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El Espectador reveló apartes de un reciente escrito de acusación de la Fiscalía contra Manuel Antonio González Henríquez, director de Protección del DAS en 1990, jefe inmediato de los agentes de Estado que asesinaron a su padre, Carlos Pizarro. La acusación llega 34 años después del crimen. Aunque tardío, ¿le satisface el avance?
Reconozco los recientes avances de la justicia, pero también pido que la Fiscalía actúe llegando judicialmente a quienes tuvieron responsabilidades mayores en el magnicidio de mi padre. Es importante que se demuestre la existencia de la alianza criminal, y el plan de exterminio que hubo entre el DAS, los paramilitares y otros grupos de poder para asesinar a mi padre y a políticos de izquierda. Pese a las decisiones actuales, considero que la evolución general del proceso penal es absolutamente insatisfactorio: después de 34 años, solo hay una condena a un escolta, el rango más bajo en ese aparato criminal.
¿Por qué la Fiscalía ha tardado tanto? ¿La investigación estuvo abandonada en un anaquel?
El proceso estuvo paralizado durante quince años. Cuando empezó a tener algunos avances, la Fiscalía de Barbosa cambió a Mauricio Ponce, único fiscal que había mostrado resultados. Lo trasladaron al Guainía y, después, a Chocó, lo cual derivó en impunidad. En ese lapso hubo otra parálisis de dos años. Con la Comisión Colombiana de Juristas, que me ha acompañado, estuvimos insistiendo en que se reanudaran las investigaciones hasta cuando Barbosa y sus segundos se vieron obligados a restituir al doctor Ponce como fiscal del caso, pero manteniéndole la sede en Chocó, lo cual redundó en notorias dificultades investigativas. Interpreto este tipo de decisiones como un castigo a los funcionarios honestos que tratan de esclarecer crímenes de connotación, como el complot en contra de mi padre. Con la posesión de la nueva fiscal general, el doctor Ponce fue devuelto a Bogotá. Él acaba de proferir la acusación en contra del exdirector de Protección del DAS, que irá a juicio como coautor del crimen.
¿A quiénes se refiere cuando dice que es importante que la Fiscalía examine a quienes tuvieron responsabilidades mayores?
A que la investigación y las condenas posteriores deben alcanzar a los máximos responsables. Se debe develar, por ejemplo, la presunta participación del general (r) Miguel Maza Márquez (director del DAS de la época), y de los jefes paramilitares, políticos, empresariales y gremiales que habrían incentivado y determinado el magnicidio de mi padre. De acuerdo con lo que ha podido establecer la Fiscalía en el caso del agente condenado, hubo una alianza criminal de estamentos de poder para atentar contra líderes de izquierda con el objeto de eliminar sus ideas políticas. En desarrollo de ese plan de exterminio, según el ente investigador, además de Carlos Pizarro, también fueron asesinados Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, José Antequera, Jaime Pardo Leal, Manuel Cepeda Vargas y otros. Esta conclusión refuerza las hipótesis que he documentado durante más de veinte años como hija y parte civil del proceso sobre la implicación del Estado en el asesinato de mi padre.
De acuerdo con el escrito judicial, ¿cuál fue el papel que desempeñó González Henríquez, exdirector de Protección del DAS, en el asesinato de Pizarro cuando él estaba en un avión?
La Fiscalía señala que el coronel (r) González Henríquez facilitó las acciones para que se cometiera el crimen. Él ordenó cambios de personal en el esquema de seguridad de mi padre. Así pudo estar presente en el avión el escolta Jaime Ernesto Gómez Muñoz (hoy condenado), que tenía la misión de dispararle al sicario que mató a mi padre cuando este ya se había rendido; así lo silenciaron para siempre. Ese sicario se llamaba Gerardo Gutiérrez, quien, según se supo, fue entrenado directamente por el jefe paramilitar Carlos Castaño. Según se lee en la sentencia de primera instancia, está probado que el escolta tenía la misión de impedir que el sicario hablara.
¿Cuáles otros funcionarios del DAS o de otras dependencias oficiales hicieron parte del complot, según las investigaciones judiciales?
