Mauricio Toro tacha de intimidatorias las denuncias en su contra interpuestas por el gremio de taxistas

Ante el conocimiento de denuncias en su contra interpuestas por el gremio taxista del país, el representante verde, Mauricio Toro, manifestó que insistirá que, dentro del Congreso, se reglamenten las plataformas digitales, como Uber, Cabify, Beat, “para que los ciudadanos escojan libremente en qué movilizarse”.

Las denuncias son dos, ambas radicadas ante la Procuraduría, que terminó remitiéndolas a las instancias correspondientes. Una es por el delito de prevaricato, que fue transferida a la Corte Suprema de Justicia, y, la segunda, buscaba que lo sancionaran por “favorecer a las plataformas que han sido declaradas ilegales”, además de pedir información sobre financiadores de campaña e identificar un posible conflicto de interés con el que se pudiera interponer un recurso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado.

Esta última denuncia fue remitida por el Ministerio Público a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, argumentando que “los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo”.

Le puede interesar: “El fallo (sobre Uber) contradice las banderas de Duque”: Mauricio Toro.

Igualmente, desde la oficina de prensa del representante reiteraron que el tema de la financiación ha sido algo con lo que quieren cuestionar su defensa por la regularización de las plataformas digitales. “Es falso y sus cuentas de campaña son de público acceso en la web de la Registraduría y los demandantes no han presentado ni una sola prueba”.

Además de esto, Toro presentó una denuncia ante Fiscalía por amenazas e intimidaciones en contra de su integridad física que ha recibido a través de diferentes medios. A pesar de estas y los recursos jurídicos radicados en su contra, el representante insiste en que seguirá defendiendo el proyecto que, es espera, comience su discusión en la Comisión Sexta de la Cámara en marzo.

“Son acciones temerarias y erróneas y otros de los muchos intentos por detener un debate inevitable en Colombia, como es el de regular las plataformas de transporte. Desde el 2019, hemos venido insistiendo en la urgencia y la necesidad de reglamentar las plataformas de transporte, pero los gremios de taxistas siguen manteniendo un monopolio en contravía de los derechos de los colombianos de escoger con libertad en qué se quieren movilizar, de acuerdo con su presupuesto y calidad de servicio”, comentó Toro.

Sobre su proyecto, dice que es una “reglamentación moderna, que equilibra la cancha, elimina cargas a los taxistas y permite el funcionamiento de las plataformas, basándose en el libre mercado”.

En diciembre de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó a Uber dejar de operar en el país por “competencia desleal”, hecho que se materializó el 31 de enero de 2020. Sin embargo, en febrero volvió al mercado ofreciendo otra forma de funcionamiento, dictada a través de contratos entre el usuario y el conductor asociado.

Pese a que la aplicación sigue funcionando, hay quienes insisten en la necesidad de no dejar un vacío legal en el tema, que pueda dar pie a otro escenario parecido al ocurrido. El llamado es también a mirar otras aplicaciones, que no necesariamente prestan servicios de movilidad.

Ante el conocimiento de denuncias en su contra interpuestas por el gremio taxista del país, el representante verde, Mauricio Toro, manifestó que insistirá que, dentro del Congreso, se reglamenten las plataformas digitales, como Uber, Cabify, Beat, “para que los ciudadanos escojan libremente en qué movilizarse”.

Las denuncias son dos, ambas radicadas ante la Procuraduría, que terminó remitiéndolas a las instancias correspondientes. Una es por el delito de prevaricato, que fue transferida a la Corte Suprema de Justicia, y, la segunda, buscaba que lo sancionaran por “favorecer a las plataformas que han sido declaradas ilegales”, además de pedir información sobre financiadores de campaña e identificar un posible conflicto de interés con el que se pudiera interponer un recurso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado.

Esta última denuncia fue remitida por el Ministerio Público a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, argumentando que “los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo”.

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Igualmente, desde la oficina de prensa del representante reiteraron que el tema de la financiación ha sido algo con lo que quieren cuestionar su defensa por la regularización de las plataformas digitales. “Es falso y sus cuentas de campaña son de público acceso en la web de la Registraduría y los demandantes no han presentado ni una sola prueba”.

Además de esto, Toro presentó una denuncia ante Fiscalía por amenazas e intimidaciones en contra de su integridad física que ha recibido a través de diferentes medios. A pesar de estas y los recursos jurídicos radicados en su contra, el representante insiste en que seguirá defendiendo el proyecto que, es espera, comience su discusión en la Comisión Sexta de la Cámara en marzo.

“Son acciones temerarias y erróneas y otros de los muchos intentos por detener un debate inevitable en Colombia, como es el de regular las plataformas de transporte. Desde el 2019, hemos venido insistiendo en la urgencia y la necesidad de reglamentar las plataformas de transporte, pero los gremios de taxistas siguen manteniendo un monopolio en contravía de los derechos de los colombianos de escoger con libertad en qué se quieren movilizar, de acuerdo con su presupuesto y calidad de servicio”, comentó Toro.

Sobre su proyecto, dice que es una “reglamentación moderna, que equilibra la cancha, elimina cargas a los taxistas y permite el funcionamiento de las plataformas, basándose en el libre mercado”.

En diciembre de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó a Uber dejar de operar en el país por “competencia desleal”, hecho que se materializó el 31 de enero de 2020. Sin embargo, en febrero volvió al mercado ofreciendo otra forma de funcionamiento, dictada a través de contratos entre el usuario y el conductor asociado.

Pese a que la aplicación sigue funcionando, hay quienes insisten en la necesidad de no dejar un vacío legal en el tema, que pueda dar pie a otro escenario parecido al ocurrido. El llamado es también a mirar otras aplicaciones, que no necesariamente prestan servicios de movilidad.