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Sigue aumentando la tensión política por cuenta de la convocatoria, vía decreto, de la consulta popular de la reforma laboral. La decisión del gobierno de Gustavo Petro ha desencadenado una oleada de demandas ante las cortes, los tribunales y solicitudes ante la Registraduría para que se niegue el llamado a urnas. Ahora, desde el Congreso preparan una serie de debates de moción de censura contra todo el gabinete de gobierno, pues todos sus integrantes suscribieron el llamado “decretazo”.
La promotora de esta movida es la representante opositora Lina María Garrido, de Cambio Radical, quien desde la segunda vicepresidencia de la Cámara ha rechazado todo lo relacionado con la agenda del Ejecutivo. De acuerdo con la congresista, todos los ministros deberán responder ante el Legislativo por posibles faltas disciplinarias y penales al firmar un documento que, según la oposición, es inconstitucional.
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Según el anuncio de la representante Lina María Garrido, en las mociones de censura también serán “incluidos los (ministros) que, con cinismo anunciaron a los cuatro vientos que firmarían, y luego, por cobardía o cálculo político, se escondieron para no hacerlo. Deben responder por violar nuestra Constitución Política e irrespetar a Colombia. Cumplo con mi deber como Congresista”.
Para cerrar este día histórico, con broche de oro, les confirmo que mañana radicaré #MociónDeCensura contra los Ministros que firmaron el #Decretazo. Incluidos los que, con cinismo anunciaron a los cuatro vientos que firmarían, y luego, por cobardía o cálculo político, se… pic.twitter.com/R4r2OC8Zwx
— Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) June 16, 2025
En relación con el papel de los ministros en la firma del decreto, cabe anotar que la Procuraduría abrió una indagación a todos los que suscribieron el acto administrativo, esto por la cantidad de quejas que llegaron al Ministerio Público. La investigación, que por competencia es asumida por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría debido al fuero que cobija a los ministros, busca determinar si en la expedición de dicho decreto se incurrió en faltas disciplinarias.
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De acuerdo con el comunicado emitido por el Ministerio Público, desde el 28 de mayo y el 6 de junio la Procuraduría ya venía interviniendo en dos procesos que se adelantan ante el Consejo de Estado. Estas acciones judiciales tienen como objetivo revisar la legalidad de la votación del Senado del pasado 14 de mayo, en la que se negó la solicitud de consulta popular presentada por el Gobierno Nacional.
Cabe anotar que el debate podría escalar tras las recientes declaraciones del presidente y varios de sus ministros. Según el jefe de Estado, si la consulta popular se cae en las cortes, el camino a tomar sería el de la asamblea nacional constituyente convocada por la ciudadanía. Su apuesta sería que la ciudadanía, al menos sus bases políticas, recolecten 8 millones de firmas para promover dicho mecanismo de participación.
Sin embargo, de acuerdo con declaraciones del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, esa cantidad de apoyos podría ser la vía para que la constituyente no vaya al Congreso, sino directamente a la Corte Constitucional y luego a las urnas. Ese posible “atajo” ha sido duramente cuestionado por la oposición y otros sectores que advierten lo que sería otra violación al sistema de pesos y contrapesos del poder público.
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