El proyecto de ley que busca prolongar la vigencia de la ley de orden público (418 de 1997), más conocido como ley de “paz total”, se discutirá en la mañana de este lunes en la plenaria del Senado. El texto que salga de acá será importante pues servirá de referencia para el debate que se haga en la Cámara, que se realizaría este martes.
El debate que ronda la propuesta es reciente, puesto que su paso por Comisión Primera fue bastante calmado y libre de polémicas. No obstante, su llegada a las plenarias de Cámara y Senado ha sido accidentado. Se supone que el texto se iba a discutir el miércoles pasado de forma paralela en el pleno de ambas corporaciones, pero la polémica por supuestos micos frenó la discusión.
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Los puntos de la controversia fueron tres artículos puntuales. Dos de estos eran sobre indultar y declarar gestores sociales de los condenados por delitos cometidos en el marco de la protesta social. El otro texto controvertido le daba poderes extraordinarios al presidente Gustavo Petro para establecer por decreto la política de sometimiento de bandas criminales.
Ante la controversia, los ponentes del proyecto y el Gobierno acordaron eliminar los tres puntos para evitar que no corriera peligro la iniciativa básica para la política de “paz total”. Esto no gustó a algunos miembros de la bancada de gobierno, sobre todo del Pacto Histórico, que rechazaron la determinación y que aseguraron que buscarán la forma que estos puntos sean tramitados como una forma de cumplir a los jóvenes de la primera línea.
Por ejemplo, el senador Gustavo Bolívar anunció a través de su cuenta de Twitter que buscará que se apruebe una proposición que retome algunos aspectos de los artículos eliminados. La propuesta del congresista del Pacto Histórico es que se añada un punto en el que se retome la propuesta de que los procesados por delitos en el marco de la protesta social puedan ser gestores de paz.
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“El presidente de la República podrá designar como promotores de paz, convivencia y participación ciudadana a persona que se encuentran privada de la libertad por conductas desplegada en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social, para lo cual podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la orden de captura o la medida de aseguramiento”, reza la propuesta de Bolívar, que deja claro que en ningún momento esta determinación implica que se pone fin a la acción judicial.
Frente a la propuesta no se han dado mayores reacciones, algunos trinos de rechazo, pero no ha generado el debate que hubo con los artículos anteriores. Toca esperar al debate de este lunes para ver si la propuesta tiene futuro y si en Cámara aparece una proposición similar para igualar textos. De no aparecer esa proposición, y aprobarse este punto, los textos que tramiten ambas corporaciones deberán pasar por una conciliación.
El debate más allá de la “primera línea”
Aunque la polémica ha sido principalmente por los puntos mencionados con anterioridad, este lunes comenzaron a conocerse otras molestias con el texto radicado para debate. Uno de los artículos que ha sido rechazado es el que habilita a los departamentos a adoptar un impuesto para “la seguridad y convivencia ciudadana”. De igual manera se habilita a los municipios a establecer una sobretasa en el predial para este mismo fin.
Varios congresistas han señalado que se trata de la imposición de un nuevo tributo por fuera de las discusiones de la reforma tributaria, que también se ha venido dando en los últimos días. “Con la excusa de la “paz total” pretenden autorizar el cobro de sobretasas e impuestos en departamentos, municipios y distritos”, expresó la senadora de oposición María Fernanda Cabal.
El representante Víctor Manuel Salcedo también hizo referencia a este punto para cuestionar que en el presupuesto general para 2023 se esté quitando recursos al sector defensa y en este proyecto se esté tratando de cobrar más tributaria “¿Por qué el gobierno redujo en $800.000 millones el presupuesto del sector defensa para 2023 pero busca mediante la ley de ‘paz total’ crear nuevos impuestos a los ciudadanos como fuente presupuestal para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia?”.
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Salcedo también cuestionó que el proyecto diga que la “paz total” será una política de Estado, puesto implicaría que es un condicionante para futuros gobiernos y esto no podría fijarse bajo una ley ordinaria sino una reforma a la Constitución. María Fernanda Cabal también ha sido otra de las que ha rechazado que se incluya el punto de política de Estado, aunque esta no ha hecho un reparo a la forma de tramitación, sino que cuestiona que se le ponga este condicionante a los gobernantes que sucedan a Gustavo Petro.
Los reparos también son en el punto de los acuerdos parciales, que harían que se vayan tramitando por la vía legal lo que se vaya acordando en las mesas de negociación, sobre todo en la del Eln. El senador Humberto de la calle ha sido uno de los que ha expresado que este punto es polémico y puede llegar a ser bastante problemático puesto que los grupos armados pueden decidir romper con los diálogos en cualquier momento y aún así lograr que haya modificaciones de base.
Otro de los temas que ha generado amplia discusión, pero en el marco del debate, ha sido el del servicio social para la paz como alternativa al servicio militar obligatorio. Algunos congresistas cercanos a la derecha han visto este punto como una forma de debilitar a la Fuerza Pública, pues buena parte de sus bases se nutren de los jóvenes que por un año o más tienen que enrolarse en sus filas.