Mayor Wilson Leal: el “apagafuegos” del coronavirus en las cárceles

“Cuando hay un chicharrón me dicen: ‘vaya y solucione’. Y lo disfruto, porque no me gusta lo fácil”. Así describe Wilson Leal, mayor del INPEC, las tareas titánicas que le han puesto en la entidad encargada de custodiar las cárceles de la nación, donde lleva ya treinta años. No es para menos. Desde que comenzó la pandemia del nuevo coronavirus y comenzó a causar estragos en las cárceles, Leal le ha hecho honor a su apellido: se ha convertido en uno de los hombres de confianza del director del instituto, general Norberto Mujica, quien lo envía a ponerse al frente de las cárceles en las que parece que el COVID-19 va a salirse de control.

Ese bagaje había hecho que le encargaran restaurar el orden en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, luego de la conocida fuga de la excongresista Aida Merlano. “Allí enfrenté no el COVID-19, pero sí el escándalo”, dijo. Desde hace un par de semanas Leal es el director encargado de la cárcel de Popayán (Cauca), un penal con 2.211 reclusos donde, en la primera semana de diciembre, solo había dos internos y un guardia con coronavirus. “Acá ya pasó lo duro”, dijo. Es un panorama muy distinto al de la cárcel de Villavicencio (Meta), la primera del país a la que llegó la pandemia, donde se dieron las primeras muertes y, con una población de 1.700 reclusos, alcanzó a haber 900 contagiados.

Pero, como les ha ocurrido a médicos y científicos, el oficial del INPEC ha aprendido de estos nueve meses de pandemia. Antes de llegar a Popayán, el mayor había estado al frente de la cárcel de Pasto (Nariño), en agosto, y, antes, en junio, tuvo a su cargo la de Villahermosa, en Cali. “El director de la cárcel de Cali dio positivo para COVID-19 y se agravó. Lo tuvieron que internar en la UCI, y preciso en el establecimiento estaban aumentando los casos”, recordó. Leal acudió, entonces, a la experiencia: “Tomé mucho ejemplo de Villavicencio. Hablaba con el comandante de vigilancia de allá sobre qué fue lo que hicieron para tener una idea de qué funcionaba”.

Él mismo fue comandante de vigilancia en alrededor de veinte cárceles que opera el INPEC. En ese cargo, que consiste en coordinar la seguridad de una prisión, Leal hizo su carrera y ahora coordina también los grupos de operaciones especiales, que son los guardias del INPEC que hacen los operativos y redadas para destapar ollas u organizaciones criminales dentro de las prisiones. Dice que por eso cuando llegó a Cali su preocupación era que se conservara la calma. El país todavía tenía vivas las imágenes de los motines y protestas de reclusos en marzo, que dejaron un saldo de 24 muertos en La Modelo, en Bogotá. El oficial no quería que eso se repitiera.

“Cuando llegué a Cali, dialogué con los privados de la libertad y les dije que necesitaba un buen comportamiento en la cárcel, que no quería que hubiera intentos de fuga ni motines, porque en ese momento necesitábamos concentrarnos en la parte médica y en salvar las vidas de los internos. Y ellos lo entendieron”, asegura. Luego, en Pasto, repitió el ejercicio: “Me reuní con los representantes de derechos humanos de los internos y les dije que, para poder enfocar todo el esfuerzo hacia su salud, necesitaba que no hubiera fugas”. Tampoco las hubo. En cambio, funcionarios de las entidades de salud de ambas ciudades han elogiado su trabajo, pues abrió el diálogo con ellos.

Leal se queda acuartelado en todas las cárceles a las que llega. Y aún con todas las precauciones que toma, el COVID-19 ya le pasó factura. “Era apenas normal que me fuera a contagiar”, dijo. Las primeras dos pruebas que le hicieron en Cali le salieron negativas, pero una tercera que le hicieron en Pasto en agosto lo hizo recluirse por dos semanas en su habitación de la prisión, desde donde siguió al frente de todo. “Fue un susto. Pensé mucho en mi familia. Yo me había ido solo allá y sentí miedo, porque para esa época habían fallecido varios uniformados. No había transporte. Estaba a 18 horas de mi casa y, si me llegaba a pasar algo, estaba solo”, dijo. Pero lo superó.

El miedo que se sentía al comienzo, ese sentimiento que llevó a tantos reclusos a protestar y que él mismo experimentó, ya no lo ve presente. “El primer temor de los internos es al contagio, porque hay muchas personas con enfermedades crónicas. También hay patios con personas de la tercera edad”, agregó el oficial. No obstante, él cree que ha quedado claro que el coronavirus le puede dar a cualquiera, pero prima la preparación: las técnicas que funcionaron en Villavicencio y que impidieron que en Cali ocurriera una crisis similar, el mayor Leal también las ha llevado a Pasto y Popayán, donde, a pesar de que permanecen restringidas las visitas de familiares, no se vive la incertidumbre que se avizoraba cuando se reportó el primer contagio en una cárcel.

