedad indolente.
MEDIDAS EXISTENTES PERO NO EFECTIVAS
El pueblo nukak fue reconocido por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-025 de 2004 como sujeto de especial protección constitucional y se han emitido autos con obligaciones puntuales para las autoridades de todos los niveles.
El Auto 004 de 2009 identificó a los nukak como uno de los pueblos en riesgo de extinción física y cultural y ordenó al Ministerio del Interior realizar en seis meses un plan de salvaguarda que sería la carta de navegación para que la institucionalidad realizara acciones con los jiw, los nükak y los sikuani. Ese plan, 14 años después, en el caso jiw y nükak, aún no ha sido validado por las comunidades.
Por otra parte, el Auto 173 emitido en 2012 hizo énfasis en la situación específica de los pueblos jiw y nukak ordenando medidas urgentes de protección y visibilizando la inasistencia del Estado. Así mismo, el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC firmado en 2016, priorizó un plan de retorno a su territorio para este pueblo, como garantía de cumplimiento del Estado a los pueblos indígenas más afectados por la violencia en el marco del conflicto.
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Finalmente, en el 2018 en medio del proceso de restitución de derechos territoriales, fueron dictadas medidas cautelares a través del Auto Interlocutorio 018 a través de un Juzgado especializado en Restitución de Tierras, que en su punto 16 ordena “a las Alcaldías de San José del Guaviare y El Retorno y a la Gobernación del Guaviare, en coordinación con la Comisión Intersectorial de Prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley – Ciprunna, que en el plazo máximo de seis (06) meses diseñar y ejecutar de acciones y estrategias urgentes para prevenir, mitigar y remediar la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes del pueblo indígena nukak, realizada por grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos organizados, programas que deben contener un enfoque intercultural especial para el pueblo en contacto inicial.”
A la fecha estas medidas no han trascendido a la realidad por diferentes razones, entre ellas porque las autoridades regionales y locales señalan la falta de presupuesto para poder atender las necesidades de las comunidades indígenas.
El problema de la drogadicción, el consumo del pegante bóxer, marihuana y en algunos casos “perica”, comenzó porque alguien les ofreció esto a cambio de algo. Conocieron los efectos de estos alucinógenos y aprendieron a soportan el hambre. Esta problemática es tan grave que entre 2020 y 2021, 13 adolescentes nukak y jiw fueron llevados a la Clínica Renovar en Villavicencio, Meta a hacer parte de un programa se rehabilitación con enfoque diferencial, único en el país, donde estuvieron durante un año recibiendo apoyo psicosocial para alejarse del consumo. Esta acción le costó a la Secretaría de Salud Departamental una suma aproximada de $ 200 millones de pesos, una cuenta que aún está por pagar y que según la Gobernación, el Ministerio de Salud habría dicho que lo asumiría sin que hasta la fecha se haga cargo.
Una vez regresaron al Guaviare, los jóvenes indígenas no querían volver a sus resguardos donde sus familiares seguían consumidos en el bóxer y marihuana y pedían a gritos que los ayudaran, pero el Estado se quedó corto.
Por más que lo intentaron las fundaciones y los trabajadores sociales que acompañan estas comunidades, no se logró un mayor apoyo para continuar las jornadas de actividad física y cultural para mantenerlos alejados de las calles.
Esta problemática del consumo va de la mano con el abuso y la explotación sexual, pero esto tampoco es nada nuevo.
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En el año 2008, se conocieron en el país decenas de casos de mujeres indígenas que habían dado a luz a hijos engendrados por soldados norteamericanos que llegaron a estos territorios como parte del Plan Colombia. Esta fue la primera evidencia conocida de la violencia sexual ejercida por múltiples actores como efecto colateral del conflicto armado.
La problemática con los abusos ha sido tan grave que el 8 de marzo de 2020, 30 mujeres nukak llegaron hasta la sede de la Comisión de la Verdad para exigir que se pararan los abusos en su contra y para narrar sus testimonios de cómo han sido víctimas por años de la violencia sexual a manos de guerrilleros, paramilitares, militares, colonos y hasta dentro de sus propias etnias, estos 20 testimonios que dan cuenta de cómo los cuerpos de estas mujeres nukak han sido sistemáticamente violentados fueron incluidos en el informe que entregaron a la Comisión de la Verdad, quien en su capítulo étnico y de género entregó importantes recomendaciones para que el gobierno actual y los que vengan, sepan qué es lo que tienen que hacer si verdaderamente quieren ayudar a estos pueblos indígenas que son colombianos como nosotros.
El documento que la Comisión recibió fue resultado de un ejercicio de escucha profunda que duró casi dos años y en el que participaron víctimas directas, un grupo de mayoras nukak y un equipo de mujeres profesionales que ayudó a las indígenas a redactar sus historias para elaborar el informe.
Patricia Tobón Yagarí, comisionada quien recibió el informe y ahora directora general de la Unidad para las Víctimas, en su momento dijo “estas mujeres nos han manifestado que han sido despojadas hasta de sus propios cuerpos y de su autonomía. Ellas le exigen no solo al Estado, sino también a la sociedad nacional que reaccione frente a la apropiación y utilización de sus cuerpos en la disputa por los territorios, en la colonización y en el conflicto armado”.
