La campaña presidencial de 2014 y varios hechos que rodearon el mismo proceso electoral volvieron de nuevo a estar en el primer punto del orden del día en el país.
Luego de que El Espectador revelara que una sentencia del Consejo de Estado le dio la razón a la exministra Marta Lucía Ramírez sobre los palos en la rueda que le pusieron a su candidatura desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), la directamente afectada anuncio las denuncias del caso. (Lea: Hubo juego sucio contra Marta Lucía Ramírez en elecciones)
Ramírez presentará las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación para que se investigue la conducta de los entonces magistrados del CNE que entorpecieron su campaña.
“Se trata de defender el derecho a adelantar una campaña sin ningún tipo de manipulación y también se trata de defender el derecho del Partido Conservador y su vocación de poder”, señaló. (Escuche a la líder conservadora)
A juicio de la exministra, los magistrados utilizaron el poder del máximo tribunal electoral para tomar una decisión con un trasfondo político.
El caso Ramírez en el CNE
Ante la división en los conservadores por la decisión de tener candidato propio o apoyar la reelección, se realizó una convención nacional, donde hubo un duro choque de opiniones. Los llamados reeleccionistas terminaron retirándose y Ramírez fue ungida como candidata oficial del partido. Esa decisión fue demandada ante el CNE, que en la Resolución 1408 dijo que la elección se había realizado de forma adecuada, pero condicionó el aval a que fuera entregada una certificación de transparencia del sistema de votación. La campaña quedó en una incertidumbre jurídica.
Al condicionar el aval, fue facultado el sector que apoyaba a Santos a no respaldar la candidatura de la colectividad sin incurrir en doble militancia. En segundo lugar, en algunas encuestas fue borrada de un plumazo la imagen de Marta Lucía Ramírez, porque su aspiración estaba en tela de juicio. Además, fue dilatado el anticipo económico de campaña que ordena la ley. Es decir, se rompió el partido, la candidata fue ignorada desde algunos sectores y tampoco había plata para campaña.
En ese momento hubo acusaciones contra el sector de los conservadores santistas de tratar de torpedear la campaña, en especial contra el senador Roberto Gerlein. Pero hubo acusaciones más graves: por la ascendencia en los partidos políticos del CNE, corrieron versiones de que la orden de poner palos en la rueda venía desde la Unidad Nacional, que estaba comprometida con la reelección. La acusación cayó sobre el magistrado Joaquín José Vives, quien era el ponente del caso y presidente de la entidad.
La sentencia del Consejo de Estado ratificó que “la ausencia de un pronunciamiento de fondo corrobora la desviación de poder en la que incurrió el CNE en el acto administrativo, pues al amparo de una débil motivación decidió sustraerse de emitir un pronunciamiento de fondo que diera cuenta de la validez de su decisión”. Se refieren al artículo que condicionó la aspiración presidencial de Ramírez.
Y agrega la sentencia: “El condicionamiento que hizo el CNE resulta contradictorio y carente de sentido (…) no se entiende cómo a través de una figura jurídica como la del exhorto, cuya naturaleza es llamar la atención a las autoridades para que cumplan con sus deberes, se impusiera el cumplimiento de un requisito para que las decisiones del partido fueran oponibles a sus miembros y a terceros, condicionamiento que no le correspondía imponer”.
Por Redacción Política
