'Los partidos se burlan del Consejo Electoral'

Desde hace dos décadas, las minorías de izquierda no tenían representación en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Hoy está Armando Novoa, abogado del Externado, quien fue asesor de la Constituyente de 1991 para la Alianza Democrática M-19, copresidente de la comisión legislativa conocida como “Congresito” y director de la Corporación de Estudios Constitucionales Plural. Fue elegido en una alianza de las minorías (Polo, Alianza Verde y MIRA) con la Unidad Nacional, aunque dice tener su corazón con los inconformes.

Considera urgente una reforma al sistema electoral, en momentos en que el CNE es un hervidero por la manera en que se eligió a su presidente, la cual significó una traición de los magistrados liberales (Emiliano Rivera y Héctor Helí Rojas) que se aliaron con los conservadores y el uribismo para cerrarle el paso a la U y quedarse con la presidencia.

¿Qué fue lo que pasó en la elección del nuevo presidente del CNE?

Ambiciones personales. Es un acuerdo burocrático para compartir período con el Centro Democrático, que sí debe tener preocupado al Gobierno, pero que son los gajes de la fragilidad de la Unidad Nacional, que no debería operar aquí porque se supone que este es un órgano independiente.

¿Por qué debe estar preocupado el Gobierno?

Podría producirse una fractura en la mesa directiva del Consejo que bloquee el trámite oportuno de la convocatoria al referendo para la refrendación de los acuerdos de paz. Esperamos que el vicepresidente (Felipe García, del Centro Democrático) tenga el buen juicio y entienda su rol institucional.

¿Pero hubo traición de los liberales a la Unidad Nacional?

Hubo una ruptura muy fuerte entre los partidos de la U, Liberal y Cambio Radical. Si nos guiamos porque lo prioritario era asegurar el trámite de la refrendación de los acuerdos de paz, sí es extraño ese acuerdo. La otra explicación es que es un convenio de poder, de mermelada.

Usted fue elegido con el apoyo de la Unidad Nacional. ¿Se siente comprometido con el Gobierno?

Tenemos un compromiso con que las instituciones del Estado presten el apoyo al Gobierno para tareas como el proceso de paz. Pero el hecho de que estuviésemos en la lista de la Unidad Nacional no significa nada distinto de que hubo un acuerdo para garantizar la presencia de las minorías. No hay compromiso diferente a que este sea un organismo independiente.

¿No es ilusorio hablar de autonomía e independencia cuando sabemos que el origen del CNE es político?

Fabio Valencia Cossio dijo una vez: “o cambiamos o nos cambian”. El punto dos de la agenda en La Habana dice que para garantizar el pluralismo y darle garantías a la oposición hay que reformar el CNE. Además hay proyectos en el Congreso dirigidos a cambiar el diseño de las autoridades electorales. Dentro de lo que nos correspondería hacer está avocar un proceso de convocatoria para presentar una propuesta de reforma que apunte no sólo a garantizar el juego democrático a las fuerzas representadas en el Congreso, sino a la ciudadanía y los sectores que están por venir.

Reforma electoral que se ha intentado hacer muchas veces...

Es uno de los males de la democracia colombiana: si no se logra construir una autoridad electoral legítima, no vamos a salir del desprestigio de la democracia electoral. Aquí tuvimos escándalos como el de la parapolítica y no hubo sanción a ningún partido. Y los órganos judiciales que deberían entender que a este organismo, para ser efectivo, le corresponde cumplir sus funciones de manera plena, se han encargado de cercenarle las competencias. El CNE sólo puede reglamentar aspectos subsidiarios y de mecánica electoral, pero no tiene poderes sancionatorios; eso hace que todos los partidos incumplan las leyes.

Cuando habla de órganos judiciales, ¿se refiere al Consejo de Estado?

