Los “pendientes críticos” que los empresarios ven en el proceso de paz

En un documento público, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la Fundación para el Progreso de Antioquia y de Antioquia por Colombia (Proantioquia), manifestaron un apoyo decidido al proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno y las Farc en La Habana e invitaron a los partidos políticos, movimientos sociales, trabajadores, academia, demás gremios, ciudadanos y a la misma guerrilla, a trabajar unidos para construir una sociedad sin conflicto armado.

“Construir una paz sostenible. Análisis y recomendaciones desde el sector empresarial” es el nombre del documento de 12 páginas, en el que los empresarios, entre otros aspectos, señalan que “la superación del conflicto armado es trascendental para Colombia", y reiteran que “el fortalecimiento del Estado, la coordinación de las agendas de gobierno territoriales, la promoción de la participación ciudadana, la transparencia pública y la competitividad, entre muchos otros temas, son asuntos que no necesariamente pasan por La Habana pero que, en el marco de los acuerdos para finalizar el conflicto, resurgen como una oportunidad para construir en los territorios condiciones para que éste no se repita”.

Sin embargo, en lo que tiene que ver con las recomendaciones, la ANDI y Proantioquia advierten que, de cara al final del proceso de diálogos, hay "pendientes" y "temas críticos" que pueden hacer inviable su implementación, por lo que se requiere acompañar al Gobierno Nacional en la definición más pertinente sobre estos asuntos. Y en este sentido, establecen 15 pendientes de orden crítico para las negociaciones, que incluso ya han sido compartidos a los delegados de paz en La Habana.

Hablan, por ejemplo, de la necesidad de agilizar y mantener bajo parámetros de transparencia y eficacia en el proceso de actualización catastral en el país; de definir límites razonables fiscal y socialmente en la conformación y dotación del Fondo de Tierras; y que la política y la lucha contra la corrupción avancen de forma decidida, permitiendo de paso que pendientes como las garantías para la oposición, el control ciudadano y la transparencia electoral, así como el control a lavado de activos, avancen más.

Por otra parte, piden que la aplicación del plan de sustitución de cultivos sea acorde con las necesidades del territorio, pertinente con las capacidades del mismo, y que sea una estrategia sostenible para generar oportunidades de ingresos y acceso a mercados a las familias campesinas involucradas en el negocio de la coca. Y dentro de esos “pendientes críticos” incluyen la selección de los miembros de la Comisión de la Verdad y del Tribunal para la Paz, “que de alguna forma serán garantes de los principios de reconciliación en el país, de la no repetición del conflicto y del reconocimiento de las víctimas”.

Los empresarios enfatizan además que la construcción de una sociedad en paz requiere que los actores del conflicto armado renuncien al uso de las armas para defender sus ideales y que la arena política esté libre del uso de dineros provenientes de actividades ilícitas; y que La búsqueda de la paz no debe menoscabar el derecho y las garantías que tienen las víctimas a conocer la verdad, a la aplicación de la justicia, a la reparación de los delitos que se cometieron durante el conflicto, y a la no repetición del mismo.

El documento recomienda también que la lucha contra el narcotráfico, en toda su cadena, debe ser prioridad de las Fuerzas Armadas: “En el núcleo del negocio de la coca, se juega gran parte del proceso de implementación de la reforma rural y la seguridad ciudadana”. Asimismo, dice que en aras de transformar la realidad rural de nuestro país, no se puede promover una política de subsidios permanentes: “Por el contrario, requerimos que la economía familiar y campesina se acompañen de la agroindustria”.

Sobre el diseño de la institucionalidad, así como de los mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación de la implementación y la financiación de los acuerdos de La Habana, la ANDI y Proantioquia consideran que son temas tan críticos como la negociación misma y que la legitimidad final del proceso pasa ineludiblemente por un mecanismo de refrendación. “Toda la sociedad colombiana debe tener garantías de participación para expresarse libremente sobre el acuerdo final”.

Por último, en las conclusiones, el documento dice: “La superación del conflicto armado es trascendental para Colombia y apoyamos el actual proceso de negociaciones con las Farc. Consideramos que la agenda del país debe ser vista de manera amplia e integral en el entendido de que los compromisos del Estado y la sociedad colombiana con las guerrillas deben ser parte de los temas estratégicos para la democracia, la equidad, el desarrollo, la sostenibilidad y la competitividad del país”.

“Por ello, la invitación es que es deber de todos rehacer el tejido social y crear una cultura que privilegie el bienestar general, donde el Estado junto con sus instituciones, cumplan sus objetivos a cabalidad y los particulares lo complementen a través de esfuerzos para el beneficio común. Invitamos a los partidos políticos, los movimientos sociales, trabajadores, la academia, los gremios, la guerrilla en tránsito hacia la democracia y todas las instituciones, organizaciones y ciudadanos, a trabajar juntos para construir una sociedad en paz”.
 

