Los once congresistas que también son precandidatos presidenciales

El Espectador

No hay ninguna norma en la jurisprudencia electoral colombiana que prohíba que un congresista pueda ser, al mismo tiempo que desempeña su labor legislativa, candidato a la Presidencia de la República. Y en la actualidad, son 11 los senadores que fungen como aspirantes a la primera magistratura del Estado, así sea como precandidatos y estén en un proceso previo dentro de cada uno de sus partidos para escoger quién será el candidato único. Hablamos de Jorge Robledo en el Polo Democrático, Claudia López y Antonio Navarro en la Alianza Verde, Roy Barreras en el Partido de la U, Paloma Valencia, María del Rosario Guerra e Iván Duque en el Centro Democrático y Viviane Morales, Luis Fernando Velasco, Juan Manuel Galán y Édison Delgado en el Partido Liberal.

El meollo del asunto es que en el mismo Congreso se vienen escuchando voces que instan a que se les pida formalmente a esos senadores que se comprometan a separar su accionar proselitista de la actividad parlamentaria y, ante todo, que no vayan a convertir las plenarias de la corporación en escenario de sus disputas de campaña. Una delgada línea teniendo en cuenta la aguda polarización que ya protagoniza de cara a las elecciones de 2018, aunque para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), no hay tal incompatibilidad en ser senador y precandidato presidencial, en el entendido de que el Congreso es el escenario por excelencia de la política. (Lea: Congresistas no están inhabilitados para aspirar a la Presidencia: CNE)

Y es claro también, agrega, que muchas de esas precandidaturas que hoy están en la palestra se terminaron forjando a partir de los protagonismos parlamentarios. “Sin duda, Claudia López o Paloma Valencia, por nombrar solo dos casos, no hubiesen sido nunca precandidatas si no hubiesen llegado al Congreso, donde han logrado construir una imagen, gústeles o no a algunos”, explicó Barrios. Lo que sí está en la norma, advierte la directora de la MOE, es que no se pueden utilizar bienes y servicios del Congreso para las campañas. Por ejemplo —algo que muchos en voz baja dicen que nunca se cumple—, es prohibido que los miembros de las Unidades Técnicas Legislativas (UTL) sean obligados a hacer actividades proselitistas.

En esa misma línea piensa Iván Garzón, director del programa de Ciencia Política de la Universidad de la Sabana, quien reconoce que es usual que quienes aspiren a la Presidencia expongan credenciales de servidores públicos, es decir, cargos de gestión en el Ejecutivo o de representación en el Legislativo. Por eso, en su concepto, el tema hay que mirarlo desde el punto de vista de la responsabilidad de los mismos congresistas. “Si dejan de asistir a las sesiones, de votar los proyectos y de hacer los debates de control político, que son sus deberes, por estar en campaña, ahí sí habría incumplimiento de sus obligaciones y sería un asunto reprochable éticamente”, subrayó. (Vea la galería de los congresistas que quieren ser presidente)

Ahora, el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Armando Novoa explica que si bien la Constitución no establece ni inhabilidades ni incompatibilidades al respecto, lo que sí no podrán hacer estos senadores-candidatos es inscribirse como aspirantes a ambas corporaciones: Congreso y Presidencia. Y el riesgo que corren los partidos pequeños como el Polo Democrático y la misma Alianza Verde, es que en caso de que, por ejemplo, Jorge Robledo, Claudia López o Antonio Navarro salgan ungidos como los candidatos únicos, ello les puede jugar en contra en cuanto a sus listas al Senado, pues se trata de dirigentes con buen caudal electoral que se perdería, por lo que el umbral que les permite mantener la personería jurídica podría estar en riesgo.

Cabe recordar que en junio del año pasado, con el fallo del Consejo de Estado que inhabilitó a la gobernadora de La Guajira Oneida Pinto, porque renunció a su cargo como alcaldesa de Albania antes de que se hubiese cumplido el tiempo de su elección y además solo habían pasado 11 meses desde esa renuncia hasta el momento en que se postuló a la Gobernación, se quiso hacer una interpretación en torno a si esa inhabilidad aplicaba también para el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras y los congresistas, en el caso de sus intenciones presidenciales. Sin embargo, el CNE conceptuó que dicha sentencia únicamente aplicaba para alcaldes y gobernadores.

Por cierto, la discusión no es exclusiva de Colombia. En Chile también están en etapa preelectoral y son varios los diputados que se han postulado a la Presidencia. Y para dirigentes políticos como Carla Amtmann y Cristian Cuevas, eso implica un evidente conflicto de intereses: “Los parlamentarios que quieran jugar el juego presidencial deben renunciar a sus cargos. Es un acto de respeto a una ciudadanía que tiene que tolerar un derecho a los congresistas que es absurdo: poder mantenerse en el cargo mientras son candidatos presidenciables, generando una distorsión tanto en el cumplimiento de sus tareas (no es real que se puedan hacer ambas cosas a la vez), como además en el financiamiento (en la práctica, los contribuyentes estamos financiando su candidatura presidencial)”, dicen en una columna publicada por el diario digital El Mostrador.

Con un ingrediente adicional que aplica claramente en Colombia: varios de esos precandidatos apuestan a dos bandas, es decir, van a una elección interna en sus partidos para escoger el candidato único a la Presidencia y, si no ganan, aspirarán entonces a ser reelegidos en el Congreso. “(…) Están apostando a un juego de ganar en todas las maniobras: llegar a ser presidente(a) de la República o seguir en el Senado con cuatro años más garantizados, hasta la próxima aventura. Esto es intolerable”, escriben Amtmann y Cuevas.