Las oposiciones de izquierda y derecha en el Congreso enfilan baterías para controvertir, a partir de la semana que comienza, muchas de las disposiciones que contiene el Plan de Desarrollo 2014-2018 propuesto por el Gobierno. Desde ya, las oficinas de senadores como Jorge Robledo e Iván Duque, del Polo Democrático y el Centro Democrático respectivamente, preparan gruesos documentos con los supuestos micos y errores estructurales que contiene la carta de navegación del santismo para el próximo cuatrienio.
En términos generales, las críticas de ambas colectividades apuntan a que, a través de la ley del PND, el Gobierno querría tramitar asuntos que merecen leyes individuales, “violando el criterio democrático sobre el trámite de las leyes”, dice Robledo. En concreto, a través del Plan se harían las reformas a la salud, la educación, la minería, de tierras rurales, de las telecomunicaciones y del monopolio rentístico.
En cuanto a la política agrícola, Robledo y Duque coinciden en que el artículo 102 del PND es un “cheque en blanco” para el gobierno de Juan Manuel Santos en el campo. El jefe de Estado no sólo estaría facultado para suprimir entidades ejecutoras de la política de Tierras y Desarrollo Rural y para definir los regímenes de adecuación de tierras y de crédito agropecuario; otros “superpoderes presidenciales” estarían en el punto de baldíos. De tajo, se reformaría la Ley 160 de 1994, dándole al Gobierno la potestad de definir el régimen de ocupación, explotación y adjudicación de tierras baldías.
Desde la otra orilla, el parlamentario del Centro Democrático dice que el gobierno Santos tendría esa facultades extraordinarias para, en seis meses, poder “transformar ese sector, y otras entidades como el Invima, al vaivén de sus necesidades políticas de cara a las elecciones regionales”. Según el Polo, los mismos manejos podrían ocurrir gracias a las facultades que tendría la Agencia Nacional de Hidrocarburos para modificar de mutuo acuerdo con los contratistas el plazo de los períodos de exploración y los criterios de evaluación de los contratos petroleros vigentes.
En educación, el Polo señala, entre varias consideraciones, que el artículo 54, que crea los sistemas nacionales de educación, es una violación a la autonomía universitaria y atenta contra la calidad al flexibilizar la oferta educativa. También, que el 55, que avala las alianzas público-privadas para infraestructura educativa, reviviría el ánimo de lucro que contenía la fracasada reforma a la Ley 30 que intentó el gobierno Santos en 2011.
Duque, que no es tan crítico como el Polo al respecto, considera que el presupuesto para educación, que está por el orden del 20%, no resulta suficiente. “En materia educativa hay un enfoque hacia lo que debería ser el sector, tratando de crear la jornada única, pero hay diferencias con lo anunciado en campaña, que era ocho horas y se baja a siete. El plan de hacer de Colombia la más educada de Latinoamérica se convirtió en una iniciativa gradual que sólo va culminar en 2032 y así es imposible”.
Entretanto, sobre la salud, Duque dice que “vemos en el articulado que se va a crear una unidad de gestión del nivel descentralizado del orden nacional, que va a administrar los recursos del sistema de salud. No se trata de una modificación de poca monta: es una megarreforma que debería ser discutida a profundidad. Igual pasa con la potestad de regular los precios de los medicamentos”.
Por su parte, Robledo señala que el artículo 61 le permitiría al ministro Alejandro Gaviria revivir la fallida reforma a la salud mediante decretos. Aún más grave: un artículo que tendría nombre propio, “el artículo 64, dispone que el Gobierno podrá convertir instituciones de naturaleza cooperativa intervenidas (léase Saludcoop) en sociedades anónimas. Es una norma calculada para permitir que una empresa grande compre a Saludcoop”.
El principal yerro de Planeación, de acuerdo con la izquierda, es que desde el artículo primero queda claro que el gobierno Santos apunta a cumplir sus objetivos siguiendo las directrices de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y “no la realidad nacional”. Aunque en las directrices de este organismo internacional está la necesidad de tramitar una reforma tributaria de fondo, para Duque se pasarán este punto por la faja. Por el contrario, “les meten la mano a los impuestos a bebidas, alumbrado y catastro. Eso debería ser discutido en una reforma tributaria territorial y no en el PND”.
Ambos afirman que el Plan estaría desfinanciado y que no plantea alternativas ante el déficit, por lo que sería necesaria una reforma tributaria. Pruebas de ello estarían en que el Gobierno proyectó el articulado con un barril de petróleo a US$87 (hoy está alrededor de los US$50); que la producción petrolera se proyectó en más de un millón de barriles y la Asociación Colombiana del Petróleo ya anunció que en el mejor de los casos se llegará a 800.000, y que la meta de 4,2% de crecimiento del PIB en 2015 no se cumpliría. El Banco de la República proyectó un crecimiento del 3,6% y el Fondo Monetario Internacional de 3,4%.
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