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Con dos ediles y un alcalde elegidos por voto popular, el partido político FARC se estrenó en las elecciones locales y regionales del pasado 27 de octubre. Su debut ocurrió en medio de un aumento de la violencia en el país, que afecta tanto a excombatientes como a líderes políticos y sociales.
Tras el asesinato de los desmovilizados Alexander Parra, dentro de una zona de reincorporación en el Meta, y Wilson Parra Lozada, en el Caquetá, los políticos de la FARC recién elegidos afirman que enfrentan un alto riesgo.
Para Jorge Mauricio Esguerra, elegido edil en Bogotá, hay una gran diferencia entre la protección que el Estado les provee a los excombatientes y la que les ofrece a los que son militantes del partido pero nunca hicieron parte de la estructura armada. Esguerra dice que lleva años ejerciendo un liderazgo social en su localidad y cuando el partido FARC se conformó, decidió hacer parte de él porque simpatiza con sus ideas, pero nunca ha portado un arma.
“Quienes hacemos un trabajo de liderazgo social nos vemos más expuestos”, explicó. “Todo el tiempo estamos siendo hostigados por miembros de la Policía, de las Fuerzas Militares o por grupos al margen de la ley”, añade.
Camilo Echandía, profesor de la Universidad Externado y experto en procesos de paz, explica que los recién elegidos enfrentan un problema de inseguridad muy complejo. “El hecho de que el Estado brille por su ausencia en las zonas que dejaron las Farc es la mayor amenaza que recae sobre estas personas”, dijo. Más que escoltas y medidas de seguridad, agregó, el Estado tiene que implementar el Acuerdo de Paz, principalmente las estrategias de desarrollo con enfoque territorial en los 170 municipios que fueron focalizados, porque es ahí donde está la disputa por el control, los escenarios de coca y de minería ilegal.
Según los estudios realizados por Echandía, la mayoría de los homicidios de excombatientes no se producen en zonas donde existe un potencial electoral importante para la FARC, sino más bien donde hay una competencia por el territorio y los recursos. “Hay que garantizar a toda costa la seguridad de estas personas, pero lo que el Estado tiene que hacer es transformar la realidad de los territorios donde no solo están en riesgo los integrantes de Farc, sino muchísimos colombianos”, enfatizó.
Según cifras del mismo partido, 169 excombatientes han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz, 89 de ellos durante la presidencia de Iván Duque.
Los resultados electorales
A pesar de que la FARC presentó de forma directa o por coaliciones a 18 candidatos para las asambleas departamentales, 16 a las alcaldías municipales, 249 a los concejos y 25 a las Juntas Administradoras Locales (JAL), solo logró posicionar dos ediles en Bogotá y un alcalde en el municipio de Guapi, Cauca.
Los resultados, explica Echandía, son bastante decepcionantes si se comparan con la elección popular de alcaldes de 1988, cuando la Unión Patriótica (UP), que surgió de un proceso de paz con varios grupos guerrilleros, presentó candidatos a las alcaldías. En ese entonces, 23 miembros del partido fueron elegidos alcaldes, 16 de forma directa y siete a través de coaliciones. Lograron la cifra aunque el proceso de paz no se había firmado y el partido estaba viviendo un exterminio.
A pesar de los pobres resultados de la FARC en las elecciones del 27 de octubre, los dos ediles y el alcalde electos son representativos por ser los primeros miembros de ese partido en obtener sus puestos mediante elección popular, ya que las curules que hoy tienen en el Congreso fueron asignadas por el Acuerdo de Paz.
Otro hecho significativo que dejó la jornada electoral del pasado 27 de octubre fue la elección de Julián Conrado, también conocido como “el cantante de las Farc”, como alcalde del municipio de Turbaco, departamento de Bolívar. Sin embargo, Conrado no fue candidato del partido FARC sino de otra coalición de izquierda.
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Los pobres resultados podrían tener varias explicaciones. “En las zonas de implantación histórica de las Farc los resultados no son los mejores. Prácticamente habría en muchas de esas zonas un rechazo a los candidatos que surgen del movimiento político. Además del error bastante conocido de haber asumido el nombre de ‘Farc’, mismo nombre que tuvo la organización armada y que cometió tantos excesos y tantas atrocidades contra la población. Eso no le sirve a ese movimiento político para tener un amplio poder de convocatoria”, recalcó Echandía.
El investigador sugiere que la colectividad debería replantear por completo su nombre, “que incluso fue impuesto por las personas que en este momento hacen parte de la disidencia”, refiriéndose al grupo liderado por ‘Iván Márquez’, que anunció su regreso a las armas el pasado 29 de agosto. Echandía afirma que quienes permanecen en el proceso de paz y tienen una vocación política deberían entrar a discutir cuáles son los principales obstáculos para lograr un poder de convocatoria significativo. “Es una oportunidad de hacer una clara diferencia entre aquellas personas que poco estuvieron comprometidas con el proceso y los que permanecen”, opina el profesor del Externado.
El jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño, también piensa que esta agrupación política debe cambiar su nombre. Así lo señaló en una entrevista publicada el 16 de septiembre, aunque aseguró que la decisión final se tomará durante la próxima Asamblea Nacional de los Comunes.
Hacia futuro, el partido FARC no solo tiene el reto de reclamar estrategias de seguridad eficientes para sus miembros, sino de atraer a los electores hacia sus propuestas. “El ingenio debe ser muy grande para lograr captar, convocar, a esa población que tiene un recuerdo terrible de lo que fueron los años de la guerra”, concluyó Echandía.