:format(jpeg)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elespectador/f1b13268-0e52-4802-b441-b909fc3d4e35.png){kind=small}
:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/eTRxhmBayW4qdyAzZAgQKdCEeYk=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/DWOQ7Z6MIRF3LOMXP55UKLWG6U.jpg)
Guillermo Cano fue asesinado por orden del capo Pablo Escobar el 17 de diciembre de 1986. ¿Cómo explica que solo hace dos días, 37 años después, el Estado colombiano haya reconocido, en un acto público de reparación, sus omisiones en la protección al periodista, a sus familiares y a las otras víctimas del crimen, y en el desarrollo de las investigaciones judiciales?
La ceremonia del pasado viernes, aun tras tantos años de atraso o quizá por eso mismo, es un hito: que el Estado haya, finalmente, reconocido su responsabilidad por la ausencia total de protección a Guillermo Cano y por la falta de resolución judicial del magnicidio 37 años después es un paso muy importante y un mensaje fuerte al que es necesario hacerle seguimiento para que no quede reducido a palabras. La búsqueda de verdad y justicia para Guillermo Cano y para todos los periodistas y empleados de El Espectador que sufrieron, de manera directa, la violencia descarnada del país no se termina con este acto de reconocimiento; más bien comienza una nueva etapa. No solo la familia sino toda la sociedad colombiana deben exigirle al Estado que cumpla los compromisos adquiridos en la ceremonia de hace dos días.
Además del ministro de Justicia, vocero del Gobierno en el acto de reconocimiento de responsabilidad estatal, ¿quiénes más asistieron a la ceremonia a nombre de la Nación o de organismos internacionales?
Además de la señora Ana María Cano (esposa) y de los hijos y nietos de don Guillermo, estuvo el ministro de Justicia Néstor Osuna; su viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña; la consejera de Derechos Humanos de la Presidencia, Lourdes Castro; Francisco José Coy, viceministro de Relaciones Exteriores de la Cancillería; Paula Robledo, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado; Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP; José Luis Caballero, en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y la Robert F. Kennedy Human Rights, con nosotros.
En la información disponible sobre los acontecimientos sucedidos después del crimen cometido contra el director de este diario, se sabe que más de diez periodistas de El Espectador fueron asesinados “por hacer su trabajo”. Además, varios abogados contratados por la familia también cayeron bajo las balas. ¿Cuáles fueron las otras víctimas mortales con relación a estos hechos?
Con la persecución descarnada que sufrió El Espectador, fue evidente la intención de acallar el diario y destruirlo por completo. El 16 de julio de 1986 fue asesinado Roberto Camacho Prada, corresponsal en Leticia que adelantaba investigaciones contra el narcotráfico; el 17 de diciembre de ese año fue asesinado Guillermo Cano Isaza; el 29 de marzo de 1989 murió, baleado, Héctor Giraldo Gálvez, abogado de la familia Cano, y el 16 de agosto de ese mismo año le quitaron la vida al magistrado Carlos Ernesto Valencia, del Tribunal Superior de Bogotá, que acababa de llamar a juicio, como autor del crimen, a Pablo Escobar, y la jueza que había conocido el proceso tuvo que exiliarse. El 2 de septiembre de 1989 una bomba explotó en las instalaciones del diario y derruyó su sede física. En octubre de ese año asesinaron a Marta Luz López, gerente administrativa, y a Miguel Soler, coordinador de circulación del periódico en Medellín.
Se trató de una matanza continuada contra periodistas y defensores que duró muchos años. ¿Cuántas víctimas hubo, en total, en esa época?
En total se registraron 52 asesinatos contra periodistas en esa época. Los ataques vinieron no solo de las mafias, sino también de los grupos guerrilleros y del paramilitarismo. Esos sectores tenían en común que consideraban que los medios y los periodistas eran enemigos a los que había que silenciar. Estos episodios fueron muy bien documentados por el Centro de Memoria Histórica en su informe “La memoria y el silencio”, que también quedaron reflejados en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Nelson Carvajal Carvajal, docente y periodista del Huila asesinado en abril de 1998 por sicarios en moto, después de que publicara una serie de denuncias sobre la corrupción de la dirigencia local.