Esa pregunta debería ser respondida por la Fiscalía que, como dije, no movió una hoja durante 15 años. Por eso, prácticamente sola, adelanté las investigaciones que le corresponde realizar a la justicia. Hoy, 34 años después, el proceso está en una etapa casi preliminar. Mientras tanto, han sido asesinados o han muerto por causas naturales testigos y personajes que habrían podido contribuir con lo que conocían de primera mano. Para contarle solo un ejemplo de la impunidad judicial en este caso, resalto que la Fiscalía ¡tomó la decisión de fundir el arma con que fue asesinado mi padre dizque para descongestionar sus bodegas! Destruyó, así, un elemento de importancia capital en el material probatorio.
¿Cómo y con cuáles herramientas investigó usted los hechos alrededor del asesinato de Pizarro siendo una ciudadana del común?
Durante veinte años construí un archivo con pruebas documentales: encontré y entrevisté a varios exescoltas del M-19 que también hacían parte del esquema de seguridad de mi padre; ordené y guardé sus declaraciones; facilité que ellos pudieran rendir testimonio judicial ante la Fiscalía, porque le tenían mucha prevención a esa entidad, y construí una línea de análisis de contexto con entrevistas a personajes políticos de la época. Le entregué todo ese material a la Fiscalía.
Cuando asesinaron a su padre, él acababa de firmar la paz en su condición de jefe de la guerrilla M-19. ¿Cree que los acuerdos de paz son puro papel? Ni en esa época ni ahora —respecto del acuerdo con las FARC—, fuertes grupos de poder político y económico aceptan a los guerrilleros que abandonan sus armas como nuevos miembros de la sociedad.
El Estado colombiano ha incumplido, sistemáticamente, los acuerdos de paz que ha suscrito, desde la Guerra de los Mil Días hasta el proceso con las FARC. Por esa conducta muchos exguerrilleros asumieron, erróneamente, que la paz no era posible. Y regresaron a las armas, con lo que terminaron engrosando las filas de las disidencias y de los aparatos criminales de hoy.
El acuerdo del gobierno Barco con el M-19 era reciente cuando mataron a su padre. ¿Cómo fue la sucesión de esos hechos?
Mi padre fue asesinado 48 días después de dejar las armas y firmar la paz con el gobierno Barco. El Congreso de la República tumbó el acuerdo político en diciembre de 1989. No obstante ese tropiezo, mi padre decidió viajar con Antonio Navarro a Bogotá, pese a tener órdenes de captura vigentes. Asistieron a una cita en la Casa de Nariño. Allí reafirmaron su compromiso con la paz con el presidente. En ese breve encuentro, surgió la promesa de que el gobierno que resultara de las próximas elecciones convocaría una Asamblea Nacional Constituyente de la que, en efecto, nació la Constitución de 1991. Entonces nuestra carta política es fruto de los jóvenes que lideraron el movimiento de la séptima papeleta, pero, también, del acuerdo con el M-19. Más allá de los incumplimientos oficiales, los militantes del M-19 tomaron la decisión de abandonar la lucha armada en un gesto de reconciliación y paz
Pese a ello, no surtió un buen efecto, pues, como usted misma lo recuerda, solo 48 días después de la firma mataron a Carlos Pizarro…
El problema siempre ha sido que los estamentos de poder de este país no han aceptado la paz, la reincorporación ni la alternancia política. Con el exterminio de los políticos de izquierda que se propusieron esos sectores se eliminó, también, la posibilidad de que hubiera una democracia electoral real. Tuvieron que pasar más de 30 años para que pudiéramos tener opción de dirigir los destinos de la nación. Mi padre (Carlos Pizarro), Bernardo Jaramillo, José Antequera y los otros miles de asesinados en aquella época integraban una nueva generación política que fue desaparecida: cuando los asesinaron, tenían entre 30 y 40 años de edad.
¿Cree que hoy puede haber más aceptación a los acuerdos pacíficos?
No, por el contrario. Tenemos mucha preocupación por lo que está sucediendo. Criminalizaron el acto de marchar con banderas alusivas al M-19. El mensaje que queda es que se tolera a los firmantes de paz mientras se reserven su experiencia y oculten su identidad de vida. Significa que jamás podrán recordar, en público, su historia, y que a pesar de haber cumplido a cabalidad sus compromisos de paz y las reglas democráticas del país, no podrán hacer parte de la sociedad como ciudadanos con plenos derechos. Cuando se firma con el Estado un pacto, se entiende que quienes se reintegran a la vida civil podrán defender sus posturas ideológicas como sucede en democracia. Pero eso no es lo que sucede, porque siguen siendo sometidos a la exclusión aunque cumplan, estrictamente, la Constitución y la ley.
