MOE calienta motores para vigilar las elecciones regionales de 2019
La organización entregó el primer informe con recomendaciones a las autoridades para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos y pidió especial atención a la financiación de campañas y su relación con la contratación pública.
-Redacción Política
A poco menos de un año de los comicios regionales, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó este viernes el primer informe ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, en el que esbozó parte del trabajo que pretende realizar para las elecciones locales de 2019 e hizo peticiones puntuales a la Registraduría Nacional para monitorear el proceso de inscripción de cédulas.
El objetivo de la MOE es hacer presencia, con observación nacional e internacional, en los 32 departamentos y por lo menos 570 municipios del país y prevé el despliegue de 4.000 observadores.
En ese mismo sentido, anunció que se le hará seguimiento a la conformación del censo electoral, la selección de los jurados de votación, al cubrimiento de la información de candidatos que hacen los medios de comunicación, a la financiación de las campañas políticas y al lenguaje que se utiliza en redes sociales, con relación a las elecciones. De igual manera estableció que se recibirán denuncias ciudadanas sobre supuestas anomalías e irregularidades a través del portal www.pilasconelvoto.com o mensajes de Whatsapp al número 3152661969.
Le puede interesar: 485 financiadores de campañas en 2015 recibieron contratos públicos: MOE
La MOE aseguró que solicitó a la Registraduría Nacional el acceso a la plataforma del censo, nuevamente, desde el pasado 8 de noviembre, sin embargo, no ha obtenido respuesta por parte de la entidad. “Por este motivo, para la MOE no es posible presentarle a esta Comisión un primer informe del proceso de inscripción de cédulas tras sus primeros 21 días. En este sentido, se solicita nuevamente ante esta Comisión que se le permita a la MOE el acceso a la plataforma, a fin de poder iniciar el proceso de monitoreo a la conformación del censo electoral”, señala el documento.
La organización resaltó el procedimiento establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas y celebró el esfuerzo por contener la trashumancia electoral.
“Es importante recordar que, para las elecciones locales del año 2015, a través del procedimiento vigente, similar al actual, el CNE anuló 1.605.109 inscripciones, lo que correspondía al 38,1 % de ciudadanos que habían cambiado el lugar de votación”, dice la MOE, no obstante, advirtió que la anulación fue muchas veces imprecisa y dio recomendaciones para que no se afecte el derecho el voto de los ciudadanos, como la verificación y actualización de bases de datos o la anulación de la inscripción con suficiente anterioridad al día de las elecciones.
Financiación de campañas
La MOE también hizo un llamado a las autoridades para que se preste más atención a la relación entre donación privada a la campaña política y la contratación pública en las entidades locales. Recordó el reciente informe presentado en el que se evidenció que más de 400 financiadores de campañas recibieron contratos públicos posteriores en los departamentos y municipios.
A poco menos de un año de los comicios regionales, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó este viernes el primer informe ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, en el que esbozó parte del trabajo que pretende realizar para las elecciones locales de 2019 e hizo peticiones puntuales a la Registraduría Nacional para monitorear el proceso de inscripción de cédulas.
El objetivo de la MOE es hacer presencia, con observación nacional e internacional, en los 32 departamentos y por lo menos 570 municipios del país y prevé el despliegue de 4.000 observadores.
En ese mismo sentido, anunció que se le hará seguimiento a la conformación del censo electoral, la selección de los jurados de votación, al cubrimiento de la información de candidatos que hacen los medios de comunicación, a la financiación de las campañas políticas y al lenguaje que se utiliza en redes sociales, con relación a las elecciones. De igual manera estableció que se recibirán denuncias ciudadanas sobre supuestas anomalías e irregularidades a través del portal www.pilasconelvoto.com o mensajes de Whatsapp al número 3152661969.
Le puede interesar: 485 financiadores de campañas en 2015 recibieron contratos públicos: MOE
La MOE aseguró que solicitó a la Registraduría Nacional el acceso a la plataforma del censo, nuevamente, desde el pasado 8 de noviembre, sin embargo, no ha obtenido respuesta por parte de la entidad. “Por este motivo, para la MOE no es posible presentarle a esta Comisión un primer informe del proceso de inscripción de cédulas tras sus primeros 21 días. En este sentido, se solicita nuevamente ante esta Comisión que se le permita a la MOE el acceso a la plataforma, a fin de poder iniciar el proceso de monitoreo a la conformación del censo electoral”, señala el documento.
La organización resaltó el procedimiento establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas y celebró el esfuerzo por contener la trashumancia electoral.
“Es importante recordar que, para las elecciones locales del año 2015, a través del procedimiento vigente, similar al actual, el CNE anuló 1.605.109 inscripciones, lo que correspondía al 38,1 % de ciudadanos que habían cambiado el lugar de votación”, dice la MOE, no obstante, advirtió que la anulación fue muchas veces imprecisa y dio recomendaciones para que no se afecte el derecho el voto de los ciudadanos, como la verificación y actualización de bases de datos o la anulación de la inscripción con suficiente anterioridad al día de las elecciones.
Financiación de campañas
La MOE también hizo un llamado a las autoridades para que se preste más atención a la relación entre donación privada a la campaña política y la contratación pública en las entidades locales. Recordó el reciente informe presentado en el que se evidenció que más de 400 financiadores de campañas recibieron contratos públicos posteriores en los departamentos y municipios.