Los verdes también presentarán ponencia negativa para el Plan Nacional de Desarrollo
La ponencia negativa emitida de la bancada de la Alianza Verde expone lo que consideran como deficiencias en el proyecto de ley del Gobierno. En ella manifestaron incongruencias entre la visión del plan y 183 artículos, y presentan otros reparos en temas estructurales y económicos.
-Redacción Política
Aunque hasta hoy, 20 de marzo, el Gobierno le hizo ajustes al documento de más de 1.600 páginas del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el partido Alianza Verde presentó ayer una ponencia negativa en la que plantea diversos cuestionamientos sobre el mismo en torno a su construcción, estructura, coherencia y sobre los fundamentos económicos y de paz que en él se incluyen.
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En la ponencia negativa, los verdes hacen énfassis en que el gobierno del presidente Iván Duque no es su gobierno y que, en consecuencia, el PND tampoco lo es. “Cuando ganemos las elecciones presidenciales en el 2022 y obtengamos la representación mayoritaria en el Congreso, nuestro Plan de Desarrollo será bien diferente, los recaudos tributarios serán superiores y más equitativos, el gasto público será más eficiente, atacaremos de frente la corrupción”, expresaron.
Con ello en mente, aseguran que el PND de Duque es confuso y “está plagado de intenciones ocultas de acaparamiento de funciones y poderes por parte del gobierno central, en detrimento de la concepción descentralizadora y democrática, respetuosa de la separación de los poderes públicos”.
Entre las críticas que le hacen al documento resaltan que, en el articulado originalmente presentado, 183 de los cerca de 250 artículos no guardan relación con los ejes de legalidad, emprendimiento y equidad que constituyen la visión del Gobierno para los próximos años.
Sobre la construcción del Plan
La bancada verde, de oposición, reitera la importancia de que estas discusiones se den en el Congreso de la República y sean de carácter público, contrario a lo que pasó, dicen, en este caso, pues varias de las reuniones de ponentes se realizaron en el Ministerio de Hacienda.“No existe razón para que las reuniones de ponentes se desarrollen en el Ministerio de Hacienda, pues estamos claramente ante una tarea de la rama legislativa y no de la ejecutiva (...) y no existe motivo para que los debates que se deben dar de cara a la ciudadanía se den a puerta cerrada en salones del poder ejecutivo, donde resulta imposible para los colombianos hacer cualquier tipo de seguimiento”, plasman en la ponencia.
Por ello, también advierten sobre la necesidad de revisar el sistema de construcción y discusión del PND. “En las condiciones actuales, se cae sin remedio en dinámicas caóticas que desfiguran el sentido de la institución del Plan e, incluso, desdibujan su transparencia y legitimidad. Desde que fue radicado el PND hasta su aprobación en Comisiones Conjuntas, se presentaron cerca de 2.700 proposiciones y se intentó la misión imposible de discutir y definir sobre todas ellas. Este sistema no es conveniente ni es viable y, por el contrario, resulta contraproducente”.
Y, aunque reconocen los esfuerzos del Gobierno por adelantar las discusiones y cumplir con los plazos constitucionales y legales, reiteran que las primeras tres semanas de trabajo estuvieron marcadas “por la falta de orden, la ausencia de reuniones de ponentes y la confusión general alrededor del PND. La primera sesión se celebró apenas el 19 de febrero”.
Como lo exponen los verdes, el factor tiempo limitó desde el inicio el debate en las comisiones conjuntas, cosa que va en detrimento de los temas mismos que hacen parte del PND porque esto hizo que estos asuntos de extrema relevancia para el país fueran evacuados por el Congreso de manera expedita y superficial.
Por último, sobre este apartado, expresan su inconformidad frente a prácticas por parte del Gobierno: “Es inconcebible e inconveniente, por decir lo menos, además de intolerable, que el Gobierno Nacional sorprenda con propuestas de normas nuevas, extensas y complejas para ponerlas a consideración de los ponentes exhaustos y desprevenidos.
Sobre la construcción de la paz
La bancada verde asegura que no hay claridad en las estrategias y acciones para la implementación del Acuerdo de Paz. En cuanto a cultivos de uso ilícito, cuestionan que no se contemplan acuerdos de sustitución adicionales a los pactados por el gobierno anterior ni metas para mejorar la calidad de vida de los campesinos que viven en zonas con presencia de estos cultivos. “No hay una visión estratégica y articulada del desarrollo rural y este no está directamente relacionado con lo contenido en el Acuerdo Final, que ni siquiera se menciona, como si no existiera y no fuera compromiso de Estado”, indican.A su vez presentarán sus propias propuestas en torno a fuentes de financiamiento e indicadores y metas para evaluar el avance de los programas del posconflicto, que, según ellos, “garantizan la reparación a las víctimas y la reincorporación de los excombatientes”.