En 1997, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó el caso sobre el asesinato a Guillermo Cano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que ese organismo le exigiera al Estado de Colombia que asumiera la responsabilidad por acción u omisión en la protección a su vida y libertad. Eso sucedió hace 26 años. ¿Qué pasó entonces y por qué la CIDH no llegó a ninguna conclusión?
El caso de Guillermo Cano fue presentado por la SIP en febrero de 1997 y al mes siguiente la CIDH le trasladó la petición al Estado, lo que para los estándares usuales de la Comisión es una apertura a trámite bastante rápida. Pero tras unos años de intercambio de observaciones, en febrero de 2001 (gobierno Pastrana), la CIDH decidió acumular el caso de don Guillermo con el del periodista barranquillero Carlos Lajud Catalán, también asesinado, y emitió un informe en el que decidió, simultáneamente, admitir ambos casos y pronunciarse sobre el fondo. A partir de ahí el trámite se enredó, pues al representante de las víctimas en ese momento, es decir, a la Sociedad Interamericana de Prensa, no se le dio a conocer ese informe. Lo que se pudo saber después, gracias a un derecho de petición de 2016, fue que Colombia sí fue notificada en 2001 y que la CIDH le dio dos meses de plazo para cumplir con las recomendaciones emitidas, pero no hubo constancia de ninguna actuación posterior.
¿Cómo se reactivó, 21 años después —es decir en 2018—, el caso Cano ante la CIDH, entonces con el acompañamiento de la fundación para la que usted trabaja, la Robert F. Kennedy Human Rights, y de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), de Colombia?
Como dije, en 2016 se solicitó información a la CIDH sobre el estado procesal del caso, pero la Comisión solo respondió en 2018. Y en su respuesta, la CIDH confirmó que había adoptado el informe del que he venido hablando, en 2001, y que se lo había transmitido a Colombia ese mismo año con un plazo de dos meses para cumplir con sus recomendaciones. También consta que el Estado colombiano solicitó una prórroga y, después, presentó su respuesta. El Estado, además, informó que en sus archivos constaba el informe final sobre el caso que había sido adoptado por la CIDH. Pero a partir de ahí no hay claridad, ni siquiera dentro de la Comisión, sobre lo que pasó con ese informe y su seguimiento. Por esa época, nos unimos la FLIP y mi organización, Robert F. Kennedy Human Rights, con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para correpresentar a la familia en el proceso. El 12 de julio de 2018, la CIDH nos comunicó que había decidido reactivar el seguimiento de las recomendaciones sobre el fondo del caso y nos convocó a una reunión de trabajo.
Muy raro e intrincado el procedimiento en la CDH con respecto al crimen contra Guillermo Cano siendo que, si hay un caso flagrante de violación de las responsabilidades de Colombia con respecto a la persecución a muerte de la mafia contra el periodismo, este es uno de los emblemáticos... ¿Qué decidieron hacer ustedes en 2016?
Nosotros, como correpresentantes, le planteamos a la CIDH la solicitud de retrotraer el procedimiento del caso Cano hasta la adopción preliminar del informe de fondo, para que se nos notificara como debería haberlo hecho en su momento. Y, de esa manera, que pudiéramos ser consultados no solo sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones del informe por parte del Estado, sino sobre la opinión respecto a someter o no este caso al criterio y decisión de la Corte Interamericana. Después de estudiar la solicitud que le hicimos, la Comisión decidió no acogerla y ratificar su decisión de reactivar el seguimiento a sus recomendaciones de 2001. Comenzamos, entonces, una nueva etapa de conversaciones directas con el Estado de Colombia para llegar a un acuerdo de cumplimiento, que fue el que finalmente firmamos el viernes pasado, 9 de febrero de 2024.
Sigue pareciendo extraña esa conducta de la CIDH. ¿Cómo explica usted que un organismo tan serio como ese haya llegado a conclusiones sobre las responsabilidades de Colombia en el crimen contra Guillermo Cano hace 22 años y nadie, aquí, entre los miembros de su familia, abogados y periodistas, se hubiera enterado?
