Desde que se desató el escándalo de la ‘yidispolítica’, que tiene en entredicho la legitimidad de la reelección presidencial inmediata, el ministro de Protección Social, Diego Palacio, uno de los altos funcionarios del Gobierno salpicados en el caso, no ha desaprovechado tribuna alguna para defenderse de las acusaciones de la ex congresista Yidis Medina, quien lo señala de haberle ofrecido prebendas a cambio de dar el voto positivo a favor del acto legislativo en 2004.
Palacio dice que no le debe nada a nadie, que nunca prometió puestos y que el testimonio de Medina carece de seriedad. Así lo ha repetido una y otra vez en los medios y lo sostuvo, la semana pasada, en la Plenaria del Senado, en un debate de control político al que fue citado por el Partido Liberal y el Polo Democrático.
Sin embargo, esos argumentos no fueron suficientes para la oposición, que parece estar dispuesta a todo con tal de ver rodar la cabeza del Ministro. Ahora, después de pedirle a Palacio que renuncie, están considerando proponer hoy en el Congreso una moción de censura en su contra.
Como se sabe, esta figura, contemplada en la Constitución, permite que, a través del sufragio, los parlamentarios decidan la permanencia del funcionario cuestionado en su cargo. Una reforma que comenzó a aplicarse desde este año estipula, además, que dicha censura puede ser aprobada por una sola cámara legislativa y ya no por el Congreso en pleno, como era en el pasado.
Para el vocero del Polo, el senador Jesús Antonio Bernal, la salida del ministro Palacio “sería el destino más justo que podría tener el alto funcionario”. No obstante, aclaró, la decisión definitiva se tomará en la reunión de la bancada que se llevará a cabo en la mañana de hoy.
Los liberales, por su parte, han dicho que apoyarán lo que determine el Polo. “Respaldaríamos una eventual moción de censura. Es justo que el Ministro de Protección Social se defienda de las acusaciones de Yidis. Lo incorrecto es que lo haga desde el poder”, dijo Héctor Helí Rojas.
Palacio deberá enfrentar hoy la segunda parte del debate de control político del martes pasado. El parlamentario del Polo Luis Carlos Avellaneda contó que, independientemente de lo que suceda en la sesión —a la que también está citado el ministro del Interior, Carlos Holguín—, su bancada expresará “total insatisfacción” por las explicaciones dadas hasta el momento y seguirán insistiendo con nuevas citaciones.
Desde ya, los uribistas auguran el fracaso de la eventual moción de censura. La senadora del partido de la U. Dilian Francisca Toro no cree que la iniciativa tenga acogida en un Congreso de mayorías oficialistas. “Por lo menos yo, no la apoyaría”, expresó.
En igual sentido se pronunció el parlamentario Carlos García, también de la U.: “La oposición está en su derecho de hacer control político, lo que pasa es que últimamente están utilizando las decisiones de la justicia de manera abusiva”.
Los análisis están divididos. El politólogo Alejo Vargas cree que la responsabilidad política del Gobierno en el caso Yidis debe determinarse dependiendo de lo que pase en el ámbito jurídico, y hasta ahora “ningún alto funcionario está preso”. El ex asesor de paz Lázaro Vivero, por el contrario, opina que el Ministro “y todos los involucrados en el tema” tendrían que tener una “actitud digna” y renunciar.
Aunque todo indica que Palacio no se irá y que difícilmente la oposición logrará su objetivo, desde ya las apuestas están abiertas para este nuevo pulso.
Otros intentos de moción
En los 21 meses y 12 días que va del segundo mandato del gobierno Álvaro Uribe, dos de sus ministros —Juan Manuel Santos, de Defensa, y Andrés Felipe Arias, de Agricultura— han afrontado debates en los que la oposición ha buscado que se les tramite moción de censura. En ambos casos, la coalición uribista ha funcionado a las maravillas y las propuestas han sido rechazadas.
El debate contra Santos fue en junio de 2007. Tanto el Partido Liberal como el Polo Democrático lo responsabilizaron políticamente de interceptaciones telefónicas ilegales, de haber conspirado contra el gobierno de Ernesto Samper y de haber puesto en peligro las relaciones con Venezuela.
Arias, por su parte, tuvo que responder en marzo pasado a los cuestionamientos por la licitación de la hacienda Carimagua, cuyas tierras estaban destinadas para ser entregadas a familias de desplazados y se quiso dejar para su explotación al sector privado, y por supuestas irresponsabilidades constitucionales en el desempeño de su cargo.
Por Laura Ardila Arrieta
