A dos días de que se cierren los comentarios para el borrador de decreto que crea un registro de las guardias indígenas, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la creación de este mecanismo. Señaló que el registro protege a la guardia y a la comunidad; además, aseguró que ayuda a la articulación con la Unidad Nacional de Protección, la Unidad de Víctimas y las alcaldías.
El sistema que quedaría a cargo de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM) de esa cartera plantea incorporar como un nuevo capítulo con 14 artículos al Decreto 1066 de 2015. Esto debido a que el Gobierno de Abelardo de la Espriella considera que desde el Ejecutivo no se conoce el número exacto de guardias indígenas existentes, en qué territorios actúan, qué autoridad las orienta ni cuántos integrantes tienen.
Frente a esto, Lara comentó que el registro es de la institución propia de la guardia, mas no de las personas que la integran. Aseguró que "protege a la guardia y a la comunidad: deja constancia de quién la orienta, dónde actúa y con qué alcance, para que no cualquiera hable en su nombre. No la crea, no la autoriza y no la certifica. La decisión sigue siendo de la comunidad".
El mensaje de Lara es enviado luego de que el borrador generara una fuerte polémica en sectores indígenas que lo consideran una forma en que "el gobierno nacional pretende implementar para afectar y desmantelar a la Guardia Indígena". Así lo hizo saber el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en un comunicado donde señalan su rechazo a la iniciativa del sistema nacional de información sobre las guardias indígenas del país.
"La creación de un sistema de información sobre las guardias indígenas como herramienta de información del Estado, presentada como herramienta administrativa o de reconocimiento, y que las medidas de garantía y protección que le corresponden al Estado no deben de ser condicionadas a la entrega de información, la obligación estatal es garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, sin desconocer la autonomía. Este tipo de acciones que plantea el Gobierno generan un riesgo latente; dicha información podrá convertirse en un mecanismo de seguimiento, vigilancia, estigmatización, individualización o judicialización de quienes ejercen legítimamente acciones de defensa territorial y comunitaria", señalaron en su comunicado.
Además, exigieron al Gobierno Nacional abstenerse de adelantar "cualquier medida, actuación o iniciativa que pueda vulnerar, restringir o representar un retroceso en el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales, colectivos y territoriales de los pueblos indígenas". Sin embargo, desde el Ejecutivo han comentado que este nuevo sistema funcionaría de forma exclusivamente informativa, sin ser un registro constitutivo ni declarativo, por lo que reportar la existencia de una guardia no constituye un trámite. Por lo que estar dentro de la base de datos no la autoriza ni la certifica o le atribuye funciones.
De hecho, una de sus misiones es articular estas bases de datos con la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para las Víctimas, las gobernaciones y las alcaldías que en este momento se relacionan con las guardias a partir de información fragmentada, obtenida caso por caso. "Con ese registro, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para las Víctimas y las alcaldías saben con qué autoridad articular. No hay listados de nombres", señaló Lara.
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En el nuevo sistema se plantea que solo puede reportar la autoridad indígena misma, a través de un informe con La manifestación de reconocimiento, acompañada del acta o documento correspondiente; el pueblo al que pertenece la guardia; la comunidad o territorio en el que actúa; la denominación propia; la autoridad que la orienta y el ámbito territorial de actuación; el número aproximado de integrantes; la fecha de reconocimiento y los datos de un enlace designado por la autoridad.
El ministro considera que "las guardias pueden ser la mejor herramienta para prevenir y combatir un flagelo que azota al Cauca: el reclutamiento de menores por organizaciones terroristas. En su mayoría, menores indígenas".
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