El Gobierno emitió una circular con unas medidas administrativas para comenzar a liquidar el Ministerio de Igualdad. ¿Cómo está el ambiente en la cartera?
Es el escenario que tenemos y hay dos estrategias. La primera corresponde al trámite del proyecto de ley que va avanzando de una manera relativamente rápida. En las últimas sesiones hemos visto la aprobación del 95 % del articulado en los debates en las comisiones conjuntas. Esperamos en las próximas semanas tener el proyecto de ley del ministerio aprobado.
No obstante, existe el otro escenario, que corresponde a las tareas de previsión y de planificación que le corresponden al Gobierno nacional. En el marco del cumplimiento de la sentencia C-161 de 2024, que es la que finaliza los plazos del Ministerio de Igualdad, se viene adelantando un plan de reasignación de funciones. Es una medida preventiva que busca evitar y mitigar el caos institucional que se puede derivar de la desaparición abrupta de una entidad que viene garantizando los derechos de 14 poblaciones. Entonces, tenemos este plan preventivo, que fue la circular que se expidió el día [jueves] por parte del Gobierno nacional y tenemos el plan de la continuidad del Ministerio de Igualdad y Equidad a través del Legislativo.
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Ese proyecto que se discute en el Legislativo introduciría, de todas formas, cambios sustanciales: se reasignan funciones a otros departamentos y se fusionan oficinas...
Correcto. Es un proyecto de ley que responde a la sistematización de la experiencia de lo que ha sido el Ministerio hasta ahora, a las demandas que han presentado los congresistas en el marco del debate y, por supuesto, también implica un ajuste en la operación de la cartera. Entendemos, en el marco de este debate, que seguiría en el gobierno siguiente, con el trámite del proyecto de ley en el siguiente periodo del Congreso. Sería un debate complementario, en el peor de los escenarios.
Es decir, si no se aprueba en esta legislatura, ¿lo presentarían después del 20 de julio otra vez?
Esperaríamos que se pudiera aprobar en este periodo. Sin embargo, entendiendo la agenda legislativa como un principio de realidad, sabemos que podría ocurrir en el próximo periodo. Es un escenario que no consideramos adverso. Es una oportunidad para el siguiente gobierno en la definición de un proyecto alrededor del Ministerio de Igualdad y Equidad. Ahora, eso es solo un escenario más. Todas nuestras apuestas están centradas en lograr que el proyecto sea aprobado en esta legislatura.
<></>En algún punto se analizó pedir una prórroga a la Corte Constitucional para avanzar en el debate del proyecto de ley. ¿Eso sigue sobre la mesa?
Esa es una conversación que sigue abierta. La Corte Constitucional no se ha vuelto a pronunciar, en función del trámite de la ley. Es una conversación que además parte de que haya avances en la conversación en el trámite legislativo y que esos avances se puedan materializar en actos concretos: por ejemplo, terminar el debate en las conjuntas. Sin esta variación en el trámite legislativo, pues no habría ningún evento novedoso que ameritara esa nueva conversación con la Corte.
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¿Hay una sensación de zozobra en la cartera? Se lo pregunto bajo el entendido de que quedan dos semanas para que el periodo de este Congreso finalice, así como el plazo que les fue dado por la Corte Constitucional.
Este es un escenario de zozobra. Sin embargo, hay unas claridades en el marco de este proceso que es muy importante tener. El Ministerio de Igualdad, como lo conocemos al día de hoy, debe transformarse. La personería jurídica que surja del proyecto de ley es una persona jurídica que, aunque da continuidad, implica que el Ministerio que existe hoy en día debe cerrar sus procesos administrativos y misionales, y rearticularlos en una nueva estructura. Esa es una certeza en cualquiera de los escenarios y el personal del Ministerio de Igualdad debe prepararse para afrontar este proceso de transformación.
¿Cuál es el impacto directo de eso en el funcionamiento de la cartera?
Por eso es tan importante la colaboración del Congreso de la República para poder finalizar este trámite de manera ágil, porque realmente es una circunstancia de riesgo. El Gobierno nacional lo prevé y en función de eso, precisamente, ha tomado todas las acciones preventivas relacionadas con el plan de reasignación de funciones. Pero sabemos que hay un riesgo de que estas poblaciones queden en vilo y de que las funciones no se puedan reasignar de manera lo suficientemente ágil como para no someter a algún grado de vulnerabilidad a las poblaciones de especial protección. Allí hay un riesgo en el que estamos tomando de forma diligente las acciones preventivas.
Sin embargo, los trámites administrativos en el país, no es un secreto para nadie, pueden tornarse tortuosos o pueden quedar en vacíos legales que dificultan la garantía de derechos. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para prever ese escenario, cualquiera sea el resultado del debate en el Congreso de la República. Nuestra apuesta central es entregarle a la sociedad colombiana un Ministerio de Igualdad y Equidad. Es decir, dejar un instrumento articulado para la gestión y la garantía de los derechos de la población atendida y los territorios excluidos.
Con esa liquidación, ¿qué pasará con las personas contratadas actualmente en el Ministerio, tanto con los 500 funcionarios de planta como con los contratistas?