“Cuando hay un chicharrón me dicen: ‘vaya y solucione’. Y lo disfruto, porque no me gusta lo fácil”. Así describe Wilson Leal, mayor del INPEC, las tareas titánicas que le han puesto en la entidad encargada de custodiar las cárceles de la nación, donde lleva ya treinta años. No es para menos. Desde que comenzó la pandemia del nuevo coronavirus y comenzó a causar estragos en las cárceles, Leal le ha hecho honor a su apellido: se ha convertido en uno de los hombres de confianza del director del instituto, general Norberto Mujica, quien lo envía a ponerse al frente de las cárceles en las que parece que el COVID-19 va a salirse de control.

Ese bagaje había hecho que le encargaran restaurar el orden en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, luego de la conocida fuga de la excongresista Aida Merlano. “Allí enfrenté no el COVID-19, pero sí el escándalo”, dijo. Desde hace un par de semanas Leal es el director encargado de la cárcel de Popayán (Cauca), un penal con 2.211 reclusos donde, en la primera semana de diciembre, solo había dos internos y un guardia con coronavirus. “Acá ya pasó lo duro”, dijo. Es un panorama muy distinto al de la cárcel de Villavicencio (Meta), la primera del país a la que llegó la pandemia, donde se dieron las primeras muertes y, con una población de 1.700 reclusos, alcanzó a haber 900 contagiados.

Pero, como les ha ocurrido a médicos y científicos, el oficial del INPEC ha aprendido de estos nueve meses de pandemia. Antes de llegar a Popayán, el mayor había estado al frente de la cárcel de Pasto (Nariño), en agosto, y, antes, en junio, tuvo a su cargo la de Villahermosa, en Cali. “El director de la cárcel de Cali dio positivo para COVID-19 y se agravó. Lo tuvieron que internar en la UCI, y preciso en el establecimiento estaban aumentando los casos”, recordó. Leal acudió, entonces, a la experiencia: “Tomé mucho ejemplo de Villavicencio. Hablaba con el comandante de vigilancia de allá sobre qué fue lo que hicieron para tener una idea de qué funcionaba”.

Él mismo fue comandante de vigilancia en alrededor de veinte cárceles que opera el INPEC. En ese cargo, que consiste en coordinar la seguridad de una prisión, Leal hizo su carrera y ahora coordina también los grupos de operaciones especiales, que son los guardias del INPEC que hacen los operativos y redadas para destapar ollas u organizaciones criminales dentro de las prisiones. Dice que por eso cuando llegó a Cali su preocupación era que se conservara la calma. El país todavía tenía vivas las imágenes de los motines y protestas de reclusos en marzo, que dejaron un saldo de 24 muertos en La Modelo, en Bogotá. El oficial no quería que eso se repitiera.

“Cuando llegué a Cali, dialogué con los privados de la libertad y les dije que necesitaba un buen comportamiento en la cárcel, que no quería que hubiera intentos de fuga ni motines, porque en ese momento necesitábamos concentrarnos en la parte médica y en salvar las vidas de los internos. Y ellos lo entendieron”, asegura. Luego, en Pasto, repitió el ejercicio: “Me reuní con los representantes de derechos humanos de los internos y les dije que, para poder enfocar todo el esfuerzo hacia su salud, necesitaba que no hubiera fugas”. Tampoco las hubo. En cambio, funcionarios de las entidades de salud de ambas ciudades han elogiado su trabajo, pues abrió el diálogo con ellos.

Leal se queda acuartelado en todas las cárceles a las que llega. Y aún con todas las precauciones que toma, el COVID-19 ya le pasó factura. “Era apenas normal que me fuera a contagiar”, dijo. Las primeras dos pruebas que le hicieron en Cali le salieron negativas, pero una tercera que le hicieron en Pasto en agosto lo hizo recluirse por dos semanas en su habitación de la prisión, desde donde siguió al frente de todo. “Fue un susto. Pensé mucho en mi familia. Yo me había ido solo allá y sentí miedo, porque para esa época habían fallecido varios uniformados. No había transporte. Estaba a 18 horas de mi casa y, si me llegaba a pasar algo, estaba solo”, dijo. Pero lo superó.

El miedo que se sentía al comienzo, ese sentimiento que llevó a tantos reclusos a protestar y que él mismo experimentó, ya no lo ve presente. “El primer temor de los internos es al contagio, porque hay muchas personas con enfermedades crónicas. También hay patios con personas de la tercera edad”, agregó el oficial. No obstante, él cree que ha quedado claro que el coronavirus le puede dar a cualquiera, pero prima la preparación: las técnicas que funcionaron en Villavicencio y que impidieron que en Cali ocurriera una crisis similar, el mayor Leal también las ha llevado a Pasto y Popayán, donde, a pesar de que permanecen restringidas las visitas de familiares, no se vive la incertidumbre que se avizoraba cuando se reportó el primer contagio en una cárcel.