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                                                                                                                              Multa a azucareros llega al Congreso

                                                                                                                              Parlamentarios de Valle y Cauca se reúnen el martes para fijar posición frente a la sanción. El debate crece y ya se dice que algunos estarían impedidos por haber recibido aportes de los ingenios a sus campañas políticas.

                                                                                                                              Redacción Política

                                                                                                                              La multa que les impuso esta semana la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a Asocaña y 14 empresas del sector azucarero, por más de $320.000 millones, debido a una supuesta cartelización, comienza a pisar terrenos de lo político, con anuncios de citaciones en el Congreso de la República e incluso la posibilidad de pedir moción de censura en contra del superintendente Pablo Felipe Robledo, como ya lo dijo el senador Roy Barreras, del Partido de la U. Un debate al que además ya le surgen otras aristas, teniendo en cuenta que algunas de esas empresas azucareras han sido aportantes a las campañas electorales de varios de los legisladores que hoy piden explicaciones.

                                                                                                                              Para el próximo martes está citada una reunión de la bancada de congresistas de los departamentos de Valle y Cauca —zona donde hacen presencia la gran mayoría de los ingenios azucareros del país—, con el fin de abordar no sólo el tema de la sanción sino también las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno Nacional, que apuntan a reducir el arancel máximo para el azúcar. “Bajar el arancel del 117 al 70% disminuye en 5% el ingreso bruto, que es equivalente al 20% de la posible utilidad que puedan tener los cañicultores”, explica Carlos Hernando Molina, presidente de la junta directiva de Procaña, gremio que reúne a los productores y proveedores de caña de azúcar.

                                                                                                                              Lo que le piden los azucareros al Gobierno son reglas del juego claras o, en otras palabras, seguridad jurídica. Y aunque expresan respeto por la sanción de la SIC y anuncian que acudirán a los recursos de reposición que estipula la ley para evitar el pago de la multa, consideran que ésta es desproporcionada y pone en grave riesgo la estabilidad del sector y la situación económica y social del suroccidente colombiano, pues se pueden afectar cerca de 190.000 trabajadores, además de las empresas de servicios y productores, así como las finanzas de más de 47 municipios y cinco departamentos que derivan sus ingresos en forma significativa del sector de la caña de azúcar.

                                                                                                                              Read more!

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                                                                                                                              Sobre la supuesta inhabilidad que algunos congresistas tendrían por haber recibido aportes de los ingenios a sus campañas, Velasco indicó que es posible que se configure un impedimento o, por lo menos, quienes tengan esa situación tendrían que darla a conocer ante el Legislativo. “No creo que sean muchos los casos. El sector azucarero no es que sea un gran aportante a las campañas políticas”, dijo. Lo cierto es que para el presidente del Congreso, el debate de fondo tiene que ver con el manejo del sector agropecuario, que en todos los países del mundo está protegido. “No es una buena decisión política quitarle la protección. El conflicto en el país tiene que ver mucho con la pobreza rural”, subrayó.

                                                                                                                              De acuerdo con Carlos Julio Bonilla, representante a la Cámara, también liberal y del Cauca, aún no se ha dicho toda la verdad sobre el tema. “Si bien los endulzantes para otros sectores de la producción pueden tener un efecto en su precio, estos no son del alcance en que se están presentando en el contexto nacional. Creo que debe haber otros intereses, y no me refiero a la Superintendencia, sino que hay otras cosas que se están moviendo y que el tiempo va a aclarar. Nosotros estamos en defensa de un sector que genera empleo, recursos y desarrollo económico a la región”, expresó.

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                                                                                                                              Por cierto, sobre verdades e intereses, los azucareros lo tienen claro y hablan abiertamente: “Sin duda, detrás de todo esto está la industria de alimentos, los que utilizan el azúcar como materia prima. Lo que buscan es tener azúcar más barata para beneficiarse en la producción de sus chocolatinas y demás dulces. Lo grave es que deberíamos mirar las cosas como país y no los beneficios particulares. Aquí vamos a terminar afectando a mucha gente”, aseguró Carlos Hernando Molina, de Procaña.

                                                                                                                              El senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, considera que hay coincidencias extrañas con la sanción. “Desde hace semanas viene adelantándose una campaña para desproteger el azúcar. Se quieren bajar los aranceles y se anuncia el ingreso de Colombia al TTP, que es otro tratado de libre comercio con Estados Unidos. Están sucediendo cosas extremadamente graves en relación con un sector del que depende una porción enorme de la economía, porque no es sólo el azúcar, es la panela también”, advirtió. Lo cierto es que el debate ya toca las puertas del Congreso, donde también se escuchan voces críticas contra los azucareros, como la de la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, quien dice que se trata de un sector de economía semifeudalista, que no ha sido capaz de innovar, que le da miedo competir y que ha vivido del poder. La discusión está servida.