El proceso de liquidación implica la terminación de los contratos de las personas que se encuentran. El Ministerio, precisamente por su juventud, no alcanzó a suplir con cargos de carrera la planta de funcionarios. Son personas que se encuentran en provisionalidad, y esos contratos deberán terminar en el marco del proceso de liquidación, terminarían paulatinamente, indicando la necesidad del servicio, según vaya evolucionando la acción de la entidad liquidadora.
Independiente de la resolución del escenario legislativo o del proceso de reasignación de funciones, el efecto que produce la orden de la Corte Constitucional es la desaparición de la personería jurídica. Entonces, se debe adelantar necesariamente un proceso de liquidación de todos estos contratos y nombrar una entidad liquidadora.
<></>Hay varias críticas contra el Ministerio de Igualdad en temas de contratación, de ejecución presupuestal, de denuncias por acoso sexual y laboral, del número de ministros que han pasado en menos de cuatro años de existencia. ¿Qué respuesta dan desde la cartera?
Yo quisiera ajustar un poco el marco de la conversación, porque ha habido críticas muy fuertes a lo que ha sido la administración del Ministerio de Igualdad y Equidad, pero hay un consenso entre los mismos congresistas de diferentes orillas sobre la importancia de su existencia. Ha habido conflictos y dificultades. Tenemos que ser autocríticos. Precisamente, esas dificultades de las administraciones que han pasado se vienen respondiendo con algunas de las transformaciones en la arquitectura institucional que se reflejan en el proyecto de ley. Esa es la respuesta institucional que se ha dado a las críticas. El Ministerio lo ha asumido.
El ministro Alfredo Acosta es una persona profundamente autocrítica. Ha reconocido, en el marco de estos debates, algunos ajustes que se deben realizar para la operatividad, pero ha sido muy insistente en la trascendencia de una institución de las “primeras veces”, que contrata por primera vez con sectores de la Colombia profunda, marginados y excluidos, e invierte en aquellos territorios de mayor vulnerabilidad. Hay un consenso en la importancia de la acción del Ministerio, hay un ejercicio autocrítico y sobre todo hay un ejercicio profundo de ajuste dentro del Ministerio de Igualdad y Equidad. Los procesos de maduración institucional han llevado a unas mejoras significativas en los porcentajes de ejecución de recursos, en la prevención del riesgo antijurídico y en la estabilización de situaciones jurídicas, incluso del riesgo público, que se puede derivar del funcionamiento normal de cualquier entidad. Y más una que está en permanente proceso de crecimiento.
El mismo presidente Gustavo Petro ha reconocido “errores” en administraciones pasadas. ¿Se sienten respaldados por el Gobierno?
Por supuesto. El acompañamiento de diferentes carteras en el marco del debate, como el Ministerio de Deporte, el de Vivienda y el de Hacienda. Eso ha sido fundamental para el avance del proyecto de ley. Hay una consenso dentro del Gobierno nacional en la importancia de la cartera. Eso no exime de ninguna forma reconocer los errores que se han cometido allí. Nosotros, con mucha humildad, tenemos que decir que los planes de ajuste han sido una de las grandes cargas laborales que hemos tenido los niveles directivos, pero los hemos acogido. En virtud de la confianza que nos ha dado el Gobierno Nacional y también como un compromiso de retribución frente a este acto de confianza, tratamos de cerrar aquellos vacíos, esos errores administrativos que hubieran podido surgir.
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¿Qué significa la liquidación del Ministerio de Igualdad como tal?
Esa es una conversación muy interesante porque tendríamos que hacer un recorrido aproximadamente por cinco viceministerios. El ministerio tiene una particularidad y es que es la primera institución nacional para muchísimas poblaciones: para la población habitante de calle, para la población de adultos mayores y de mujeres cuidadoras. Representa, además, la posibilidad de los pueblos étnicos y campesinos de tener una institucionalidad dedicada al cierre de brechas de cada una de ellas.
Es una conversación que no hubiera sido posible sin que existiera el Ministerio de Igualdad. Cuando tenemos estas oportunidades que se traducen en la vida y la dignidad de las personas, cuando tenemos un instrumento institucional y normativo diseñado para proteger a las personas, yo creo que eso no se puede dilapidar en la mezquindad de las dificultades administrativas. Debemos insistir en esos elementos que le dan dignidad a las personas, que ayudan a garantizar sus derechos, pero sobre todo que cambian y protegen la vida.
¿Usted cómo ha visto ese proceso?
Creo que es una reflexión que ha surgido a partir del análisis de la sentencia de la Corte Constitucional: una cosa era eliminar de la vida jurídica el Ministerio cuando no había producido efectos sobre la vida de las personas y otro es el escenario que nos acompaña el día de hoy. Los criterios de cooperación armónica entre las ramas del poder público nos llevan a este escenario especial, a tener un diálogo permanente, fraterno y generoso entre los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo para lograr brindar esas garantías de una manera estructural. Yo creo que una salida como Estado es identificar al Ministerio no como una apuesta de gobierno, sino como una estructura para la garantía de los derechos vinculada a la lógica del Estado social de derecho.
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Por María José Barrios Figueroa