En materia económica
Los ponentes cuestionan cuatro propuestas estructurales que, explican, desarrollan implícitamente una reforma laboral. En primer lugar, está el Piso Mínimo de Protección Social. El Gobierno propone mitigar las desventajas que trae la informalidad al hacer que trabajadores de tiempo parcial, que no alcanzan a devengar un salario mínimo al mes, puedan tener acceso a salud, pensión y riesgos laborales. Los ponentes afirman que esta iniciativa podría generar una reducción en la contratación laboral formal, tal como lo aseguró en el pasado la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) al manifestar que la propuesta es una “formalización maquillada por la vía de reconocer menos ingresos a los trabajadores”.Otra propuesta que critican es la promoción de los BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), que implica que cuando los afiliados al Sistema General de Pensiones obtengan como prestación sustitutiva una devolución de saldos o indemnización sustitutiva de vejez, estos recursos sean trasladados al programa de BEPS. Los verdes opinan que, al no ser heredables, representan un riesgo de pérdida de ahorros para las familias.
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En tercer lugar, cuestionan el “reajuste de pensiones” planteado en el Plan de Desarrollo, argumentando que plantea destinar recursos públicos a fondos privados de pensiones cuando el aumento del salario mínimo sea mayor que la inflación. Opinan que este “salvavidas” no tiene ningún fundamento, puesto que el Estado no tiene ninguna responsabilidad con los fondos, si bien es quien establece el salario mínimo.
Por último, ante la propuesta del Gobierno de que el cobro para el acceso a la salud direccionado a las personas más pobres se haga a través del Sisben, los ponentes afirman quienes hacen parte del régimen subsidiado no cuentan con un vínculo laboral formal, y por ende son vulnerables, o son evasores de impuestos. Indican que primero es necesario fortalecer los mecanismos de control de evasión de impuestos antes que abrir esa posibilidad.
En cuanto a emprendimiento, cuestionan la poca disminución de barreras para la creación de empresas, la ausencia de la protección de derechos de autor en el articulado y del turismo, así como también la falta de focalización en los recursos que invierten muchas entidades para promover el emprendimiento, desorden que el propio Gobierno ha reconocido y ha prometido reestructurar a través de un documento Conpes.
Al igual que en la ponencia negativa radicada el día de ayer por un grupo de congresistas de la bancada alternativa, los verdes insisten en que es peligroso que el Gobierno deje abierta la puerta al fracking y le apueste a la explotación de recursos no renovables como fuente de energía. Cuestionan la falta de medidas específicas para implementar políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad del aire y los cortos tiempos establecidos para tramitar las licencias ambientales para formalizar actividades mineras, permisos que, en su criterio, deberían estar en manos del Ministerio de Ambiente.
“Estas pretensiones de estar atropellando la voz del Congreso con proyectos mal estructurados, inaprensibles, que el propio gobierno modifica todos los días durante el trámite legislativo con propuestas sorpresivas y sorprendentes, no son otra cosa que la manera cínica de menospreciar la democracia en su teatro más representativo, que es el Congreso”, indicaron.
Aunque hasta hoy, 20 de marzo, el Gobierno le hizo ajustes al documento de más de 1.600 páginas del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el partido Alianza Verde presentó ayer una ponencia negativa en la que plantea diversos cuestionamientos sobre el mismo en torno a su construcción, estructura, coherencia y sobre los fundamentos económicos y de paz que en él se incluyen.
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En la ponencia negativa, los verdes hacen énfassis en que el gobierno del presidente Iván Duque no es su gobierno y que, en consecuencia, el PND tampoco lo es. “Cuando ganemos las elecciones presidenciales en el 2022 y obtengamos la representación mayoritaria en el Congreso, nuestro Plan de Desarrollo será bien diferente, los recaudos tributarios serán superiores y más equitativos, el gasto público será más eficiente, atacaremos de frente la corrupción”, expresaron.
Con ello en mente, aseguran que el PND de Duque es confuso y “está plagado de intenciones ocultas de acaparamiento de funciones y poderes por parte del gobierno central, en detrimento de la concepción descentralizadora y democrática, respetuosa de la separación de los poderes públicos”.
Entre las críticas que le hacen al documento resaltan que, en el articulado originalmente presentado, 183 de los cerca de 250 artículos no guardan relación con los ejes de legalidad, emprendimiento y equidad que constituyen la visión del Gobierno para los próximos años.
Sobre la construcción del Plan
La bancada verde, de oposición, reitera la importancia de que estas discusiones se den en el Congreso de la República y sean de carácter público, contrario a lo que pasó, dicen, en este caso, pues varias de las reuniones de ponentes se realizaron en el Ministerio de Hacienda.“No existe razón para que las reuniones de ponentes se desarrollen en el Ministerio de Hacienda, pues estamos claramente ante una tarea de la rama legislativa y no de la ejecutiva (...) y no existe motivo para que los debates que se deben dar de cara a la ciudadanía se den a puerta cerrada en salones del poder ejecutivo, donde resulta imposible para los colombianos hacer cualquier tipo de seguimiento”, plasman en la ponencia.
Por ello, también advierten sobre la necesidad de revisar el sistema de construcción y discusión del PND. “En las condiciones actuales, se cae sin remedio en dinámicas caóticas que desfiguran el sentido de la institución del Plan e, incluso, desdibujan su transparencia y legitimidad. Desde que fue radicado el PND hasta su aprobación en Comisiones Conjuntas, se presentaron cerca de 2.700 proposiciones y se intentó la misión imposible de discutir y definir sobre todas ellas. Este sistema no es conveniente ni es viable y, por el contrario, resulta contraproducente”.
