El Estado colombiano y el Gobierno respondieron el informe que entregó este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su visita al país para observar los hechos de violencia ocurridos durante el Paro Nacional. Después de revisar el documento con más de 40 recomendaciones, el Gobierno agradeció que el organismo internacional reconociera la “institucionalidad democrática sólida”, la separación equilibrada entre los poderes públicos y los organismos autónomos, encargados de investigar y acompañar los actos violentos que tuvieron lugar en la protesta social.
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También, en un documento de seis páginas, la Cancillería recalcó el compromiso de la nación con los derechos humanos, puesto que en territorio hacen presencia más de 20 agencias de Naciones Unidas, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, la Misión de Verificación de ese mismo organismo y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos MAPPOEA. En ese sentido, el Estado manifestó que la Comisión resaltó que Colombia privilegió el diálogo con la ciudadanía para dirimir diferencias expresadas en la protesta social. No obstante, el presidente Iván Duque y la misma carta de respuesta de la Cancillería pusieron sobre la mesa su rechazo a varias de las recomendaciones emitidas.
“Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”, enfatizó el primer mandatario como réplica al informe de la CIDH. El jefe de Estado se mantuvo en que el país “ha sido respetuoso de la protesta pacífica, como una expresión de la ciudadanía, pero los actos de vandalismo, de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan con los derechos de los ciudadanos, están siendo enfrentados con la constitución y la ley”, señaló. En esa línea, Duque insistió en la idea que el ejecutivo ha reiterado en varios pronunciamientos: “los bloqueos han atentado contra los derechos colectivos”, afirmó, recordando los episodios del Paro en los que las ciudades estuvieron desabastecidas, las personas vieron limitadas su movilidad y dos bebés murieron.
Puntualmente, sobre estos episodios, la canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, comentó: “En el caso de las dos bebés que murieron, la Comisión señaló que por falta de asistencia médica. Eso no es cierto. Fueron dos bebés que murieron porque impidieron el paso para recibir el tratamiento médico”. Agregó diciendo que estos lamentables hechos, además de la limitación del paso a misiones médicas “son delitos internacionales graves.
“Lo que denominan (la Comisión) como cortes de ruta, en la legislación colombiana son bloqueos y están definidos en el Código Penal y es un acto delictivo, porque son interrupciones que tienen consecuencias graves sobre la vida de los colombianos”, complementó Ramírez.
El Gobierno le dijo no a separar a la Policía del Ministerio de Defensa
El presidente se refirió puntualmente a una recomendación de la CIDH que no abraza el Gobierno, como lo dijo la Cancillería en la carta, y es la propuesta de que la Policía salga del Ministerio de Defensa para que haga parte del Ministerio del Interior. Según expresó, no es un capricho de Colombia no hacer caso a dicha recomendación.
“Prácticamente desde el segundo gobierno del Alberto Lleras Camargo, Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable, corrigiendo lo que por muchos años fue muy cuestionado, y es que durante los años en que la Policía estuvo en el Ministerio de Gobierno (hoy Ministerio del Interior) se politizó, y esa politización llevó a grandes brotes de violencia”, aseguró Duque.
Por ello, citó el argumento de la Cancillería. Tanto el presidente como el Ministerio de Relaciones Exteriores se remitieron al artículo 2018 de la Constitución Política, el cual define la naturaleza civil que tiene la Policía, a pesar de estar adscrita al Ministerio de Defensa. “[La Policía] está en el Mindefensa para tener esa coordinación armónica en todas las fuerza, para cumplir labores de carácter humanitario y de protección”, resaltó el mandatario.
Por su parte, sobre este aspecto, la Cancillería agregó lo siguiente: “esta discusión se tuvo en la Asamblea Constituyente de 1991, que cumple 30 años, fruto de un acuerdo de paz, y fue la propia Constituyente la que resolvió mantenerla en la estructura del Ministerio de Defensa, como eje axial, sin desdibujar con ello su función esencial en torno a la convivencia y seguridad ciudadana, con una formación concebida y enfocada en esa naturaleza y bajo la columna vertebral de la garantía y respeto de los Derechos Humanos. Por último, no sobra mencionar que incluso la propia Defensa Civil, está adscrita a ese Ministerio. En el proceso de reforma a la Policía Nacional, todo lo explicado se verá reforzado y afinado”.
(Vea: Paro Nacional: CIDH anuncia recomendaciones al Estado de Colombia - El Espectador)
Otras recomendaciones de la CIDH que no abrazó el Gobierno:
Entre otras cosas, el Gobierno le dijo a la CIDH que se apartaba de algunas recomendaciones expuestas y que el organismo debía “tener muy en cuenta la responsabilidad que conllevan sus pronunciamientos”. Esto porque, aseguró la Cancillería, las palabras de la CIDH se dan " en medio de la inestabilidad que afrontan algunas naciones, derivada de la crisis de la economía, el empleo y la salud pública, acarreada por la pandemia del COVID-19″.
En la carta, el Estado colombiano expresó que no acoge la propuesta de crear un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad”, como lo expuso la CIDH, porque, según el Gobierno, el país ya cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, que garantiza la vida y el bienestar para los ciudadanos.