En el 2019, se conoció uno de los casos de abuso a menores indígenas en el que se han involucrado un militar más reciente en el Guaviare.
Según lo reportó el periodista y ahora Senador Ariel Ávila, en su programa “El Poder” de Semana, la Defensoría del Pueblo emitió un informe según datos entregados por el Ejército Nacional, información que también entregó la Procuraduría General a Naciones Unidas, donde se señalan hechos registrados el 8 de septiembre de 2019, narra la forma en la que una menor de 15 años habría sido sometida por al menos cuatro días a abusos sexuales a manos de varios soldados regulares; en otro documento se identifican a cinco soldados, que según la investigación estaban siendo señalados de haber participado en los hechos, aquí surgen preguntas: ¿qué pasó con esos soldados? ¿qué acciones se tomó por parte del Batallón Joaquín Paris, unidad a la que pertenecían? ¿qué ha pasado con la investigación del caso? ¿cúal ha sido el acompañamiento psicosocial a la víctima y su reparación?
Este en su momento fue otro “boom mediático”, donde el país una vez más se escandalizó con la triste historia de los nukak y todo tipo de violencia que han sufrido.
Tanto así que la Vicefiscal de la época, Martha Mancera, viajó hasta San José del Guaviare para verificar que era lo que estaba pasando, algo muy similar a lo que está pasando hoy en el Guaviare: las autoridades del nivel central viven tan desconectadas de lo que pasa en territorio, que cada vez que se publica algún escándalo, tienen que venir a enterarse porque no desconocen la realidad.
En rueda de prensa, la Vicefiscal informó que no era solo un caso, eran 12 casos de abuso a menores indígenas que se tenían identificados en el Guaviare, y aseguró que dichos casos iban a ser priorizados. Estas declaraciones fueron el 4 de julio de 2020, ya estamos en el 2023, ¿qué pasó con esa priorización? ¿cuáles son los avances de esas investigaciones? ¿En qué va cada caso?
Estas solo algunas de las preguntas que se tienen que hacer a las autoridades, porque aunque parece, los casos no son nuevos y la problemática no es desconocida.
La realidad que tenemos hoy son unas comunidades fragmentadas, niños y niñas mendigando y rapando comida en las calles, niños que se han convertido en pequeños delincuentes que cometen robos menores, las mujeres y niñas explotadas sexualmente, una atención en salud precaria e ineficiente y unas autoridades que hacen esfuerzos que no son suficientes para lograr atender estos pueblos.
Todas estas realidades son conocidas por las autoridades locales, alcaldías y Gobernación, pero también por los entes como Procuraduria, Contraloria, Defensoría, Personería y todo ellos participan en el Comité de Justicia Transicional Departamental, que se deben reunir al menos cuatro veces al año. En esos Consejos se exponen algunas situaciones y se usa el verbo favorito, ARTICULAR: “es que estamos articulando” “ya vamos a articular la ruta” “se quiere hacer una articulación”; mucho de esto se queda en papel y en decisiones de escritorio, pero de acción poco.
Esto no es nuevo y así no lo reconozcan, el Estado le ha fallado a los pueblos jiw y nukak, los ha dejado solos, los ha ignorado y mientras los niños se mueren de hambre pegados a una botella de bóxer, en las cuentas del Sistema General de Participaciones de los pueblos indígenas hay $ 9.500 millones de pesos que se vienen acumulando desde el 2002 y que no se han podido entregar porque en su condición de grupo de contacto inicial no tienen una estructura organizada. ¿En más de 20 años no ha podido el Estado Colombiano apoyar a esta comunidad a organizarse para poder acceder a esos recursos y al menos garantizar su seguridad alimentaria?
Quedan muchas preguntas por responder: ¿qué acciones se han tomado para restablecer los derechos de los menores explotados y vulnerados? ¿Cuáles han sido las acciones para garantizar su seguridad física y alimentaria? ¿Qué se ha avanzado en la búsqueda de las garantías para el retorno a sus territorios? Si las autoridades han conocido los casos de abuso sexual por parte de actores armados, colonos e incluso en la misma etnia, ¿qué se ha hecho para frenar los abusos sexuales en sus mujeres?
El presidente Gustavo Petro dijo que los abusos sexuales sistemáticos a menores indígenas en el Guaviare era un “etnocidio” que ponían en riesgo su cultura, además ordenó que una comisión especial del ICBF y de Presidencia vinieran a conocer la realidad. La Defensoría del Pueblo envió un grupo de funcionarios del nivel central que se ha reunido con las autoridades indígenas y diferentes fuentes para verificar lo que está pasando, pero como lo decimos esto no es nada nuevo y que tengan que venir hasta aquí, después de que un medio de comunicación internacional muestra solo la punta del iceberg de esta grave problemática, solo evidencia la gran desconexión que tiene el Estado colombiano, solo confirma que los pueblos indígenas en el Guaviare son un problema de todos y de nadie.
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Por Laura Alvarado, Directora de Marandua Stereo Especial para El Espectador
