Naciones Unidas sale en defensa de la restitución de tierras

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), expresaron su respaldo a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, en una clara reacción ante el debate surgido en los últimos días en el que algunos sectores políticos y gremiales, e incluso el procurador Alejandro Ordóñez, han hablado de la necesidad de reformarla pues tal y como está hecha beneficia a las Farc.

En un comunicado público, señalaron que la Ley fue promulgada para promover el respeto y cumplimiento de los derechos de las víctimas, incluyendo la reparación de los daños a su dignidad, su integridad, sus vidas y sus bienes, y como un instrumento importante para facilitar la construcción de la paz y la reconciliación.

Y señalan: “La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y el Acnur reconocen la existencia de dificultades de diverso orden en la implementación de la política de restitución de tierras. Una de esas dificultades es la realidad de ocupaciones de predios reclamados en restitución por parte de campesinos vulnerables, que incluso pueden ser también víctimas del desplazamiento, que alegan haber actuado de buena fe. La Unidad de Restitución de Tierras ha advertido esta situación y ha hecho esfuerzos para distinguir entre ocupantes de buena fe y de mala fe, de forma que no se afecten los derechos de personas que no fueron partícipes ni se beneficiaron del abandono o del despojo de tierras, y para prevenir nuevos conflictos en las zonas de restitución”.

Sin embargo, en este sentido, las dos agencias advierten que el debate necesario sobre la protección de los derechos de segundos ocupantes de buena fe “no debe ser utilizado para sembrar dudas sobre la decisión de restituir las tierras a las víctimas de abandono y despojo violentos, ni para poner en riesgo los avances de la Ley en la atención y reparación a las víctimas o para emitir acusaciones o estigmatizaciones contra las víctimas, sus organizaciones o las defensoras y defensores de derechos humanos”.

En el comunicado, se insta finalmente a las instituciones responsables y a las partes legítimamente interesadas “a establecer canales para un diálogo sereno y respetuoso que permita avanzar en la garantía de los derechos humanos de las víctimas reclamantes y de los segundos ocupantes que acrediten la buena fe, evitando recurrir a expresiones y acciones que puedan estimular o exacerbar conflictos sociales en las regiones o a poner en riesgo la seguridad de los intervinientes en los procesos de restitución”.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), expresaron su respaldo a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, en una clara reacción ante el debate surgido en los últimos días en el que algunos sectores políticos y gremiales, e incluso el procurador Alejandro Ordóñez, han hablado de la necesidad de reformarla pues tal y como está hecha beneficia a las Farc.

En un comunicado público, señalaron que la Ley fue promulgada para promover el respeto y cumplimiento de los derechos de las víctimas, incluyendo la reparación de los daños a su dignidad, su integridad, sus vidas y sus bienes, y como un instrumento importante para facilitar la construcción de la paz y la reconciliación.

Y señalan: “La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y el Acnur reconocen la existencia de dificultades de diverso orden en la implementación de la política de restitución de tierras. Una de esas dificultades es la realidad de ocupaciones de predios reclamados en restitución por parte de campesinos vulnerables, que incluso pueden ser también víctimas del desplazamiento, que alegan haber actuado de buena fe. La Unidad de Restitución de Tierras ha advertido esta situación y ha hecho esfuerzos para distinguir entre ocupantes de buena fe y de mala fe, de forma que no se afecten los derechos de personas que no fueron partícipes ni se beneficiaron del abandono o del despojo de tierras, y para prevenir nuevos conflictos en las zonas de restitución”.

Sin embargo, en este sentido, las dos agencias advierten que el debate necesario sobre la protección de los derechos de segundos ocupantes de buena fe “no debe ser utilizado para sembrar dudas sobre la decisión de restituir las tierras a las víctimas de abandono y despojo violentos, ni para poner en riesgo los avances de la Ley en la atención y reparación a las víctimas o para emitir acusaciones o estigmatizaciones contra las víctimas, sus organizaciones o las defensoras y defensores de derechos humanos”.

En el comunicado, se insta finalmente a las instituciones responsables y a las partes legítimamente interesadas “a establecer canales para un diálogo sereno y respetuoso que permita avanzar en la garantía de los derechos humanos de las víctimas reclamantes y de los segundos ocupantes que acrediten la buena fe, evitando recurrir a expresiones y acciones que puedan estimular o exacerbar conflictos sociales en las regiones o a poner en riesgo la seguridad de los intervinientes en los procesos de restitución”.