Un año después de que el gobierno del presidente Gustavo Petro sancionara la Ley 2453 que establece medidas para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en política, el ministerio del Interior busca dar un nuevo paso en ese camino con la creación de una subcomisión que pueda ejercer vigilancia y control en este tipo de casos.
Y es que la cartera en cabeza del ministro Armando Benedetti hizo público un borrador de decreto con el que establece medidas para incorporar la creación de una Subcomisión de Vigilancia, Control y Seguimiento de la Violencia Contra la Mujer en la Política.
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En el texto se propone que esta subcomisión sea integrada a la Comisión Nacional de procesos electorales y con ello pueda “potenciar la acción temprana y eficaz con miras a la prevención y generar estrategias interinstitucionales que permitan emprender un trabajo conjunto, con el fin de mitigar los riesgos de los procesos electorales”.
Según establece el documento, “las Subcomisiones estarán integradas por miembros de la misma Comisión Nacional y a ellas se podrá invitar a las instituciones que considere pertinentes. Así mismo, las subcomisiones fijarán las acciones a desarrollar, la periodicidad de las reuniones y rendirán informes permanentes a la Comisión Nacional”.
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La propuesta que estaría próxima a ser expedida por esta cartera, pretende, además, dar seguimiento a los casos de violencia política que se han expuesto por parte de mujeres tanto en escenarios electorales como en las diferentes organizaciones y entidades públicas como el Congreso y/o ministerio.
En ese sentido, se debe señalar que desde la promulgación de esta ley se han expuesto más de una decena de denuncias por violencia contra la mujer en política que incluyen acusaciones de acoso o abuso sexual, hostigamientos e incluso, casos de injuria. Además, nombre como los del presidente Gustavo Petro, el propio ministro Benedetti o congresistas como Jonathan Pulido ‘Jotape Hernández’ han sido acusados de ejercer violencia contra mujeres en política.
Además, a ello se suman los casos del senador Alirio Barrera (Centro Democrático) y el representante Modesto Aguilera (Cambio Radical), que ya se encuentran en los estrados judiciales y que para el último ya tuvo condena en primera instancia.
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