La camorra política vivida la semana pasada entre el presidente Juan Manuel Santos y el procurador Alejandro Ordóñez por la política de restitución de tierras, al parecer, tuvo este jueves un giro repentino encaminado a construir caminos de reconciliación.
Pese a que las diferencias que se han registrado entre ambos parecían irreconciliables, el Gobierno continuó por la ‘onda’ de buscar la paz entre todos los colombianos a pesar las profundas discrepancias.
Al menos es lo que se puede interpretar con la postura del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien este jueves, en una declaración pública, dijo que “en una democracia hay todo el derecho a discrepar” en temas como la política de restitución de tierras.
Aunque jamás mencionó al procurador, Cristo dijo en Cartagena (Bolívar) que "es válida" la oposición que algunos sectores desde la legalidad han hecho al tema. Y en ese sentido, les extendió una invitación para que hagan todos sus reparos de una “manera serena” dentro de los procedimientos judiciales que establece la ley.
Sin embargo, el mininterior también fue claro en advertir que cuando se aprobó la Ley de Víctimas en 2011, el Gobierno era consciente de que aparecerían enemigos “ideológicos” que no son partidarios de esta política diseñada para la reparación.
De hecho, el Gobierno sabía –desde la puesta en marcha de la ley– que el proceso de restitución no iba a ser fácil y que iba a tener enemigos ilegales y ocultos, como las bandas criminales, que “defienden mediante la violencia los mismos predios que despojaron hace décadas”.
El compromiso del Gobierno, de acuerdo al ministro Juan GFernando Cristo, es seguir enfrentando los ejércitos antirrestitución de tierras y mantener firme la política de restitución de tierras. De momento, la orden impartida fue reforzar los esquemas de protección de los líderes del proceso de restitución.
Por Redacción Política
