Nace una “aplanadora” legislativa entre Cambio Radical, la U y liberales

La soledad política que ha acompañado al presidente Iván Duque, prácticamente desde que se posesionó en la Casa de Nariño, ya derivó en uno de los efectos más complicados que le podría ocurrir a un jefe de Estado en su primer año de mandato: la apatía parlamentaria y la configuración de una aplanadora legislativa en contra que, desde ayer, comenzó a sostener la “sartén por el mango”.

Cambio Radical, el Partido Liberal y la U han revivido lo que podría describirse como la reunificación liberal y decidieron aliarse para, según explicó el senador Roy Barreras, “llenar el vacío legislativo de la pérdida de tiempo de estos nueve meses en los que no aparecen iniciativas del Gobierno que les sirvan a los ciudadanos”.

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El primer paso para materializar esa coalición fue la radicación de un paquete de proyectos con los que, dicho sea de paso, toman ventaja en algunos puntos que, en teoría, eran prioridad para el Ejecutivo, como la reforma a la justicia o al sistema de salud. Pero más allá de esas iniciativas -que también se relacionan con seguridad vial, seguridad alimentaria y modificaciones en el proceso de obtención de la nacionalidad colombiana-, de fondo está un mensaje político que pone en el ojo del huracán las deterioradas relaciones entre el Capitolio y la residencia presidencial: presionar al Gobierno para que se manejen “mejores formas de comunicación con nosotros, a ver si su agenda legislativa también puede salir adelante”, dijo un congresista de Cambio Radical que pidió reserva de su nombre.

¿Cómo se empezó a gestar esta alianza? La semana pasada, en medio del terremoto por el que atravesaba Cambio Radical por la división interna entre los aliados de Germán Vargas Lleras y la casa Char, sumado al debate nacional alrededor de las objeciones de Duque a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se logró concretar un almuerzo entre el exvicepresidente y Barreras. Fuentes consultadas por este diario contaron que Vargas Lleras invitó al congresista de la U a ese encuentro con un único objetivo: proponerle una alianza “tripartita”, que incluyera al Partido Liberal, habida cuenta de que a esta colectividad le corresponde la Presidencia del Senado; y a Cambio Radical, la de la Cámara de Representantes, a partir del 20 de julio.

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Si se lograba la unificación de las tres bancadas parlamentarias nacería una nueva mayoría con, al menos, unos 130 legisladores en ambas corporaciones. Es decir, casi medio Congreso, lo que les permitiría a estos tres partidos mantener el control del mismo. Sin embargo, como la semana pasada aún estaba por conocerse la decisión de Cambio Radical sobre los reparos a la estatutaria, la U y los liberales aprovecharon la coyuntura para pedirle a Vargas Lleras algo a cambio antes de sellar esa alianza: decirle a su colectividad que rechazara las objeciones en el Congreso y, así, la balanza legislativa quedaría inclinada hacia el hundimiento de estas.

Cumplida la condición, como se ratificó el jueves de la semana pasada, cuando Cambio Radical decidió que las votará en contra, las tres colectividades asumieron como propio aquel principio que tanto se repitió durante el proceso y posterior Acuerdo de Paz de La Habana: pacta sunt servanda. Es decir, los acuerdos son para cumplirlos y, por ello, ayer se anunció el nacimiento de una nueva alianza partidista que congregó a liberales, a la U y a los de Cambio Radical, cuyo compromiso inicial será el de sacar adelante las cinco iniciativas propuestas. “La alianza también es una especie de exhortación al Gobierno para que tenga en cuenta a estos partidos y podamos adelantar una agenda legislativa conjunta. Está en mora que haga una socialización previa con nosotros antes de radicar sus iniciativas, porque lo que siempre hemos tenido es voluntad de diálogo”, señaló el senador Richard Aguilar, de Cambio Radical.

Sin embargo, el surgimiento de esta coalición en el Capitolio no le genera mayores preocupaciones al Gobierno. Según el alto consejero para Asuntos Políticos, Jaime Amín, la postura desde el Ejecutivo siempre ha sido la de permitir que el Congreso trabaje. “Lo único que podemos hacer es un llamado respetuoso a las bancadas que se declararon de Gobierno para que, en el ejercicio de ese compromiso y de ese alcance, acompañen nuestras iniciativas. Y a aquellos independientes, que examinen la posibilidad de ver cuáles iniciativas nuestras valen la pena ser acompañadas”, dijo. La U, por ejemplo, se declaró partido de Gobierno, según los parámetros del Estatuto de la Oposición, pero la norma no establece obligaciones o sanciones para quienes decidan no acompañar iniciativas del Ejecutivo.

(Lea aquí un blance del Gobienro de Iván Duque en sus primeros ocho meses) 

En todo caso, agregó Amín, este será un semestre clave para concentrarse en sacar adelante la agenda legislativa que es prioridad para el Ejecutivo y que lo hará con base en la “fuerza argumental”. Entre esos proyectos está la ley de financiamiento, el Plan Nacional de Desarrollo, la reforma política, los proyectos anticorrupción pendientes desde el año pasado, la ley de las TIC y uno fundamental que será radicado esta semana, y que fue prometido por Duque desde que era candidato presidencial: la cadena perpetua para violadores de niños. “Así que el Gobierno procura no hacer cálculos antes de que se produzcan los debates en el Capitolio”, agregó.

Lo cierto es que, ante este nuevo panorama, es innegable que la gobernabilidad de Duque cada vez se pone más en riesgo ante un Congreso que no cede a la “nueva forma de gobernar” del presidente que, para los congresistas, más allá de “representación” política en el Ejecutivo, implica reconocer el rol de los partidos, de la importancia del diálogo entre ambas ramas del poder público y en el respeto a los parlamentarios, pues, como dijo uno de ellos a este diario, “no somos sus simples notarios”.

