26 Jun 2019 - 1:17 a. m.

Molestia en cuerpo diplomático por restricción del Gobierno colombiano para visitar los ETCR

Una carta de la Cancillería establece que los cuerpos diplomáticos solo podrán visitar las zonas en las que se concentran los excombatientes de las Farc, previa aprobación del Gobierno, "la segunda y cuarta semana de cada mes, de miércoles a viernes". Gobierno dice que es un asunto logístico.

Germán Gómez Polo - Twitter: @TresEnMil

ETCR de Colinas, en Guaviare. Según cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, hasta el 13 de junio de 2019 había 3.296 personas que viven en los ETCR. 8.629 residen por fuera de estos y hay 1.085 pendientes por ubicar.  / Óscar Pérez - El Espectador
ETCR de Colinas, en Guaviare. Según cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, hasta el 13 de junio de 2019 había 3.296 personas que viven en los ETCR. 8.629 residen por fuera de estos y hay 1.085 pendientes por ubicar. / Óscar Pérez - El Espectador

En la última semana, algunas embajadas con sede en el país recibieron una carta por parte de Adriana Mejía Hernández, viceministra del Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores. El documento, con fecha del 10 de junio, les informa a los embajadores y miembros de los cuerpos diplomáticos en Colombia sobre unos “lineamientos (…) para la articulación de visitas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)".

Dos de los embajadores a los que llegó la comunicación, según documentos remitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, fueron Pablo Gómez de Olea, de España, y Gabriela Soares de Albergaria, embajadora de Portugal. El Espectador conoció que también le fue entregada a otro embajador europeo.

Asimismo, se les exige a las delegaciones de los países que garanticen “la disponibilidad de espacios para representantes del Gobierno Nacional en los arreglos logísticos”. También se expresa que la articulación de las visitas con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas “se hará de manera coordinada con y por medio del Gobierno de Colombia”.

Por último, establece que las visitas a los ETCR “se desarrollarán solamente la segunda y cuarta semana de cada mes, de miércoles a viernes”. La comunicación enviada por Mejía Hernández les pide a los embajadores que tengan en cuenta los lineamientos para “lograr una mejor articulación en el terreno”.

Sobre este asunto, la viceministra Mejía Hernández negó que se tratara de una restricción y que a todos los embajadores, agencias y entidades de cooperación internacional que han solicitado visitas a estos espacios las han realizado con el acompañamiento del Gobierno Nacional. “Los puntos solicitados en la carta son de coordinación para garantizar que durante estas visitas los embajadores tengan el acompañamiento que requieren por parte del Gobierno Nacional y las entidades pertinentes según el área o temática que van a trabajar, por ejemplo, si son temas de proyectos productivos, de salud, educación, vivienda, o un conjunto de los mismos, se buscará que tengan el acompañamiento de las entidades responsables”, señaló la viceministra en respuesta a un cuestionario que sobre el tema le formuló El Espectador.

En ese sentido, aclara la funcionaria, las tres semanas de antelación que figuran para hacer una solicitud de visita son para establecer “un cronograma efectivo que garantice el acompañamiento adecuado a las delegaciones que visitan los ETCR”. Asimismo, los días de la semana y del mes que menciona la comunicación tienen que ver con un tema de “operatividad y organización de la agenda” y garantizar la disponibilidad de los funcionarios para esas fechas.

La Cancillería también advierte que estos mismos requerimientos se han enviado en ocasiones anteriores ante visitas internacionales como las realizadas para revisar la situación de los migrantes en la frontera con Venezuela. En efecto, en la comunicación S-GCM-18-077480, del 5 de diciembre de 2018, se le exponen lineamientos similares a la delegación de la Unión Europea en Colombia.

Al respecto, Javier Leonardo Garay Vargas, doctor en Ciencias Políticas de la Université Paris-Est Marne-La-Vallée y magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado, señala que “efectivamente están poniendo trabas”. “Esos requisitos siempre se pueden justificar como asuntos logísticos, pero demuestran una incapacidad del Gobierno para garantizar esas visitas (las de los diplomáticos a los ETCR) ” , comenta el docente.

Además, relaciona el episodio de las cartas de la Cancilleria a los embajadores con las recientes declaraciones del canciller Calos Holmes Trujillo, en las que señala que “hay una campaña internacional contra el presidente Duque, fundamentada en la calumnia”. “Es un discurso parecido al del gobierno de Venezuela, cuando asegura que hay campañas internacionales de desprestigio. Lo que hay es una paranoia del Gobierno respecto al proceso de paz”, señala Garay. Según él, si bien del Acuerdo de Paz se derivan protocolos para la seguridad en el acceso a estas zonas en las que se concentran los excombatientes, es, cuanto menos, una exageración poner condiciones como que las visitas solamente puedan hacerse en semanas y días determinados.

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Para el académico, estos lineamientos podían afectar, incluso, la disposición de los países que aportan recursos y otros elementos a la implementación del Acuerdo de Paz: “Si un diplomático puede ver con libertad qué hay en los ETCR, se puede garantizar con mayor seguridad un apoyo”. Finalmente, explica que no se viola ninguna convención internacional, ya que los gobiernos son soberanos, pero considera que “cuando hay secretismo también se genera una suspicacia y eso tiene un efecto en la imagen internacional del Gobierno”.

En varias embajadas hay reservas frente al tema, mientras que algunos funcioanrios del Gobierno explican, bajo condición de no ser citados, que el Ejecutivo busca mayor control sobre el acceso a estas zonas especialmente por los riesgos que la llegada a dichos lugares pueda representar para las comisiones internacionales.

Algunos ETCR están ubicados en áreas de difícil acceso, no solo por falta de infraestructura, sino por problemas de violencia. Desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, en 2016, han sido asesinados 134 excombatientes, según cifras del partido político FARC.  

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