Ciertamente, es difícil de explicar. Hasta el día de hoy, no tenemos una respuesta concluyente. A mí me cuesta pensar que haya sido algo intencional, sobre todo porque el informe sí se adoptó encontrando al Estado responsable de violar una serie de derechos en perjuicio de don Guillermo Cano y su familia. Y, además, ese informe con sus recomendaciones sí se le transmitió al Estado. Pero le recuerdo que era 2001 y que, en aquella época, los procesos y sistemas internos de la CIDH eran manuales. Este tipo de procedimientos podía incrementar el margen de error. Sea lo que sea, lo que sí es claro es que no hubo seguimiento del caso por parte de la CIDH ni del Estado de Colombia. Esos errores son los responsables de que se les hayan cerrado las puertas a las víctimas para acceder a la Corte IDH.
¿Por qué y con cuáles argumentos la Comisión Interamericana les anuló a las víctimas la posibilidad de reexaminar esos hechos criminales?
La CIDH no tiene un procedimiento que permita anular lo actuado. Y aunque, como representantes de la familia Cano, analizamos que se habían cometido ciertos errores procesales que incumplían sucesivos reglamentos de la propia Comisión y que, por eso, debería haberse considerado que lo actuado a partir de cierto punto no tenía validez, la falta de antecedentes en el seno de ese organismo sobre cómo anular actuaciones y el hecho de que no esté previsto en su propio marco reglamentario hicieron que, finalmente, la CIDH optara por continuar con el seguimiento del caso sin corregir nada de lo actuado en el pasado.
En el contexto de esta historia, cuya parálisis durante tres inútiles décadas parece revictimizante, ¿para qué estuvieron en Bogotá voceros de la CIDH?
La CIDH no es un órgano estático y los comisionados de ahora no son los que estuvieron en la época en que se cometieron los errores con el procesamiento del caso. Desde que se volvió a cuestionar sobre qué había sucedido, la CIDH reconoció que, en efecto, había un “tramite atípico”. Por eso se disculpó con la familia Cano. La presencia de un miembro de la Comisión en Bogotá, en el acto de reconocimiento del Estado, era también un compromiso de la CIDH de desagravio a la familia. Esto explica que, en sus palabras durante el acto, el comisionado José Luis Caballero, que vino en representación de ese organismo internacional, se haya excusado públicamente con la familia.
¿Cuáles medidas de reparación se comprometió el Estado colombiano a ejecutar, materiales o morales, y cómo se garantizará su cumplimiento?
Es un acuerdo sencillo que busca, por un lado, fortalecer las obligaciones oficiales de impulsar el esclarecimiento pleno del asesinato de don Guillermo Cano y descubrir a todos los que participaron en su planeación y ejecución, así como a quienes encubrieron los hechos. También se adoptaron medidas de carácter más simbólico que buscan rescatar la memoria de don Guillermo para que las generaciones venideras conozcan su historia y su importancia en el periodismo colombiano; en especial, su lucha y la de El Espectador en defensa de la democracia: esta era la verdadera batalla que se daba desde el periódico; no solo el combate al narcotráfico, que también era un objetivo pero que no cubría toda la dimensión de la tarea que se impusieron, en aquellos años aciagos, el director del diario y sus periodistas.
Judicial e históricamente, ¿qué cambia después de la aceptación de responsabilidad por parte del Estado colombiano en el asesinato de quien hoy es símbolo del periodismo digno de este país?
Desde el punto de vista del proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la aceptación de responsabilidad es parte del acatamiento a las recomendaciones que hizo la CIDH en su informe de 2001, tras encontrar al Estado responsable por la violación de una serie de derechos, incluyendo los derechos a la vida, la protección judicial y la libertad de expresión de Guillermo Cano y su familia. Esa aceptación oficial también va acompañada de la firma de un acuerdo de cumplimiento, cuya implementación vamos a monitorear de manera permanente como representantes de la familia, en la SIP, la FLIP y el RFK Human Rights. En sus palabras de reconocimiento de responsabilidad y petición de perdón, el ministro de Justicia elevó, a un nivel muy alto, el compromiso del Estado al punto de afirmar que se avergonzaría personalmente si se incumple lo acordado con la familia. Sus palabras deben concretarse en acciones específicas de los funcionarios competentes.