La soledad política que ha acompañado al presidente Iván Duque, prácticamente desde que se posesionó en la Casa de Nariño, ya derivó en uno de los efectos más complicados que le podría ocurrir a un jefe de Estado en su primer año de mandato: la apatía parlamentaria y la configuración de una aplanadora legislativa en contra que, desde ayer, comenzó a sostener la “sartén por el mango”.

Cambio Radical, el Partido Liberal y la U han revivido lo que podría describirse como la reunificación liberal y decidieron aliarse para, según explicó el senador Roy Barreras, “llenar el vacío legislativo de la pérdida de tiempo de estos nueve meses en los que no aparecen iniciativas del Gobierno que les sirvan a los ciudadanos”.

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El primer paso para materializar esa coalición fue la radicación de un paquete de proyectos con los que, dicho sea de paso, toman ventaja en algunos puntos que, en teoría, eran prioridad para el Ejecutivo, como la reforma a la justicia o al sistema de salud. Pero más allá de esas iniciativas -que también se relacionan con seguridad vial, seguridad alimentaria y modificaciones en el proceso de obtención de la nacionalidad colombiana-, de fondo está un mensaje político que pone en el ojo del huracán las deterioradas relaciones entre el Capitolio y la residencia presidencial: presionar al Gobierno para que se manejen “mejores formas de comunicación con nosotros, a ver si su agenda legislativa también puede salir adelante”, dijo un congresista de Cambio Radical que pidió reserva de su nombre.

¿Cómo se empezó a gestar esta alianza? La semana pasada, en medio del terremoto por el que atravesaba Cambio Radical por la división interna entre los aliados de Germán Vargas Lleras y la casa Char, sumado al debate nacional alrededor de las objeciones de Duque a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se logró concretar un almuerzo entre el exvicepresidente y Barreras. Fuentes consultadas por este diario contaron que Vargas Lleras invitó al congresista de la U a ese encuentro con un único objetivo: proponerle una alianza “tripartita”, que incluyera al Partido Liberal, habida cuenta de que a esta colectividad le corresponde la Presidencia del Senado; y a Cambio Radical, la de la Cámara de Representantes, a partir del 20 de julio.

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Si se lograba la unificación de las tres bancadas parlamentarias nacería una nueva mayoría con, al menos, unos 130 legisladores en ambas corporaciones. Es decir, casi medio Congreso, lo que les permitiría a estos tres partidos mantener el control del mismo. Sin embargo, como la semana pasada aún estaba por conocerse la decisión de Cambio Radical sobre los reparos a la estatutaria, la U y los liberales aprovecharon la coyuntura para pedirle a Vargas Lleras algo a cambio antes de sellar esa alianza: decirle a su colectividad que rechazara las objeciones en el Congreso y, así, la balanza legislativa quedaría inclinada hacia el hundimiento de estas.

Cumplida la condición, como se ratificó el jueves de la semana pasada, cuando Cambio Radical decidió que las votará en contra, las tres colectividades asumieron como propio aquel principio que tanto se repitió durante el proceso y posterior Acuerdo de Paz de La Habana: pacta sunt servanda. Es decir, los acuerdos son para cumplirlos y, por ello, ayer se anunció el nacimiento de una nueva alianza partidista que congregó a liberales, a la U y a los de Cambio Radical, cuyo compromiso inicial será el de sacar adelante las cinco iniciativas propuestas. “La alianza también es una especie de exhortación al Gobierno para que tenga en cuenta a estos partidos y podamos adelantar una agenda legislativa conjunta. Está en mora que haga una socialización previa con nosotros antes de radicar sus iniciativas, porque lo que siempre hemos tenido es voluntad de diálogo”, señaló el senador Richard Aguilar, de Cambio Radical.

Sin embargo, el surgimiento de esta coalición en el Capitolio no le genera mayores preocupaciones al Gobierno. Según el alto consejero para Asuntos Políticos, Jaime Amín, la postura desde el Ejecutivo siempre ha sido la de permitir que el Congreso trabaje. “Lo único que podemos hacer es un llamado respetuoso a las bancadas que se declararon de Gobierno para que, en el ejercicio de ese compromiso y de ese alcance, acompañen nuestras iniciativas. Y a aquellos independientes, que examinen la posibilidad de ver cuáles iniciativas nuestras valen la pena ser acompañadas”, dijo. La U, por ejemplo, se declaró partido de Gobierno, según los parámetros del Estatuto de la Oposición, pero la norma no establece obligaciones o sanciones para quienes decidan no acompañar iniciativas del Ejecutivo.

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En todo caso, agregó Amín, este será un semestre clave para concentrarse en sacar adelante la agenda legislativa que es prioridad para el Ejecutivo y que lo hará con base en la “fuerza argumental”. Entre esos proyectos está la ley de financiamiento, el Plan Nacional de Desarrollo, la reforma política, los proyectos anticorrupción pendientes desde el año pasado, la ley de las TIC y uno fundamental que será radicado esta semana, y que fue prometido por Duque desde que era candidato presidencial: la cadena perpetua para violadores de niños. “Así que el Gobierno procura no hacer cálculos antes de que se produzcan los debates en el Capitolio”, agregó.

Lo cierto es que, ante este nuevo panorama, es innegable que la gobernabilidad de Duque cada vez se pone más en riesgo ante un Congreso que no cede a la “nueva forma de gobernar” del presidente que, para los congresistas, más allá de “representación” política en el Ejecutivo, implica reconocer el rol de los partidos, de la importancia del diálogo entre ambas ramas del poder público y en el respeto a los parlamentarios, pues, como dijo uno de ellos a este diario, “no somos sus simples notarios”.