"Medida de aseguramiento cabía en el proceso contra Uribe": Jorge Robledo

El senador del Polo, Jorge Robledo. / Archivo El Espectador

En una andanada de trinos, el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático y uno de los más fuertes contradictores del expresidente Álvaro Uribe, cuestionó la decisión del exmandatario de renunciar a su curul, tras el llamado a indagatoria que le hizo la Corte Suprema de Justicia en un proceso por presunto soborno (manipulación de testigos) y fraude procesal.

“Son muy graves las pruebas que se conocen en contra de Álvaro Uribe en este caso, informadas tanto por la Corte Suprema como por el periodista Daniel Coronell. Ante ellas, no resiste análisis señalar que todo es un problema de persecución política”, escribió el congresista en Twitter.

Para Robledo, según sus trinos, el expresidente Uribe “le envía un pésimo mensaje a la sociedad cuando renuncia al Senado para que le cambien de juez, de forma que no sea la Corte Suprema sino la Fiscalía y la justicia ordinaria”. Una tesis que aún está en discusión, pues el mismo exmandatario ha dicho que su objetivo no es eludir a la Corte y que la acusación sobre testigos que se hace en su contra está basada en hechos realizados a tiempo que ejerció como senador, lo cual mantiene la competencia de ese alto tribunal.

“Todo ciudadano tiene derecho a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso judicial. Es también una garantía y un derecho ciudadano que se le aplique la justicia a cualquiera que la haya violado. Los senadores tenemos el derecho a la justicia de la Corte Suprema, con la teoría de tener mayores garantías para el mejor ejército del cargo, pensando en lo mejor para la sociedad”, dice Robledo en otros trinos.

Según el congresista del Polo, “la Corte Suprema puede argüir como prueba de que sí le ha dado garantías a Álvaro Uribe el que no le haya dictado medida de aseguramiento, decisión que sin duda cabía en el proceso, por la presunta reincidencia del implicado en falsificar pruebas”.

Y concluye: “No es creíble que le dé más garantías a la sociedad -que es parte clave de los derechos a proteger- este proceso en manos de la Fiscalía de Martínez Neira y la justicia ordinaria, que de la Corte Suprema”.