También hay que entender que las víctimas de la guerra, incluyendo las de los actos armados del M-19 —algunos de los cuales fueron cruentos y graves, como la toma del Palacio de Justicia—, no acepten gestos como el de exhibir la bandera de esa guerrilla. Esas víctimas guardan sentimientos negativos…
Soy la primera en reconocer que el M-19 fue una organización armada responsable de varios episodios del conflicto armado. Eso me ha impulsado a pedir perdón a nombre de mi padre por los hechos en los que él participó. Las víctimas tienen todo el derecho de albergar esos sentimientos. Pero eso explica, también, la necesidad de avanzar en la reconciliación social que, a su vez, implica recorrer un camino entre todos para reconocernos y reconocer los dolores mutuos que tenemos con el fin de poder avanzar hacia la paz.
¿Qué hay de sus sentimientos cuando, por ejemplo, un sector político con fuerte dominio en el país descalifica a Petro gritándole “guerrillero”?
Siento indignación y sorpresa porque, tres décadas después de que el M-19 cumplió su palabra y actuó en democracia, todavía haya sectores incapaces de valorar ese hecho y aceptar que ganó las elecciones presidenciales con un hombre como Gustavo Petro, quien, aun cuando estuvo alzado en armas, las abandonó para participar en la vida política bajo las normas establecidas. Hay otros excombatientes en el continente y en el mundo con la misma experiencia vital de Petro que han sido grandes líderes de sus naciones: Nelson Mandela, Pepe Mojica y Dilma Rousseff, entre otros. Ellos fueron guerrilleros, después, presidentes de sus países y aportaron mayor democracia a sus naciones.
¿Usted también ha sido rechazada en círculos políticos del Congreso?
He sido estigmatizada desde el primer día que llegué al Capitolio. En las primeras sesiones a las que asistí como representante a la Cámara, una congresista del Centro Democrático se refirió a mí diciendo que “me chorreaba sangre por entre las manos”. Jamás he hecho parte de una estructura armada y tampoco he alzado un arma. He crecido en democracia, he sufrido persecución y los efectos de la guerra, como miles de niños en este país cuyas historias nunca han sido escuchadas. Sectores de la derecha más radical tampoco han aceptado que nosotros, hijos inocentes del conflicto, podamos compartir escenarios políticos con ellos. A mí no me toleran y, del mismo modo, no toleran que campesinas y campesinos, indígenas, afrocolombianos y personas diversas hagan parte del Congreso de la República.
¿Carlos Pizarro y Gustavo Petro tuvieron una amistad cercana o, a pesar de integrar la misma guerrilla, se conocieron poco?
El presidente Petro fue miembro de la dirección nacional del M-19 y mi padre su máximo comandante, pero no tuvieron una amistad cercana por la diferencia de edad y porque tenían responsabilidades diferentes: el presidente ejecutaba, principalmente, tareas políticas urbanas. Mi padre estaba en otras labores en diversos lugares. Eso no significa que no compartieran ideales. El presidente representa las ideas políticas de Carlos Pizarro.
¿El rechazo de ciertos grupos al presidente Petro por su pasado guerrillero es el mismo que hubiera padecido su padre si hubiera sobrevivido? ¿Ve usted en el mandatario actual un reflejo de su padre?
Eran personas diferentes con historias distintas y en tiempos diversos, que compartieron ideales y una visión de país. La forma de gobernar de mi padre probablemente hubiera tenido otras características, pese a compartir un mismo pensamiento político, como he dicho. El presidente Petro ha construido su propio camino y ha forjado su liderazgo e identidad. Él ha reivindicado a mi padre y a otros líderes políticos de distintas vertientes de la izquierda. Insisto en que veo con profunda preocupación que hoy se siga negando que sectores políticos diferentes al establecimiento el derecho a gobernar y la posibilidad de que haya alternancia en el poder. Hoy tenemos una contienda desleal y llena de mentiras y falsedades. Por supuesto, hemos cometido errores, pero el asedio al que se ve sometido el presidente y su proyecto político no tiene comparación en nuestra historia reciente.