En un documento público, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la Fundación para el Progreso de Antioquia y de Antioquia por Colombia (Proantioquia), manifestaron un apoyo decidido al proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno y las Farc en La Habana e invitaron a los partidos políticos, movimientos sociales, trabajadores, academia, demás gremios, ciudadanos y a la misma guerrilla, a trabajar unidos para construir una sociedad sin conflicto armado.

“Construir una paz sostenible. Análisis y recomendaciones desde el sector empresarial” es el nombre del documento de 12 páginas, en el que los empresarios, entre otros aspectos, señalan que “la superación del conflicto armado es trascendental para Colombia", y reiteran que “el fortalecimiento del Estado, la coordinación de las agendas de gobierno territoriales, la promoción de la participación ciudadana, la transparencia pública y la competitividad, entre muchos otros temas, son asuntos que no necesariamente pasan por La Habana pero que, en el marco de los acuerdos para finalizar el conflicto, resurgen como una oportunidad para construir en los territorios condiciones para que éste no se repita”.

Sin embargo, en lo que tiene que ver con las recomendaciones, la ANDI y Proantioquia advierten que, de cara al final del proceso de diálogos, hay "pendientes" y "temas críticos" que pueden hacer inviable su implementación, por lo que se requiere acompañar al Gobierno Nacional en la definición más pertinente sobre estos asuntos. Y en este sentido, establecen 15 pendientes de orden crítico para las negociaciones, que incluso ya han sido compartidos a los delegados de paz en La Habana.

Hablan, por ejemplo, de la necesidad de agilizar y mantener bajo parámetros de transparencia y eficacia en el proceso de actualización catastral en el país; de definir límites razonables fiscal y socialmente en la conformación y dotación del Fondo de Tierras; y que la política y la lucha contra la corrupción avancen de forma decidida, permitiendo de paso que pendientes como las garantías para la oposición, el control ciudadano y la transparencia electoral, así como el control a lavado de activos, avancen más.

Por otra parte, piden que la aplicación del plan de sustitución de cultivos sea acorde con las necesidades del territorio, pertinente con las capacidades del mismo, y que sea una estrategia sostenible para generar oportunidades de ingresos y acceso a mercados a las familias campesinas involucradas en el negocio de la coca. Y dentro de esos “pendientes críticos” incluyen la selección de los miembros de la Comisión de la Verdad y del Tribunal para la Paz, “que de alguna forma serán garantes de los principios de reconciliación en el país, de la no repetición del conflicto y del reconocimiento de las víctimas”.

Los empresarios enfatizan además que la construcción de una sociedad en paz requiere que los actores del conflicto armado renuncien al uso de las armas para defender sus ideales y que la arena política esté libre del uso de dineros provenientes de actividades ilícitas; y que La búsqueda de la paz no debe menoscabar el derecho y las garantías que tienen las víctimas a conocer la verdad, a la aplicación de la justicia, a la reparación de los delitos que se cometieron durante el conflicto, y a la no repetición del mismo.

El documento recomienda también que la lucha contra el narcotráfico, en toda su cadena, debe ser prioridad de las Fuerzas Armadas: “En el núcleo del negocio de la coca, se juega gran parte del proceso de implementación de la reforma rural y la seguridad ciudadana”. Asimismo, dice que en aras de transformar la realidad rural de nuestro país, no se puede promover una política de subsidios permanentes: “Por el contrario, requerimos que la economía familiar y campesina se acompañen de la agroindustria”.

Sobre el diseño de la institucionalidad, así como de los mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación de la implementación y la financiación de los acuerdos de La Habana, la ANDI y Proantioquia consideran que son temas tan críticos como la negociación misma y que la legitimidad final del proceso pasa ineludiblemente por un mecanismo de refrendación. “Toda la sociedad colombiana debe tener garantías de participación para expresarse libremente sobre el acuerdo final”.

Por último, en las conclusiones, el documento dice: “La superación del conflicto armado es trascendental para Colombia y apoyamos el actual proceso de negociaciones con las Farc. Consideramos que la agenda del país debe ser vista de manera amplia e integral en el entendido de que los compromisos del Estado y la sociedad colombiana con las guerrillas deben ser parte de los temas estratégicos para la democracia, la equidad, el desarrollo, la sostenibilidad y la competitividad del país”.

“Por ello, la invitación es que es deber de todos rehacer el tejido social y crear una cultura que privilegie el bienestar general, donde el Estado junto con sus instituciones, cumplan sus objetivos a cabalidad y los particulares lo complementen a través de esfuerzos para el beneficio común. Invitamos a los partidos políticos, los movimientos sociales, trabajadores, la academia, los gremios, la guerrilla en tránsito hacia la democracia y todas las instituciones, organizaciones y ciudadanos, a trabajar juntos para construir una sociedad en paz”.