La Sección Quinta del Consejo de Estado ha promulgado fallos de los cuales disiento. Ha dicho que el CNE es un organismo de policía administrativa, es decir, para perseguir conductas violatorias de los partidos, pero no tiene un poder regulador porque esa facultad es del Congreso. Por eso los partidos se burlan del CNE y ha terminado en un escenario para que se pensionen los secretarios del Congreso; es un premio de consolación de los partidos, un organismo de tercer nivel, con inestabilidad de sus empleados, poca transparencia, bajos niveles de tecnificación y mucha desorganización administrativa, que depende desde lo presupuestal del registrador.

¿Cuál es su propuesta, entonces?

Hay tres organismos que tienen competencia en temas electorales: la Registraduría, el CNE y la Sección Quinta del Consejo de Estado. Un aspecto a discutir es si podemos avanzar hacia un gran tribunal electoral que dé garantías. Ese tribunal tendría que asumir competencias del CNE, separar sus funciones de las del Consejo de Estado y tener una composición adecuada de carácter técnico y profesional. Otra cosa: las funciones de organización de las elecciones y de cedulación de las personas en la Registraduría le hacen daño a la democracia. Tienen que estar separadas porque se presta para que los sectores que han mantenido su poder electoral lo utilicen para adulterar resultados. También es necesario actualizar el Código Electoral, expedido antes de la Constitución y que es bipartidista.

¿Qué riesgos ve si no se da esa reforma?

No vamos a superar el clientelismo, la corrupción ni los males electorales. Los recursos del posconflicto, que van a ser administrados por entes territoriales y gobiernos locales, van a estar mediados por el clientelismo.

Reforma electoral, a la justicia, de equilibrio de poderes, proceso de paz... ¿se necesita una constituyente?

Luego de un acuerdo de paz hay que pensar en una segunda generación de reformas que le den un nuevo aliento al pacto de 1991 y perfeccionen la democracia representativa. Ahora no es viable una constituyente, menos pactada en una mesa de negociación, pues el pacto de paz tiene que hacerse bajo las reglas de la Constitución. Eso no es un armisticio, es un pacto de paz entre un Estado y una fuerza insurgente.

Desde hace dos décadas, las minorías de izquierda no tenían representación en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Hoy está Armando Novoa, abogado del Externado, quien fue asesor de la Constituyente de 1991 para la Alianza Democrática M-19, copresidente de la comisión legislativa conocida como “Congresito” y director de la Corporación de Estudios Constitucionales Plural. Fue elegido en una alianza de las minorías (Polo, Alianza Verde y MIRA) con la Unidad Nacional, aunque dice tener su corazón con los inconformes.

Considera urgente una reforma al sistema electoral, en momentos en que el CNE es un hervidero por la manera en que se eligió a su presidente, la cual significó una traición de los magistrados liberales (Emiliano Rivera y Héctor Helí Rojas) que se aliaron con los conservadores y el uribismo para cerrarle el paso a la U y quedarse con la presidencia.

¿Qué fue lo que pasó en la elección del nuevo presidente del CNE?

Ambiciones personales. Es un acuerdo burocrático para compartir período con el Centro Democrático, que sí debe tener preocupado al Gobierno, pero que son los gajes de la fragilidad de la Unidad Nacional, que no debería operar aquí porque se supone que este es un órgano independiente.

¿Por qué debe estar preocupado el Gobierno?

Podría producirse una fractura en la mesa directiva del Consejo que bloquee el trámite oportuno de la convocatoria al referendo para la refrendación de los acuerdos de paz. Esperamos que el vicepresidente (Felipe García, del Centro Democrático) tenga el buen juicio y entienda su rol institucional.

¿Pero hubo traición de los liberales a la Unidad Nacional?

Hubo una ruptura muy fuerte entre los partidos de la U, Liberal y Cambio Radical. Si nos guiamos porque lo prioritario era asegurar el trámite de la refrendación de los acuerdos de paz, sí es extraño ese acuerdo. La otra explicación es que es un convenio de poder, de mermelada.

Usted fue elegido con el apoyo de la Unidad Nacional. ¿Se siente comprometido con el Gobierno?

