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Gobierno le da impulso a proyecto para acercamientos y sometimiento de narcobandas

La iniciativa que da piso a los procesos con bandas criminales ya está en el Congreso. El presidente Gustavo Petro busca su aprobación.

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03 de agosto de 2025 - 02:08 a. m.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el presidente Gustavo Petro lideraron esta semana una reunión sobre la ley de sometimiento en la Casa de Nariño.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el presidente Gustavo Petro lideraron esta semana una reunión sobre la ley de sometimiento en la Casa de Nariño.
Foto: Presidencia
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El Gobierno del presidente Gustavo Petro comenzó a socializar en diferentes frentes el proyecto de ley que llevó al Congreso para tener el piso jurídico que le dé viabilidad a las negociaciones y acercamientos con bandas criminales, tanto urbanas y rurales, ligadas al narcotráfico y otras violencias.

Un primer paso se dio hace 48 horas en la Casa de Nariño, donde el jefe de Estado, junto a su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y otros a funcionarios del ejecutivo comenzaron a analizar la viabilidad de esta iniciativa.

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“Esta iniciativa busca dotar al Estado de herramientas legales y humanitarias para avanzar en los procesos de desmovilización, diálogo y justicia frente a los actores armados ilegales”, dijo la Presidencia cuando confirmó el encuentro.

En el encuentro también estuvo presente el comisionado de Paz, Otty Patiño, quien ha sido criticado por la falta de resultados en la llamada paz total. Incluso, se habló de un reciente choque de este funcionario con Montealegre.

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La iniciativa busca que a las narcobandas se les den beneficios condicionados a la entrega de bienes, la contribución a la verdad, la reparación a las víctimas y el cese definitivo de sus actividades criminales.

Además, el texto plantea un tratamiento especial para personas judicializadas en el contexto de disturbios o manifestaciones sociales, así como reglas diferenciales para miembros de grupos ilegales a los que se les reconozca una connotación política y que no estén en Justicia y Paz o en la Jurisdicción Especial para la Paz.

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En todo caso, desde el oficialismo defienden la iniciativa, pero desde la oposición no solamente la califican como un peligro para la institucionalidad, sino que cuestionan los efectos que pueda tener en un año electoral.

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gustavo galan(6016)03 de agosto de 2025 - 03:20 a. m.
Los que mas critican esto,son los que han causado a través de los años las injusticias sociales.
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