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Ante el Consejo permanente de la OEA, la delegación de la Mapp-OEA rindió su trigésimo informe semestral sobre los avances de la implementación en Colombia. En una corta exposición, la misión dio cuenta de lo que encontró en el segundo semestre de 2020 e hizo varias observaciones sobre lo ocurrido durante la pandemia en más de 500 centros poblados del país.
En un primer momento, en la rendición se destacó varios avances, tales como la prorroga por 10 años de la ley de víctimas. La secretaría también resaltó los avances del Consejo Nacional de Paz y Reconciliación y pidió que este progreso sea valorado por todos los actores. Además, destacó que en pocos meses se entregará el informe de la Comisión de la Verdad: “la secretaría general confía que colaborará a superar los ciclos de violencia e incentivar el diálogo”.
En este mismo punto de elementos a destacar, la Mapp-OEA celebró que el gobierno de Iván Duque haya nombrado un gestor de paz para adelantar acercamientos con el Eln. La organización interamericana hizo referencia a Juan Carlos Cuellar, que nuevamente fue nombrado gestor de paz en mayo de este año. Para los que rindieron el informe, este nombramiento es importante debido a que permite soñar con “una paz completa” para Colombia.
Tras resaltar los avances de los últimos meses, en el informe se pasó a expresar las preocupaciones de la delegación de verificación, que hace algunas semanas se prolongó su mandato en Colombia. Según el texto dado a conocer en una sesión extraordinaria, se hicieron más evidente las desigualdades y el aumento de las brechas durante la pandemia.
El informe dejó constancia de las dinámicas de control y disputa territorial por los distintos actores armados. Allí alertaron sobre las distintas acciones que están llevando estos grupos, tales como reclutamientos masivos, homicidios, amenazas, confinamientos, violencias basadas en género y la siembra nuevamente de minas antipersonales.
En este punto hicieron mención directa de Arauca, Cauca, Caquetá, Cesar y Meta, donde grupos habrían impuesto restricciones a la movilidad y se habrían presentado amenazas y acciones de violencia. En una línea similar, se hizo referencia a Nariño y se mencionó los ataques que recibieron las autoridades indígenas de algunas comunidades de dicho departamento.
La Mapp-OEA hizo un especial énfasis en la situación vivida en Meta, Caquetá y Guaviare, donde las amenazas y acciones violencias llevaron incluso a la suspensión de mesas regionales de diálogo social y ambiental, un hecho que fue del interés de esta delegación pues se hay una “exacerbación de conflictividades socio ambientales”.
El informe también da cuenta de que en el país continuaron las amenazas y asesinatos de los liderazgos y sus familias. En este sentido también reportaron que lo grupos armados son responsables de feminicidios, trata de personas y otros delitos que siembre el miedo en la población y has implican un freno para sus reclamos y trabajo social.
Tras rendir el informe, Roberto Menéndez, jefe de la Mapp-OEA expresó que Colombia debe privilegiar el diálogo y entendimiento. Además le pidió un mayor compromiso de la región y del mundo para la construcción de la paz en Colombia. Luego reiteró el compromiso de la organización que comanda para seguir su trabajo en el país.
Tras la lectura del informe, la palabra la tomó Alejandro Ordóñez, representación de Colombia ante la OEA. Ordóñez celebró el trabajo “imparcial” que ha llevado a cabo la delegación al redactar el informe. Asimismo, destacó que el informe fue realizado en una de las condiciones más difíciles en Colombia, la pandemia.
También se manifestó el delegado de Canadá, que expresó su acogida al informe. Sin embargo, aunque reconoció los avances del gobierno colombiano, dejó constancia de su preocupación por los homicidios en contra de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Por otro lado, confirmó la entrega de USD2,5 millones para fortalecer el trabajo de Mapp-OEA en Colombia.