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Una vez culminada la construcción del nuevo gabinete, el presidente Gustavo Petro empezó a nombrar a los líderes de las distintas agencias, departamentos y demás entidades adscritas a la Presidencia. Aunque no lo ha anunciado en su cuenta de Twitter, como viene haciendo con el resto de nombramientos, la abogada Martha Lucía Zamora fue designada como nueva directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, entidad que se dedica a defender los intereses de Colombia a nivel nacional e internacional.
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Zamora, quien hizo parte del comité de empalme para el sector de justicia, ya había trabajado con Petro durante su periodo como alcalde de Bogotá. Entre junio de 2014 y diciembre de 2015, la abogada se desempeñó como secretaria General del Distrito, cargo en el que relevó a la hoy ministra de Ambiente, Susana Muhamad. Zamora también tuvo un paso fugaz por la Fiscalía, en marzo de 2012, cuando se desempeñó como fiscal encargada tras la renuncia de Viviane Morales.
Otras funciones que desempeñó la nueva directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado fueron como magistrada auxiliar en la Corte Constitucional, Procuradora delegada y fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Su último cargo fue la dirección administrativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), del que salió luego de que la fiscalía de Néstor Humberto Martínez le abriera una investigación por posibles actos de corrupción cometidos por funcionarios de ese organismo de justicia transicional.
La acusación avanzó a tal punto que Zamora tuvo que renunciar a su cargo. La funcionaria incluso fue llamada por la Fiscalía a juicio, acusada de supuestamente favorecer a exintegrantes de las desmovilizadas Farc. La entidad investigó a Zamora por los delitos de abuso de función pública, perturbación de actos oficiales, y asesoramiento y otras actuaciones ilegales, pero hace poco más de un mes, tras casi cuatro años de proceso, fue declarada inocente de todos los cargos.
Zamora reemplazará a Camilo Gómez, excomisionado de Paz, quien estuvo en el puesto desde 2018 y tuvo a su cargo varios pleitos con multinacionales que le reclaman billones al Estado, pero también asumió casos de víctimas de graves violaciones de derechos humanos ante la Corte Interamericana.