¿Cuántos años lleva trabajando en el caso Cano y por qué ha persistido en el logro de la aceptación de responsabilidades oficiales?
Yo llevo pocos años involucrada en los esfuerzos por lograr justicia y verdad, si los comparo con el trabajo de muchas personas y organizaciones que han persistido por décadas con el objeto de conseguir este fin. Ciertamente, la familia Cano Busquets ha sido el motor de este proceso durante estas décadas. No queda duda de que hubo un prolongado y difícil esfuerzo, desde el más alto nivel de poder, por evitar el esclarecimiento de los hechos que rodearon el asesinato de don Guillermo Cano y toda la violencia que, de manera sistemática, sufrió El Espectador. Hay que tener en cuenta que reconocer la responsabilidad oficial por la muerte de Guillermo Cano significa reconocer, también, la existencia de un contexto más generalizado de violencia contra la prensa que se intentó negar oficialmente en gobiernos sucesivos.
Me parece que usted cree que en pasados gobiernos hubo no solo negligencia para ignorar o minimizar lo que significaba el asesinato de Guillermo Cano, sino que se trató de una estrategia para acallar su historia. ¿Es así?
Una cosa no excluye la otra y no fue actitud de un solo gobierno sino de varios: no hubo interés en reconocer que había un contexto generalizado de violencia. Y también hubo un esfuerzo claro, de unos sectores oficiales, en evitar ahondar en los hechos que rodearon el asesinato de don Guillermo, sobre todo en descubrir quiénes eran los encubridores del crimen. Si esto no fuera tan claro, no se podría entender cómo los funcionarios judiciales e investigadores que se atrevieron a avanzar en el proceso terminaron, también, asesinados o exiliados.
“El Estado colombiano miró para otro lado”
El viernes pasado se realizó un conmovedor acto de reconocimiento del Estado de su responsabilidad por el asesinato del director de El Espectador en el año 1986, Guillermo Cano Isaza. Aunque tardío y después de 37 años y de seis gobiernos (Pastrana, dos de Uribe, dos de Santos y Duque), la administración Petro decidió dar el paso y pedir el perdón ordenado, en 2001, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por ese crimen que conmovió a la sociedad pero sobre el cual no se llegó al fondo de la verdad, más allá de las decisiones sobre la culpabilidad casi obvia del capo Pablo Escobar y de unos autores materiales. Los encubridores siguen en la sombra. En la simbólica fecha del 9 de febrero, día del periodista colombiano, el ministro de Justicia Néstor Osuna, a nombre del Gobierno, asistió, junto con la familia Cano al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, para cumplir con la orden internacional. “El Estado colombiano miró para otro lado... Todos le fallamos a don Guillermo, a su familia, a El Espectador, a los periodistas”, dijo el ministro y, dirigiéndose a la viuda del sacrificado director, a sus hijos y nietos les agradeció “por haber insistido y creído en una sociedad que no (ha estado) a la altura de lo que ustedes han hecho por ella”.
Una abogada persistente ante el sistema interamericano
Angelita Baeyens, la entrevistada en estas páginas, es la vicepresidenta de Defensa y Litigios Internacionales de la Robert F. Kennedy Human Rights, una prestigiosa organización de derechos humanos de Estados Unidos. Baeyens, abogada con nacionalidad colombobelga, es la defensora principal, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de víctimas de casos relacionados con violación a la libertad de expresión, desaparición forzada de líderes comunitarios y violencia contra las mujeres en el continente. La jurista es profesora de la Universidad Georgetown, en Washington, ciudad en donde reside. Y tiene una maestría en derecho internacional de la Universidad de Notre Dame, París. Su hoja de vida es notable: antes de ingresar a la RFK Human Rights, fue oficial de Asuntos Políticos de la ONU, División Américas, y se desempeñó como oficial de derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Hoy, conoce como la que más, el intrincado desarrollo que ha tenido, durante 37 años, el proceso de reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano por el brutal asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza, en 1986, a manos de sicarios enviados por el criminal narcotraficante Pablo Escobar.