                                                                                                                              La multa que les impuso esta semana la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a Asocaña y 14 empresas del sector azucarero, por más de $320.000 millones, debido a una supuesta cartelización, comienza a pisar terrenos de lo político, con anuncios de citaciones en el Congreso de la República e incluso la posibilidad de pedir moción de censura en contra del superintendente Pablo Felipe Robledo, como ya lo dijo el senador Roy Barreras, del Partido de la U. Un debate al que además ya le surgen otras aristas, teniendo en cuenta que algunas de esas empresas azucareras han sido aportantes a las campañas electorales de varios de los legisladores que hoy piden explicaciones.

                                                                                                                              Para el próximo martes está citada una reunión de la bancada de congresistas de los departamentos de Valle y Cauca —zona donde hacen presencia la gran mayoría de los ingenios azucareros del país—, con el fin de abordar no sólo el tema de la sanción sino también las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno Nacional, que apuntan a reducir el arancel máximo para el azúcar. “Bajar el arancel del 117 al 70% disminuye en 5% el ingreso bruto, que es equivalente al 20% de la posible utilidad que puedan tener los cañicultores”, explica Carlos Hernando Molina, presidente de la junta directiva de Procaña, gremio que reúne a los productores y proveedores de caña de azúcar.

                                                                                                                              Lo que le piden los azucareros al Gobierno son reglas del juego claras o, en otras palabras, seguridad jurídica. Y aunque expresan respeto por la sanción de la SIC y anuncian que acudirán a los recursos de reposición que estipula la ley para evitar el pago de la multa, consideran que ésta es desproporcionada y pone en grave riesgo la estabilidad del sector y la situación económica y social del suroccidente colombiano, pues se pueden afectar cerca de 190.000 trabajadores, además de las empresas de servicios y productores, así como las finanzas de más de 47 municipios y cinco departamentos que derivan sus ingresos en forma significativa del sector de la caña de azúcar.

                                                                                                                              Read more!

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                                                                                                                              Sobre la supuesta inhabilidad que algunos congresistas tendrían por haber recibido aportes de los ingenios a sus campañas, Velasco indicó que es posible que se configure un impedimento o, por lo menos, quienes tengan esa situación tendrían que darla a conocer ante el Legislativo. “No creo que sean muchos los casos. El sector azucarero no es que sea un gran aportante a las campañas políticas”, dijo. Lo cierto es que para el presidente del Congreso, el debate de fondo tiene que ver con el manejo del sector agropecuario, que en todos los países del mundo está protegido. “No es una buena decisión política quitarle la protección. El conflicto en el país tiene que ver mucho con la pobreza rural”, subrayó.

                                                                                                                              De acuerdo con Carlos Julio Bonilla, representante a la Cámara, también liberal y del Cauca, aún no se ha dicho toda la verdad sobre el tema. “Si bien los endulzantes para otros sectores de la producción pueden tener un efecto en su precio, estos no son del alcance en que se están presentando en el contexto nacional. Creo que debe haber otros intereses, y no me refiero a la Superintendencia, sino que hay otras cosas que se están moviendo y que el tiempo va a aclarar. Nosotros estamos en defensa de un sector que genera empleo, recursos y desarrollo económico a la región”, expresó.

                                                                                                                              Read more!

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                                                                                                                              Por cierto, sobre verdades e intereses, los azucareros lo tienen claro y hablan abiertamente: “Sin duda, detrás de todo esto está la industria de alimentos, los que utilizan el azúcar como materia prima. Lo que buscan es tener azúcar más barata para beneficiarse en la producción de sus chocolatinas y demás dulces. Lo grave es que deberíamos mirar las cosas como país y no los beneficios particulares. Aquí vamos a terminar afectando a mucha gente”, aseguró Carlos Hernando Molina, de Procaña.

                                                                                                                              El senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, considera que hay coincidencias extrañas con la sanción. “Desde hace semanas viene adelantándose una campaña para desproteger el azúcar. Se quieren bajar los aranceles y se anuncia el ingreso de Colombia al TTP, que es otro tratado de libre comercio con Estados Unidos. Están sucediendo cosas extremadamente graves en relación con un sector del que depende una porción enorme de la economía, porque no es sólo el azúcar, es la panela también”, advirtió. Lo cierto es que el debate ya toca las puertas del Congreso, donde también se escuchan voces críticas contra los azucareros, como la de la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, quien dice que se trata de un sector de economía semifeudalista, que no ha sido capaz de innovar, que le da miedo competir y que ha vivido del poder. La discusión está servida.

                                                                                                                              Por Redacción Política

                                                                                                                              Ver todas las noticias
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