Y, aunque reconocen los esfuerzos del Gobierno por adelantar las discusiones y cumplir con los plazos constitucionales y legales, reiteran que las primeras tres semanas de trabajo estuvieron marcadas “por la falta de orden, la ausencia de reuniones de ponentes y la confusión general alrededor del PND. La primera sesión se celebró apenas el 19 de febrero”.
Como lo exponen los verdes, el factor tiempo limitó desde el inicio el debate en las comisiones conjuntas, cosa que va en detrimento de los temas mismos que hacen parte del PND porque esto hizo que estos asuntos de extrema relevancia para el país fueran evacuados por el Congreso de manera expedita y superficial.
Por último, sobre este apartado, expresan su inconformidad frente a prácticas por parte del Gobierno: “Es inconcebible e inconveniente, por decir lo menos, además de intolerable, que el Gobierno Nacional sorprenda con propuestas de normas nuevas, extensas y complejas para ponerlas a consideración de los ponentes exhaustos y desprevenidos.
Sobre la construcción de la paz
La bancada verde asegura que no hay claridad en las estrategias y acciones para la implementación del Acuerdo de Paz. En cuanto a cultivos de uso ilícito, cuestionan que no se contemplan acuerdos de sustitución adicionales a los pactados por el gobierno anterior ni metas para mejorar la calidad de vida de los campesinos que viven en zonas con presencia de estos cultivos. “No hay una visión estratégica y articulada del desarrollo rural y este no está directamente relacionado con lo contenido en el Acuerdo Final, que ni siquiera se menciona, como si no existiera y no fuera compromiso de Estado”, indican.A su vez presentarán sus propias propuestas en torno a fuentes de financiamiento e indicadores y metas para evaluar el avance de los programas del posconflicto, que, según ellos, “garantizan la reparación a las víctimas y la reincorporación de los excombatientes”.
En materia económica
Los ponentes cuestionan cuatro propuestas estructurales que, explican, desarrollan implícitamente una reforma laboral. En primer lugar, está el Piso Mínimo de Protección Social. El Gobierno propone mitigar las desventajas que trae la informalidad al hacer que trabajadores de tiempo parcial, que no alcanzan a devengar un salario mínimo al mes, puedan tener acceso a salud, pensión y riesgos laborales. Los ponentes afirman que esta iniciativa podría generar una reducción en la contratación laboral formal, tal como lo aseguró en el pasado la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) al manifestar que la propuesta es una “formalización maquillada por la vía de reconocer menos ingresos a los trabajadores”.Otra propuesta que critican es la promoción de los BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), que implica que cuando los afiliados al Sistema General de Pensiones obtengan como prestación sustitutiva una devolución de saldos o indemnización sustitutiva de vejez, estos recursos sean trasladados al programa de BEPS. Los verdes opinan que, al no ser heredables, representan un riesgo de pérdida de ahorros para las familias.
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En tercer lugar, cuestionan el “reajuste de pensiones” planteado en el Plan de Desarrollo, argumentando que plantea destinar recursos públicos a fondos privados de pensiones cuando el aumento del salario mínimo sea mayor que la inflación. Opinan que este “salvavidas” no tiene ningún fundamento, puesto que el Estado no tiene ninguna responsabilidad con los fondos, si bien es quien establece el salario mínimo.
Por último, ante la propuesta del Gobierno de que el cobro para el acceso a la salud direccionado a las personas más pobres se haga a través del Sisben, los ponentes afirman quienes hacen parte del régimen subsidiado no cuentan con un vínculo laboral formal, y por ende son vulnerables, o son evasores de impuestos. Indican que primero es necesario fortalecer los mecanismos de control de evasión de impuestos antes que abrir esa posibilidad.
En cuanto a emprendimiento, cuestionan la poca disminución de barreras para la creación de empresas, la ausencia de la protección de derechos de autor en el articulado y del turismo, así como también la falta de focalización en los recursos que invierten muchas entidades para promover el emprendimiento, desorden que el propio Gobierno ha reconocido y ha prometido reestructurar a través de un documento Conpes.
Al igual que en la ponencia negativa radicada el día de ayer por un grupo de congresistas de la bancada alternativa, los verdes insisten en que es peligroso que el Gobierno deje abierta la puerta al fracking y le apueste a la explotación de recursos no renovables como fuente de energía. Cuestionan la falta de medidas específicas para implementar políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad del aire y los cortos tiempos establecidos para tramitar las licencias ambientales para formalizar actividades mineras, permisos que, en su criterio, deberían estar en manos del Ministerio de Ambiente.
“Estas pretensiones de estar atropellando la voz del Congreso con proyectos mal estructurados, inaprensibles, que el propio gobierno modifica todos los días durante el trámite legislativo con propuestas sorpresivas y sorprendentes, no son otra cosa que la manera cínica de menospreciar la democracia en su teatro más representativo, que es el Congreso”, indicaron.