Marihuana medicinal debe esperar

La reglamentación del uso terapéutico de la marihuana, como todos los temas que implican posiciones morales —aborto, eutanasia o matrimonio entre parejas del mismo sexo— resulta muy espinoso para el Congreso. Tanto que al no haber acuerdo para apoyar el uso medicinal del cannabis en la plenaria del Senado, la salida de los parlamentarios fue aplazar la discusión para marzo de 2015, decisión tomada con 46 votos a favor y 23 en contra.

Es que si bien es cierto que esa iniciativa contó con apoyo mayoritario en la Comisión Primera, también lo es que en la plenaria, ese respaldo se diluyó y el argumento de que su aprobación podría significar abrir la puerta al uso recreativo de la marihuana se convirtió en la principal talanquera.

No bastaron las explicaciones del senador Juan Manuel Galán, autor del proyecto y quien desde que lo radicó hizo foros, invitó a parlamentarios a Colorado (Estados Unidos) para que conocieran sus bondades, presentó a pacientes beneficiados con el uso terapéutico del cannabis y enfatizó, en varias ocasiones, que era una iniciativa que podría ser un tratamiento alternativo para pacientes que usan, por ejemplo, morfina, que genera complejos efectos colaterales.

Incluso, dijo que “es prioritario para los 48 millones de colombianos que podrían recibir los beneficios médicos y en especial para los cerca 400 mil enfermos de epilepsia”. Esos argumentos no fueron acogidos y, por el contrario, el Centro Democrático y el Partido Conservador se inclinaron por votar el hundimiento del proyecto.

Para el senador Álvaro Uribe, “según el discurso del senador Galán y del médico de Colorado que lo acompañó, es un proyecto que se constituye en una primera instancia de un proceso de legalización de las drogas, con lo cual el Centro Democrático está en desacuerdo”.

Y el senador Hernán Andrade, conservador, aunque reconoció que están demostradas las bondades del uso terapéutico de la marihuana, dijo que existe preocupación porque se abra la puerta para legalizar el consumo a todo nivel: “¿Quién tiene clara la forma como se va a reglamentar el uso?”.

Así, poco a poco la propuesta fue perdiendo respaldo y, para evitar su hundimiento, el senador liberal Horacio Serpa, lanzó el ‘salvavidas’ y solicitó el aplazamiento de la discusión y votación para marzo del próximo año, propuesta que finalmente fue aprobada.

Sin embargo, más allá del debate sobre si este proyecto de reglamentación del uso terapéutico de la marihuana es necesario, o si la aprobación abriría la puerta a una eventual legalización de su uso recreativo, algo que está claro es que si el Gobierno quisiera meterle dientes al asunto, desde hace años tiene la licencia para hacerlo.

En efecto, la Ley 30 de 1986 (Estatuto Nacional de Estupefacientes), en el Artículo 3° señala que “la producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes, lo mismo que el cultivo de plantas de las cuales éstos se produzcan, se limitará a los fines médicos y científicos, conforme la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Salud”.

Y, en su artículo 4° desarrolla la facultad del Ministerio de Salud al señalar que “El Consejo Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con las normas que para el efecto expida el Ministerio de Salud, señalará las drogas y medicamentos de que trata la presente ley que pueden importarse, producirse y formularse en el país, y los laboratorios farmacéuticos que las elaboren o produzcan de las plantas, de conformidad con las disposiciones del presente estatuto”.

Incluso, en el año 2009, cuando fue modificada la Constitución para que quedara explícito que “el porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”, quedó abierta la puerta para que el Gobierno, sin necesidad de un proyecto de ley como el de Galán, regule el uso terapéutico de esta sustancia.

Posición con la que está de acuerdo Uribe, quien cree que para establecer el uso medicinal de la marihuana no se necesita ley, “está autorizado desde 1961, basta una resolución. Que el ministro de Salud en su sabiduría cumpla con la ley que lo faculta para aprobar e improbar medicamentos”. Precisamente, el ministro Alejandro Gaviria ha reconocido los beneficios del uso terapéutico del cannabis y hasta ha señalado que era menos nociva que el alcohol.

No obstante, también considera que ese uso terapéutico impone cuestionamientos como: ¿Qué va a pasar con la producción, distribución y comercialización? ¿cuáles son las sustancias que van a estar en esta esfera regulatoria, porque es sólo la planta y no todos los derivados? y ¿cómo vamos a pagar por ella?

O sea, la última palabra, si hay decisión política, podría ser tomada por el Gobierno vía decreto. Si no es así, el Congreso tendrá que asistir a un nuevo debate sobre el uso terapéutico de la marihuana en marzo, asunto que, quedó demostrado, no será de fácil aprobación. Mientras tanto, los pacientes, potenciales usuarios de esta sustancia o sus derivados, siguen condenados al mercado ilegal o a medicamentos que no producen los efectos que necesitan para superar o disminuir el dolor que producen sus enfermedades.

