Este jueves, 4 de mayo, el Consejo de Estado decidió anular la elección del presidente del Senado, Roy Barreras, al concluir que incurrió en doble militancia. De acuerdo con el tribunal, la decisión responde a que el congresista no renunció a su curul (2018-2022) por el Partido de la U, 12 meses antes de la fecha de inscripciones para las elecciones de Congreso de 2022, en las que se presentó por la Alianza Democrática Amplia (ADA). La salida de Barreras llega en un momento crítico, en el que el Gobierno Petro necesita sacar adelante las reformas en el Congreso, aunque haya perdido las mayorías tras el remezón ministerial.
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Bajo este escenario surgen las preguntas sobre qué sucederá con la presidencia del Congreso y con la curul designada al senador, quien fue notificado de la decisión recientemente. La presidencia termina con el periodo legislativo, el próximo 20 de junio, y el 20 de julio se elige a los nuevos presidentes de Senado y Cámara de Representantes que, según los acuerdos políticos, corresponde a la Alianza Verde.
De acuerdo con la Ley 5 de 1992, el presidente del Senado es el presidente del Congreso y le corresponde desempeñar funciones como: “convocar, presidir y dirigir las sesiones del Congreso pleno; llevar, con el vicepresidente del Congreso, que lo es el presidente de la Cámara, la representación de la rama legislativa del poder público ante las otras ramas, gobiernos y entidades; reemplazar al presidente de la República en los casos de vacancia o de falta del vicepresidente de la República y de los ministros del despacho; y coordinar el trabajo y las buenas relaciones entre las Cámaras y sus miembros”.
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Existen dos tipos de faltas del presidente del Senado: la absoluta y la temporal. En el primer caso, la falta absoluta se suple con la elección de un nuevo presidente para el resto del periodo legislativo. En el segundo, es el vicepresidente quien asume las funciones. En este caso, sería Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, quien ocupa actualmente la Vicepresidencia del Senado.
La Ley 5 no específica qué comprende una falta absoluta, pero asegura que cuando no hay este tipo de claridad en la interpretación, se acudirá a las normas que regulen casos o procedimientos semejantes. Siendo así, se suele entender por falta absoluta las circunstancias que impiden volver a ocupar el cargo de manera permanente. Por ejemplo, la muerte, el despido, la renuncia definitiva, etc.
En el caso de Barreras, ante la anulación de su cargo no se puede acudir a otra instancia. Su única opción es la tutela contra el fallo, camino que él ya ha decidido tomar. “Interpondré inmediatamente una tutela para restablecer el derecho de mis electores”, dijo ayer cuando se dio a conocer la decisión del Consejo de Estado.
Su caso recuerda al de Ángela María Robledo, a quien el tribunal también le anuló su elección a la Cámara de Representantes en 2019. Ante la decisión, la entonces congresista interpuso una acción de tutela, que la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió a su favor. No obstante, en 2021, la Corte Constitucional revocó este fallo de tutela y la anulación de Robledo quedó firme de manera definitiva.
De acuerdo con lo que le han explicado a Barreras los juristas, en su cargo como presidente del Congreso quedaría, efectivamente, Pinto. Después de la notificación, vendría un proceso de una o dos semanas en las cuales el Consejo de Estado le envía el documento a la Secretaría General y esta, a la Comisión de Ética y luego, a Plenaria.
Más allá de eso, también queda el cuestionamiento de lo que sucederá con la curul que ocupaba Barreras. Como la nulidad de la elección no implica la figura de silla vacía, su cargo sería ocupado por Julio César Estrada Corderou, quien es el siguiente en la lista del partido. El senador entrante, de la comunidad indígena de Guanano, representaría al departamento de Vaupés, como parte de Pacto Histórico en la Amazonía.
Tras la decisión de nulidad, también se ha manifestado la preocupación de que otros miembros del Pacto Histórico puedan correr con la misma suerte por doble militancia. Este sería el caso del senador Wilson Arias e incluso del presidente de la Cámara, David Racero.
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