Este martes, la plenaria del Senado votó positivamente la reforma política. De esta forma, solo le quedarían dos debates en Cámara este año. Como es un acto legislativo, el próximo semestre tendría que sortear cuatro debates más para poder ser promulgado y de esta forma entrar a modificar la Constitución.
A pesar del largo debate, fueron pocas las modificaciones que sufrió el texto que llegó a la máxima instancia del Senado. Frente a lo que venía de la Comisión Primera, el único cambio considerable fue la eliminación del voto obligatorio. Aunque en un primer momento se había justificado este como una forma de luchar en contra de la compra de votos, se impuso la tesis de que no se podía imponer un derecho y que no había suficiente infraestructura para no terminar pidiendo un “imposible”.
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El voto obligatorio era uno de los temas controvertidos de esta reforma. La principal razón, como señaló en diálogos anteriores el exmagistrado Armando Novoa, es que no hay la infraestructura o el poder sancionatorio suficiente para que se haga válida la obligatoriedad del sufragio. Otros expertos señalaron que el voto obligatorio implica que el Estado debe garantizar los puestos para 30 millones de colombianos, que es el censo electoral, en este momento no se está en capacidad de brindar la infraestructura.
Aunque se hundió este punto, siguieron otros temas bastante polémicos como el artículo que elimina el régimen de incompatibilidades de un año que tienen los congresistas cuando renuncian a sus curules. Esto, que suena complicado, en la práctica implica que los congresistas podrán saltar al poder Ejecutivo de inmediato sin tener que esperar un tiempo prudencial para pasar de una rama a otra.
La eliminación del régimen de incompatibilidades ha sido criticada debido a que, como ha comentado la profesora Carolina Rico a este diario, es una situación presuntamente “inconstitucional” en la que se rompe la “separación e independencia de poderes” puesto que permite que el Ejecutivo pavimente la aprobación de sus proyectos bajo la promesa de que les dará una cartera.
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Este argumento fue mencionado por varios de los que se opusieron al controvertido artículo, como el senador Fabián Díaz: “Es una clara violación a la separación de poderes. Esto pone en riesgo los contrapesos consignados en nuestra Constitución Política”. No obstante, distintos sectores del Congreso la avalaron bajo el argumento de que nadie mejor para asumir un cargo que un legislador que se ha estado preparando por años y conoce como ningún otro la ley.
Varios del Partido Liberal vieron en la propuesta un punto importante, que incluso haría mucho más fácil la distribución de las cuotas políticas, pues no tendría que hacerse a un ahijado -que podría no cumplir con lo requisitos del cargo- sino que sería una transacción directa entre la representación del partido y el gobierno. Sorprendió que incluso la senadora Clara López apoyara este punto, y hasta argumentó que se estaría ahondando en principios básicos de un sistema parlamentario, como supuestamente la Constitución de 1991 permitió.
Otro de los elementos que se mantuvo, y que ya se ha señalado como problemático, es la eliminación del conflicto de intereses por financiación. Como la entrega de recursos por privados ya no sería directamente al candidato sino al partido, varios han señalado que ya no hay un conflicto de intereses posible. Además, expresaron que de esta forma se está garantizando una verdadera representación de distintos sectores de la sociedad, gremios y hasta de grupos económicos. Hasta tomaron como ejemplo el sistema estadounidense, en el que supuestamente hay congresistas que se identifican como los representantes de ciertas empresas y similares.
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Tanto la MOE como otros sectores han expresado preocupación, puesto que este punto se estaría habilitando una especie de “compra de la representación”, puesto que se estarían garantizando tener un congresista aquellos que tienen el dinero suficiente para donar a las campañas. “Ese punto es gravísimo. Es comprar partidos y congresistas”, había comentado el exmagistrado Armando Novoa en otros artículos.
En este punto también ha habido controversia debido a que inicialmente se planteó una financiación enteramente estatal y ahora se ha bajado a simplemente predominante. Para algunos, es dejar el sistema tal cual está, con las mismas falencias que antes. Además, señalaron que, al hundirse la reforma al CNE, no hay una entidad que tenga la suficiente fuerza que pueda hacer cumplir el tema de “predominantemente estatal”.