Tenemos un compromiso con que las instituciones del Estado presten el apoyo al Gobierno para tareas como el proceso de paz. Pero el hecho de que estuviésemos en la lista de la Unidad Nacional no significa nada distinto de que hubo un acuerdo para garantizar la presencia de las minorías. No hay compromiso diferente a que este sea un organismo independiente.

¿No es ilusorio hablar de autonomía e independencia cuando sabemos que el origen del CNE es político?

Fabio Valencia Cossio dijo una vez: “o cambiamos o nos cambian”. El punto dos de la agenda en La Habana dice que para garantizar el pluralismo y darle garantías a la oposición hay que reformar el CNE. Además hay proyectos en el Congreso dirigidos a cambiar el diseño de las autoridades electorales. Dentro de lo que nos correspondería hacer está avocar un proceso de convocatoria para presentar una propuesta de reforma que apunte no sólo a garantizar el juego democrático a las fuerzas representadas en el Congreso, sino a la ciudadanía y los sectores que están por venir.

Reforma electoral que se ha intentado hacer muchas veces...

Es uno de los males de la democracia colombiana: si no se logra construir una autoridad electoral legítima, no vamos a salir del desprestigio de la democracia electoral. Aquí tuvimos escándalos como el de la parapolítica y no hubo sanción a ningún partido. Y los órganos judiciales que deberían entender que a este organismo, para ser efectivo, le corresponde cumplir sus funciones de manera plena, se han encargado de cercenarle las competencias. El CNE sólo puede reglamentar aspectos subsidiarios y de mecánica electoral, pero no tiene poderes sancionatorios; eso hace que todos los partidos incumplan las leyes.

Cuando habla de órganos judiciales, ¿se refiere al Consejo de Estado?

La Sección Quinta del Consejo de Estado ha promulgado fallos de los cuales disiento. Ha dicho que el CNE es un organismo de policía administrativa, es decir, para perseguir conductas violatorias de los partidos, pero no tiene un poder regulador porque esa facultad es del Congreso. Por eso los partidos se burlan del CNE y ha terminado en un escenario para que se pensionen los secretarios del Congreso; es un premio de consolación de los partidos, un organismo de tercer nivel, con inestabilidad de sus empleados, poca transparencia, bajos niveles de tecnificación y mucha desorganización administrativa, que depende desde lo presupuestal del registrador.

¿Cuál es su propuesta, entonces?

Hay tres organismos que tienen competencia en temas electorales: la Registraduría, el CNE y la Sección Quinta del Consejo de Estado. Un aspecto a discutir es si podemos avanzar hacia un gran tribunal electoral que dé garantías. Ese tribunal tendría que asumir competencias del CNE, separar sus funciones de las del Consejo de Estado y tener una composición adecuada de carácter técnico y profesional. Otra cosa: las funciones de organización de las elecciones y de cedulación de las personas en la Registraduría le hacen daño a la democracia. Tienen que estar separadas porque se presta para que los sectores que han mantenido su poder electoral lo utilicen para adulterar resultados. También es necesario actualizar el Código Electoral, expedido antes de la Constitución y que es bipartidista.

¿Qué riesgos ve si no se da esa reforma?

No vamos a superar el clientelismo, la corrupción ni los males electorales. Los recursos del posconflicto, que van a ser administrados por entes territoriales y gobiernos locales, van a estar mediados por el clientelismo.

Reforma electoral, a la justicia, de equilibrio de poderes, proceso de paz... ¿se necesita una constituyente?

Luego de un acuerdo de paz hay que pensar en una segunda generación de reformas que le den un nuevo aliento al pacto de 1991 y perfeccionen la democracia representativa. Ahora no es viable una constituyente, menos pactada en una mesa de negociación, pues el pacto de paz tiene que hacerse bajo las reglas de la Constitución. Eso no es un armisticio, es un pacto de paz entre un Estado y una fuerza insurgente.