“Colombia dispone de mecanismos internos para atender las denuncias presentadas por presuntos casos de vulneraciones a los derechos humanos. Sumado a ello, es uno de los países de la región que más participa en el Sistema Interamericano, cumple cabalmente sus compromisos internacionales, y atiende oportunamente las solicitudes de información que se le hacen en el marco de las competencias de la Comisión”, añadió la Cancillería.
El ejecutivo también fue enfático en afirmar que “la Policía no usa armas de fuego letales en el marco de las manifestaciones, sólo puede estar dotada de cascos, escudos y bastones”, esto como referencia al uso de la fuerza institucional en el marco del Paro Nacional, uno de los puntos que más preocupación le causó a los organismos defensores de derechos humanos. Según la Cancillería, la intervención de la Policía y el ESMAD en la protesta social ha sido “excepcional” y ha estado sujeto a “previo análisis de los principios de la legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y razonabilidad”, para que la institución intervenga.
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“En este contexto, es relevante precisar que, en las últimas ocho semanas, en el país, se han adelantado 14.390 marchas, concentraciones, encuentros y protestas, y sólo 1.725 de ellas requirieron presencia de la Fuerza Pública, lo que equivale al 11% de las manifestaciones. Ello demuestra que el Gobierno del Presidente Iván Duque es respetuoso y garante de la protesta pública pacífica, que no puede, bajo ningún motivo, estar sujeta al vandalismo, al caos y la destrucción de los bienes de los colombianos”, aseveró el Ministerio de Relaciones Exteriores en su respuesta.
La cartera se refirió, incluso, al uso de las armas Venom, artefacto que varios alcaldes le prohibieron utilizar al ESMAD durante las marchas por su alto impacto en los manifestantes. Contrario a esa realidad, la Cancillería citó la sentencia de tutela proferida por el Tribunal de Bogotá, el 28 de junio de 2021: “Estableció que es constitucionalmente válido y no violatorio de los derechos fundamentales, el uso de las llamadas armas Venom, que se clasifican entre las menos letales, dado que “no produce un impacto directo en la ciudadanía”, y además advierte que “su uso está plenamente regulado””.
Sobre la violencia institucional ejercida a mujeres y población LGBTIQ+ durante el Paro:
Sobre este punto, la CIDH encontró que en el país impera la estigmatización estructural que conlleva la violencia a estos grupos poblacionales por parte de la Policía y el ESMAD. Esto, sin embargo, no fue aceptado por el Gobierno. En la carta de respuesta, el ejecutivo recordó que hay políticas públicas que buscan la especial protección de los derechos de grupos étnicos y población LGBTIQ+. “No puede haber ni ha habido ningún tipo de tolerancia frente a la violencia contra estas poblaciones. Aquellos posibles casos de discriminación son objeto de tutela y de investigación por parte de las autoridades”, aseguró la Cancillería sobre la violencia hacia personas diversas y disidencias sexuales.
Asimismo, el Gobierno insistió en que no solo en ese escenario, sino durante todo el mandato de Duque, ha rechazado todo tipo de violencia contra las mujeres. “Activamos el Mecanismo Articulador del que forman parte todas las entidades competentes, y se ha venido realizando el seguimiento, acompañamiento y gestión, para la correspondiente activación de rutas de orientación, atención, sanción y restablecimiento de los derechos de las mujeres. Todo este ejercicio se ha realizado a nivel nacional, a través de la Instancia de Coordinación y gestión del orden nacional del Mecanismo Articulador, y por medio de los Comités de: Promoción y Prevención, Atención Integral, Protección, Cualificación y Acceso a la justicia, y Sistemas de información”, argumentó.
(Para contexto: Hoy empieza la visita de la CIDH a Colombia: ¿Qué significa? - El Espectador)
Sobre las desapariciones y torturas a manifestantes, registradas por organizaciones:
El Gobierno aclaró que no es una política de Estado utilizar sus instituciones para encubrir actos de este calibre que denunciaron centenas de manifestantes, voces recogidas por organizaciones como Temblores. Al respecto, la Cancillería se limitó a responder que desde que existan denuncias formales, los organismos de investigación procederán “con toda celeridad y contundencia” a investigar, judicializar, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. “El Estado colombiano no tolera, no es indiferente ni permitirá que haya impunidad en aquellos casos en que las autoridades judiciales competentes comprueben casos de tortura, desaparición o violencia sexual”, reiteró el Ministerio.
En una versión comentada de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, del documento de respuesta del Ministerio de Relaciones Internacionales a las recomendaciones de la CIDH, esta desestima los otros temas a los que se refirió la Comisión.
“Hay unos elementos que no hacen parte de la visita, como el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el caso de Gustavo Petro, hay un acuerdo que se firmó con las Farc que no hace parte de las facultades de la Comisión y en ese cuestionamiento a las instituciones de control, creemos que hay suficientes evidencias que los organismos de control están procediendo a investigar los delitos desde el punto de vista penal y las responsabilidades frente a las víctimas”, dijo.
Ramírez agradeció la preocupación de la CIDH, pero a la vez insistió que la convulsión social que vive Colombia no es ajena en otros países, por la situación de las economías, el empleo y la salud, por cuenta de la pandemia. “Hay que ser mesurados, responsables y serenos a hacer declaraciones que no pueden responder a juicios de valor y menos a sesgos personales”, acotó la canciller.