En estos últimos días se ha vivido un nuevo round en el choque entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá. Esta vez, la razón de la molestia entre la administración de Iván Duque y la de Claudia López es el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre lo ocurrido durante el paro nacional.
En la jornada de este miércoles, López anunció que aceptaba las recomendaciones hechas por la comisión y acogía “el mecanismo de seguimiento anunciado por la CIDH y solicitamos su acompañamiento de forma especial para la implementación de las recomendaciones y medidas en Bogotá”. Esta posición chocó con la del ejecutivo nacional, que no tomó del todo bien el informe del ente interamericano.
Por eso, este jueves, la administración Duque desautorizó a la alcaldesa bogotana en distintas instancias. Una de estas fue una carta que la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, envió directamente a López. En esta, Ramírez comenzó reconociendo algunos de los pronunciamientos hechos por la alcaldesa, pero luego pasó al reproche.
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En un primer renglón, la vicepresidenta agradeció que la mandataria local “manifestara su disposición de implementar lo pertinente a las recomendaciones (…) Valoramos y recogemos esta intención”. No obstante, desde el comienzo, Ramírez hizo énfasis en que su competencia solo se da “como primera autoridad de policía de la ciudad de Bogotá”.
Luego, la invitó a trabajar de manera conjunta en la supuesta profundización de la política en materia de derechos humanos de la fuerza pública, que estaría liderando el presidente. En dicho punto destacó un proyecto que se presentó en noviembre pasado y que tendría como objetivo “fortalecer la formación, protección y promoción de los derechos humanos y contar con una Policía más cercana a la ciudadanía”. En este mismo sentido hizo énfasis en que el cambio de uniformes de la Policía incluye la incorporación de cámaras de cuerpo que buscan grabar todos los procedimientos de los uniformados.
Luego de este punto, se dieron los reproches de la también canciller. Ramírez le recordó a Claudia López que “le corresponde al presidente dirigir las relaciones internacionales de Colombia”, por lo que censuró que esta haya invitado a la CIDH para que instale el mecanismo de seguimiento a derechos humanos en Bogotá.
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“En ese sentido, se trata de una atribución constitucional exclusiva del presidente, de allí que él goce de plena autonomía para decidir en materia internacional sobre el interés de la nación”, expresó Ramírez, para luego recalcar que solo Iván Duque “tendría la atribución constitucional y legal de aceptar la instalación de un mecanismo de seguimiento de un órgano internacional de cualquier tema y, en este caso particular, de los derechos humanos”.
Además de hacer dicha crítica, Ramírez expresó que la invitación no tendría razón de ser, pues la propuesta de la CIDH “no incluye la instalación presencial del mecanismo en el país”. Marta Lucía Ramírez también calificó que un organismo de este tipo no es necesario, debido a que la “institucionalidad colombiana es suficiente garantía de eficacia y seguimiento a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos” y se tiene el apoyo de varios organismos internacionales que llevan a cabo esta tarea de forma permanente.
“Consideramos que las instituciones nacionales y los organismos internacionales que actúan en Colombia desarrollan una tarea que permite garantizar con suficiencia el seguimiento a los derechos humanos en el país”, concluyó la vicepresidenta y canciller, que “reiteró” la disposición que tiene el ejecutivo para proteger a la ciudadanía, “en el marco de los derechos humanos”.
