Bien lo dijo el presidente Juan Manuel Santos el martes pasado, refiriéndose a la reanudación de las negociaciones de paz con las Farc en La Habana (Cuba): “Sabemos que los temas que se van a discutir y que quedan todavía por definir son temas sensibles, son temas complejos”. Y de entrada, en el inicio ayer de una nueva ronda de diálogos, esas complejidades se evidenciaron: para las Farc, la fecha del 23 de marzo como límite para la firma de un acuerdo definitivo y la concentración de sus tropas en zonas específicas con miras a la desmovilización son asuntos aún por discutir y concretar, así el Gobierno insista en ellos.
Al menos esa es la conclusión que se desprende de las palabras expresadas, inicialmente por Iván Márquez, jefe de la delegación negociadora de esa guerrilla, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Insistir en el 23 de marzo como fecha límite de los diálogos, luego de la demora en el acuerdo sobre la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), es una ingenuidad ligera”. Y también con lo dicho por Joaquín Gómez, otro de los negociadores de las Farc en Cuba, quien aclaró que el tema de la concentración sigue en discusión en la mesa con la subcomisión técnica, pero “no hemos aceptado nada todavía”.
Una respuesta al anuncio gubernamental en torno a las sesiones extras a las que se convocará al Congreso para tramitar una reforma a la Ley de Orden Público (418 de 1997), con el fin de poder garantizar, precisamente, la concentración de los miembros de la guerrilla con miras a su desmovilización. Lo que se ha dicho es que se le darían facultades al presidente Santos para que pueda suspender órdenes de captura en contra de los guerrilleros rasos y mandos medios, mientras se acogen a la justicia especializada que se acordó en el punto relacionado con el derecho de las víctimas. Sin embargo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó que de lo que se trata “es simplemente volver al espíritu de la norma que ha permitido a todos los gobiernos, en cualquier momento, ubicar eventualmente a los guerrilleros o paramilitares en algunas zonas para avanzar en el proceso de desmovilización y desarme”.
En efecto, en una de las modificaciones que se le hizo a la Ley de Orden Público en 2010, se estableció que el presidente de la República solo podrá solicitarle a la Fiscalía suspender las órdenes de captura a los voceros de la organización que están en una mesa de negociación con el Estado, como ha sucedido con los voceros de las Farc en La Habana, pero no puede pedir dicha suspensión para los integrantes de las tropas de los distintos frentes. Ese es el obstáculo que se quiere remover, como un paso adelante a la hora de que se llegue a un acuerdo en Cuba en torno a la desmovilización y el desarme.
Primeras de cambio que muestran que aún queda un camino áspero por recorrer en lo que tiene que ver con los dos últimos puntos de la agenda en negociación, que incluyen el cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de armas y reincorporación de las Farc a la vida civil, en lo económico, lo social y lo político. Así como también la implementación de los acuerdos y la refrendación de los mismos. Un proceso que implica toda una serie de reformas y ajustes institucionales para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. Un punto que además requiere de garantías de seguridad y esclarecimiento y el desmonte del fenómeno del paramilitarismo, que por ahora se muestra como uno de los asuntos más neurálgicos para las Farc. Como enfatizó el mismo Joaquín Gómez: “El Estado debe resolver el fenómeno del paramilitarismo y de eso no hay nada”.
Por Redacción Política
