Hoy, en el Congreso de la República, Danilo Rueda, alto comisionado de paz del Gobierno Petro, asistó al debate de control político al que lo citó el senador Iván Cepeda, con el fin de rendir cuentas sobre la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC en 2016. Después del comisionado, intervino Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), quien también estaba citado al encuentro.
Durante su intervención, la primera del día, Iván Cepeda hizo referencia a la importancia del Acuerdo Final, como “uno de los hitos más significativos del proceso de construcción de la paz en nuestro país”, aunque reconoció las graves dificultades para su implementación, algo similar a lo que ha ocurrido en otros países que han transitado procesos de paz, como es el caso de Sudáfrica, Irlanda del Norte o El Salvador.
El senador del Pacto Histórico expuso once conclusiones que él considera fundamentales en materia de implementación. Entre ellas: asegurar condiciones básicas y garantizar las condiciones de vida, seguridad y estabilidad de los firmantes de paz; el Plan Nacional de Desarrollo debe garantizar los programas y recursos necesarios para la implementación; avanzar en la ampliación de la capacidad institucional para la implementación; y el Alto Comisionado de Paz y la Alta Consejería para la Implementación del Acuerdo deben garantizar que los órganos competentes investiguen y sanciones efectivamente las trampas judiciales contra firmantes del Acuerdo, los asesinatos, amenazas y hostigamientos contra los mismos y los actos de corrupción, robo o malversación de recursos destinados a la implementación.
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Cepeda finalizó su intervención citando a Antanas Mockus: “Si los recursos del estado y los recursos públicos deben ser sagrados, los recursos de la paz son sacrosantos”.
Después, fue el turno del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda Rodríguez: “La “paz total” es consecuencia y derivación de la implementación del Acuerdo de Paz. Esto quiere decir que hoy no estaríamos hablando de “paz total” si no hubiera habido un Acuerdo del Teatro Colón”. El funcionario habló de la multiplicación de la violencia, asegurando que cuando se firmó el Acuerdo el 6 de agosto de 2016 había tres conflictos armados en el país, mientras que ahora, de acuerdo con la Cruz Roja, son seis. “El reciclaje de la violencia obedece al incumplimiento del Acuerdo de Paz”.
“El Acuerdo Nacional es el desnudarnos y eso significa ver cómo la corrupción ha sido un factor que ha generado y sostiene la violencia en el país. ¿Será que podemos reconocer nuestras responsabilidades y pactar los principios básicos de una nueva democracia?”, preguntó Rueda. “Todos lo que vemos, todas las extorsiones presentes, los hurtos pasados nos demuestran que la paz fue una quimera, eso dice la gente”.
En cuanto a lo que se ha logrado durante el Gobierno Petro, el alto comisionado, destacó, entre otras cosas, la constitución de cuatro zonas de reserva campesina, las cuales son “una forma de deslegitimizar el uso de la violencia con fines políticos”; y siete mil hectáreas que se han entregado al Fondo de Tierras. “Es algo risible, pero comparativamente, hemos hecho muchísimo”, afirmó con respecto a la entrega de tierras.
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Tras la intervención de Rueda, tomó la palabra Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. “A nadie le puede quedar duda que el presidente Gustavo Petro tiene una voluntad indeclinable de cumplir los acuerdos”, afirmó. El funcionario dijo que todos los ministerios tienen la instrucción “clara y permanente” del presidente de tomar acciones en pro de la implementación y así conformar “un gabinete de paz”. “Todas las acciones del gobierno son acciones enfocadas a la implementación de los acuerdos. Es un acuerdo de Estado, no de Gobierno.
“Si se quiere hacer la paz total con otros grupos irregulares, si no se cumple con el primer acuerdo, es muy difícil hacerlo con los demás, solo el cumplimiento genera la confianza suficiente para hacer nuevos acuerdos”, señaló Lizcano.
“Las políticas públicas se demuestran con presupuesto. Muchas de las decisiones políticas que se tomaron frente a los acuerdos de paz no tenían recursos. El Acuerdo de Paz decía que quienes sustituyeran los cultivos les iban a dar recursos para hacer proyectos productivos. En los últimos cuatro años se dieron recursos a 386 familias. Los recursos para el cumplimiento de paz no estaban y no hubo voluntad política para cumplirlos”, apuntó el director del DAPRE.
“En este gobierno no solo se retomó la voluntad política, sino también los recursos. Desde el DAPRE adjudicamos solamente para este año en sustitución, un billón 100 mil pesos y ese billón va a permitir cumplir con el 50% de los compromisos de esas 99,000 familias que no se cumplieron en estos últimos años”, concluyó el funcionario con respecto a los recursos destinados para la paz.
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