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El gobierno del presidente Santos ha tenido un enfoque más social que el período presidencial anterior, cuando el centro estaba en la seguridad democrática. ¿Pero ha logrado una verdadera inclusión social, que es la gran necesidad de los colombianos? Una verdadera inclusión social qué implica: dejar de ser el país más desigual de América Latina, niveles de pobreza inferiores al 20%, menor desempleo abierto con reducción del trabajo informal, empezar a cerrar la inmensa brecha rural urbana, iniciar la reducción de la desigualdad entre hombres y mujeres, y acabar la histórica carencia de educación, salud y seguridad social para los pobres.
Para comprender mejor sus resultados, tres aspectos deben considerarse: su concepción, la institucionalidad para realizarla y los recursos asignados. Con respecto a lo primero, es evidente que ha seguido vigente en este Gobierno el modelo de desarrollo cuya gran prioridad es el crecimiento económico y cuya política social está orientada a focalizar subsidios a los sectores de población que han ido quedando rezagados.
Los derechos económicos, sociales y culturales —consagrados en la Constitución del 91 para toda la población— que exigen políticas crecientemente universales, solidarias y equitativas, no son el foco del gobierno Santos. Sobre la institucionalidad, que esta administración ha reformado, se podría sintetizar en que a cada problema social se le ha creado una institución, perdiéndose claramente la transversalidad que por definición exigen las necesidades de la gente y, más grave aún, eliminando la coherencia que debe darse entre las diferentes estrategias.
Con respecto al gasto social, Colombia —como el resto de América Latina— ha hecho un esfuerzo desde mediados de los 90 por aumentar la proporción del Producto Interno Bruto destinada a estos sectores (13%), pero aún está muy por debajo del promedio latinoamericano (18,9%).
Los resultados en los indicadores sociales de los dos primeros años del gobierno Santos deben partir del reconocimiento del positivo crecimiento de la economía —4 en 2010 y 5,9% en 2012—, hecho que sin duda ha favorecido a distintos sectores del país. Según datos oficiales, su mayor resultado ha sido la reducción de la pobreza en 1,2 millones de personas en 2011 y 674 mil de la miseria. También se muestra una disminución del desempleo en este período, del 11,8 en 2010 a 10,8% en 2012.
Dos comentarios. Por la forma como se definió estadísticamente la línea de pobreza y de indigencia, lo que realmente sucede es que se hace menos exigente la medición de la situación a estos grupos de población. No han dejado de ser pobres familias con cuatro miembros que reciben un poco más de $710 mil mensuales o dejaron de ser miserables los hogares con ingresos mensuales para cuatro personas de un poco más de $295 mil. Definitivamente no entraron a la clase media.
Cuando se baja la línea de pobreza es obvio que se reduzcan sus niveles, pero de allí a proclamar semejante reducción en la pobreza en sólo un año es sobredimensionar los resultados. La pobreza es un estado que sólo cambia cuando durante un tiempo hay coherencia en las políticas.
El segundo comentario se refiere al desempleo. Obviamente, cuando la economía crece se reduce la desocupación abierta, pero no se menciona que simultáneamente está aumentando el trabajo informal: 67%, según Planeación Nacional, definido como el porcentaje de ocupados que no cotizan pensiones. La verdadera conclusión es que sí hay menos desocupados, pero gracias a que hay más informalidad en sectores donde históricamente se generó trabajo digno, industria y sector financiero. Además, en el sector agropecuario el trabajo precario sigue representando el 90,3%.
No es aceptable que el Gobierno considere Familias en Acción como un derecho y como el pilar de la política social, cuando no se reconoce la crisis de la salud y la difícil situación de la educación. Es una estrategia que aumenta la demanda por servicios sociales, pero que no mejora la calidad de su oferta en educación y salud. Subsidios y más subsidios condicionados, ahora para jóvenes y ya existen para los ancianos. ¿Qué sucederá cuando la economía se siga desacelerando? ¿De dónde saldrá la plata? Ni el Banco Mundial, gran promotor de esta estrategia, avala esta como política de largo plazo. La prevé para situaciones críticas de corto plazo.
Asistencialismo, intermediación y desgreño estatal impiden que ese enfoque social se convierta en realidad. Con una economía desacelerándose, y sin verdaderas soluciones a la crisis de salud, de educación y de justicia, los dos años venideros no se ven muy prometedores.
* Exministra, directora del Centro Internacional de Pensamiento Cisoe.
Por Por Cecilia López Montaño*