Sin embargo, el presidente también atiza la hoguera todos los días. ¿No le parece que a él se le va la mano en expresiones conflictivas, retos y creación de ambientes de polarización?
En primer lugar, nadie puede decir que el presidente no haya sido coherente con sus propuestas de campaña o, en segundo lugar, que no esté desarrollando el modelo de país que propuso cuando ganó las elecciones. Evidentemente, el mandatario tiene un estilo que interpela a los poderes del país. Pero su responsabilidad también es la de combatir la inequidad y la desigualdad. Esa conducta no puede ser confundida con el acto de atizar la hoguera. Lo que sucede es que el mandatario defiende sus posiciones políticas con vehemencia desde un lugar que incomoda al establecimiento.
Pese a tener una historia tan dura, ¿piensa convertirse en aspirante presidencial para 2026? ¿No cree y no teme correr la misma suerte de su padre?
Si un líder político fuera asesinado hoy por lo que piensa, como sucedió en los años 80 y 90 del siglo pasado, Colombia estaría retrocediendo gravemente en democracia y derechos. Esperamos que la sociedad haya evolucionado y que sea impensable el asesinato de gente por lo que piensa. Yo no asumí este camino para denigrar del ejercicio de la política. Aquí estoy para enaltecer el servicio público y la representación popular. De lo que sí estoy segura es de que este es el tiempo de las mujeres.
Entonces ¿sí será candidata en 2026?
Voy a asumir cualquier reto que me sea demandado por el proyecto político que representamos.
Debido a las grandes dificultades de gobernabilidad, a los escándalos de corrupción y a las equivocaciones que ha sufrido el gobierno Petro, el país podría girar hacia una derecha extrema dentro de dos años como han dicho algunos expertos ¿Usted qué piensa al respecto?
Que Colombia ya cambió. Y que nosotros también hemos cambiado: tenemos más experiencia, más claridad y más futuro. Y Colombia ya sabe que hay una alternativa diferente al modelo que ha gobernado este país por 200 años.
“Un odio que se transmite de generación en generación”
Usted y su familia, ¿han sufrido discriminación social y persecución política por el parentesco con Carlos Pizarro aun cuando ustedes no hayan tenido que ver con movimientos rebeldes?
Cotidianamente sufrimos estigmatización. Yo era una niña cuando mis padres firmaron la paz. Jamás he hecho parte de una estructura guerrillera. La paz es mi herencia. Y, aun así, todos los días me dicen que soy hija de asesinos y heredera del terrorismo. Lo cierto es que soy hija de insurgentes, soy hija de unos padres que firmaron la paz y dejaron las armas para siempre. Pero sufro discriminación de manera constante por ser hija de mis padres. Más grave es que mis hijas también padezcan rechazo e insultos por ser nietas de Carlos Pizarro e hijas de María José Pizarro. En mi caso, por mi pensamiento político. Se trata de un odio que se transmite de generación en generación. en Colombia no hemos sido capaces de aceptar que pueden coexistir visiones políticas diferentes y que nuestras contradicciones se deben resolver en democracia.
“El sombrero de mi padre sí es un símbolo de paz”
El episodio del sombrero de su padre y la categoría de “bien de interés cultural” que quiso darle el Gobierno, no cayó bien. La estrategia oficial para anunciarlo, ¿estuvo mal estructurada? Muchos observadores comentaron que el gesto pareció desafiante y revanchista.
No me parece un gesto desafiante. Y aunque a muchos les incomode, el sombrero de mis padres sí es un símbolo de paz para Colombia. Pese a los tropiezos que comentamos en esta entrevista, mi padre lideró el primer proceso de paz exitoso en Colombia y en América Latina. Este hecho abrió camino para que varias organizaciones insurgentes en América Latina transitaran hacia la democracia. No estamos hablando de poner un arma como ejemplo. Hablamos del sombrero blanco que él usó para simbolizar su apuesta de paz porque lo vistió desde enero de 1988, cuando hizo la primera declaración conjunta con el entonces comisionado de paz del gobierno, Rafael Pardo, hasta el día de su asesinato. Me pregunto ¿por qué Colombia ha permitido la exaltación de narcotraficantes y paramilitares en telenovelas y películas como las de Pablo Escobar y los Tres Caínes? ¿Por qué el país tiene como referentes publicitarios a criminales de esa talla y no a quienes dejaron las armas y transitaron el camino de la paz?