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En medio de los ruidos alrededor de la reforma laboral y la consulta popular, la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto que declara el 11 de octubre de cada año como el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica. La fecha se escogió porque ese día, en 1987, fue asesinado Jaime Pardo Leal, entonces candidato presidencial.
El proyecto fue impulsado por las senadoras Aída Avella y Jahel Quiroga y los representantes Gabriel Becerra y Gildardo Silva. Las cuatro hacen parte del Pacto Histórico y son militantes de la Unión Patriótica, partido que revivió el Consejo de Estado en 2013, argumentando que en su momento perdió la personería jurídica por culpa del genocidio.
El representante Becerra, presidente de la colectividad, celebró que la Cámara aprobara, en cuarto debate, el proyecto. Ahora, solo está pendiente de la sanción del presidente Gustavo Petro para ser ley.
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Durante las movilizaciones de este miércoles, el representante explicó que la declaración “ayuda a materializar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado como responsable”. Además, que “la fecha será una responsabilidad de Estado y nos debe llevar a concluir que no puede haber persecución ni exterminio ni genocidio contra quienes pensamos distintos. Una democracia no permite que a un ciudadano se le elimine, se le desaparezca o se le torture”.
Por su parte, la senadora Quiroga indicó que la aprobación de la nueva ley es la “participación del Congreso en la reparación de un caso que es el genocidio de la Unión Patriótica, una violación contra la democracia colombiana. Nos sentimos honrados. Queremos que no se vuelva a repetir con ningún partido político de la ideología que sea. Esa es la apuesta de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica”.
Con el Auto 75 de 2022, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques dirigidos contra la Unión Patriótica entre 1984 y 2016.
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Del total de víctimas, 5.195 eran militantes de la UP y 538 no eran miembros del partido, pero fueron asesinadas o desaparecidas en hechos de violencia. Según la JEP, de las 5.733 víctimas, 4.616 fueron víctimas de homicidio y 1.117 fueron desaparecidas de manera forzosa. Según la Sala, dos de cada tres hechos de violencia contra el partido resultaron en asesinatos o desapariciones. Además, 2.217 víctimas fueron desplazadas por estos ataques.
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