Minería está afectando localidades de Usme y Ciudad Bolívar en Bogotá
La advertencia fue lanzada desde el Congreso.
Redacción Política
Este martes la Cámara de Representantes adelantará un debate sobre la actividad minera en Bogotá.
El representante a la Cámara, Inti Asprilla, promotor del debate en la comisión quinta de la corporación, dijo que la minería está afectando principalmente a los habitantes de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.
Según él, las autoridades ambientales Distrital y nacional deben responder por las irregularidades de esta práctica en la ciudad.
“No debe haber zonas compatibles para desarrollar minería, porque es una actividad altamente impactante y riesgosa para una mega-ciudad de más de 7 millones de habitantes localizada en un ecosistema de interés nacional, con una destinación agropecuaria y forestal, como la Sabana de Bogotá”, sostuvo.
Desde 2005, según la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) se han ordenado detener la explotación minera en 96 de los 107 predios en donde se lleva a cabo esta actividad. El congresista Inti Asprilla denunció que la minería que se realiza hoy en día se lleva a cabo de manera anti-técnica y criminal.
“La institucionalidad encargada de la regulación y control de la minería han actuado de manera negligente, configurando graves faltas a la moralidad administrativa y negando el derecho fundamental a la participación de la población de Bogotá”, manifestó.
La minería urbana en Bogotá se enfoca, especialmente, en la fabricación de ladrillos y explotación de grava, que a su vez es utilizada para producir cemento. De acuerdo al congresista, las empresas Holcim, Cemex y la Fundación San Antonio, por ejemplo, fueron exhortadas, mediante una medida preventiva de la Secretaría Distrital de Medio Ambiente, a detener sus actividades en la cuenca del río Tunjuelo. De no hacerlo, estas empresas se verían obligadas a responder por los daños ambientales y podrían ser sancionadas hasta con $2.500 millones.
“Históricamente los impactos y riesgos de las actividades mineras han sido asumidos por sectores de la población en un alto grado de vulneración localizados principalmente en el sur de Bogotá, lo cual claramente se configura como un hecho de discriminación ambiental”, agregó el representante.
Este martes la Cámara de Representantes adelantará un debate sobre la actividad minera en Bogotá.
El representante a la Cámara, Inti Asprilla, promotor del debate en la comisión quinta de la corporación, dijo que la minería está afectando principalmente a los habitantes de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.
Según él, las autoridades ambientales Distrital y nacional deben responder por las irregularidades de esta práctica en la ciudad.
“No debe haber zonas compatibles para desarrollar minería, porque es una actividad altamente impactante y riesgosa para una mega-ciudad de más de 7 millones de habitantes localizada en un ecosistema de interés nacional, con una destinación agropecuaria y forestal, como la Sabana de Bogotá”, sostuvo.
Desde 2005, según la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) se han ordenado detener la explotación minera en 96 de los 107 predios en donde se lleva a cabo esta actividad. El congresista Inti Asprilla denunció que la minería que se realiza hoy en día se lleva a cabo de manera anti-técnica y criminal.
“La institucionalidad encargada de la regulación y control de la minería han actuado de manera negligente, configurando graves faltas a la moralidad administrativa y negando el derecho fundamental a la participación de la población de Bogotá”, manifestó.
La minería urbana en Bogotá se enfoca, especialmente, en la fabricación de ladrillos y explotación de grava, que a su vez es utilizada para producir cemento. De acuerdo al congresista, las empresas Holcim, Cemex y la Fundación San Antonio, por ejemplo, fueron exhortadas, mediante una medida preventiva de la Secretaría Distrital de Medio Ambiente, a detener sus actividades en la cuenca del río Tunjuelo. De no hacerlo, estas empresas se verían obligadas a responder por los daños ambientales y podrían ser sancionadas hasta con $2.500 millones.
“Históricamente los impactos y riesgos de las actividades mineras han sido asumidos por sectores de la población en un alto grado de vulneración localizados principalmente en el sur de Bogotá, lo cual claramente se configura como un hecho de discriminación ambiental”, agregó el representante.