La reglamentación del uso terapéutico de la marihuana, como todos los temas que implican posiciones morales —aborto, eutanasia o matrimonio entre parejas del mismo sexo— resulta muy espinoso para el Congreso. Tanto que al no haber acuerdo para apoyar el uso medicinal del cannabis en la plenaria del Senado, la salida de los parlamentarios fue aplazar la discusión para marzo de 2015, decisión tomada con 46 votos a favor y 23 en contra.

Es que si bien es cierto que esa iniciativa contó con apoyo mayoritario en la Comisión Primera, también lo es que en la plenaria, ese respaldo se diluyó y el argumento de que su aprobación podría significar abrir la puerta al uso recreativo de la marihuana se convirtió en la principal talanquera.

No bastaron las explicaciones del senador Juan Manuel Galán, autor del proyecto y quien desde que lo radicó hizo foros, invitó a parlamentarios a Colorado (Estados Unidos) para que conocieran sus bondades, presentó a pacientes beneficiados con el uso terapéutico del cannabis y enfatizó, en varias ocasiones, que era una iniciativa que podría ser un tratamiento alternativo para pacientes que usan, por ejemplo, morfina, que genera complejos efectos colaterales.

Incluso, dijo que “es prioritario para los 48 millones de colombianos que podrían recibir los beneficios médicos y en especial para los cerca 400 mil enfermos de epilepsia”. Esos argumentos no fueron acogidos y, por el contrario, el Centro Democrático y el Partido Conservador se inclinaron por votar el hundimiento del proyecto.

Para el senador Álvaro Uribe, “según el discurso del senador Galán y del médico de Colorado que lo acompañó, es un proyecto que se constituye en una primera instancia de un proceso de legalización de las drogas, con lo cual el Centro Democrático está en desacuerdo”.

Y el senador Hernán Andrade, conservador, aunque reconoció que están demostradas las bondades del uso terapéutico de la marihuana, dijo que existe preocupación porque se abra la puerta para legalizar el consumo a todo nivel: “¿Quién tiene clara la forma como se va a reglamentar el uso?”.

Así, poco a poco la propuesta fue perdiendo respaldo y, para evitar su hundimiento, el senador liberal Horacio Serpa, lanzó el ‘salvavidas’ y solicitó el aplazamiento de la discusión y votación para marzo del próximo año, propuesta que finalmente fue aprobada.

Sin embargo, más allá del debate sobre si este proyecto de reglamentación del uso terapéutico de la marihuana es necesario, o si la aprobación abriría la puerta a una eventual legalización de su uso recreativo, algo que está claro es que si el Gobierno quisiera meterle dientes al asunto, desde hace años tiene la licencia para hacerlo.

En efecto, la Ley 30 de 1986 (Estatuto Nacional de Estupefacientes), en el Artículo 3° señala que “la producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes, lo mismo que el cultivo de plantas de las cuales éstos se produzcan, se limitará a los fines médicos y científicos, conforme la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Salud”.

Y, en su artículo 4° desarrolla la facultad del Ministerio de Salud al señalar que “El Consejo Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con las normas que para el efecto expida el Ministerio de Salud, señalará las drogas y medicamentos de que trata la presente ley que pueden importarse, producirse y formularse en el país, y los laboratorios farmacéuticos que las elaboren o produzcan de las plantas, de conformidad con las disposiciones del presente estatuto”.

Incluso, en el año 2009, cuando fue modificada la Constitución para que quedara explícito que “el porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”, quedó abierta la puerta para que el Gobierno, sin necesidad de un proyecto de ley como el de Galán, regule el uso terapéutico de esta sustancia.

Posición con la que está de acuerdo Uribe, quien cree que para establecer el uso medicinal de la marihuana no se necesita ley, “está autorizado desde 1961, basta una resolución. Que el ministro de Salud en su sabiduría cumpla con la ley que lo faculta para aprobar e improbar medicamentos”. Precisamente, el ministro Alejandro Gaviria ha reconocido los beneficios del uso terapéutico del cannabis y hasta ha señalado que era menos nociva que el alcohol.

No obstante, también considera que ese uso terapéutico impone cuestionamientos como: ¿Qué va a pasar con la producción, distribución y comercialización? ¿cuáles son las sustancias que van a estar en esta esfera regulatoria, porque es sólo la planta y no todos los derivados? y ¿cómo vamos a pagar por ella?

O sea, la última palabra, si hay decisión política, podría ser tomada por el Gobierno vía decreto. Si no es así, el Congreso tendrá que asistir a un nuevo debate sobre el uso terapéutico de la marihuana en marzo, asunto que, quedó demostrado, no será de fácil aprobación. Mientras tanto, los pacientes, potenciales usuarios de esta sustancia o sus derivados, siguen condenados al mercado ilegal o a medicamentos que no producen los efectos que necesitan para superar o disminuir el dolor que producen sus enfermedades.