Nicaragua insiste en que dictamen de Corte de La Haya no es negociable

Nicaragua insistió ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en que Colombia ha rechazado las delimitaciones establecidas por el alto tribunal de la ONU en 2012 en el mar Caribe y que para Managua la sentencia "no es negociable".

El agente y embajador de Nicaragua en Holanda, Carlos Argüello, cerró las audiencias orales ante la CIJ en el litigio marítimo que enfrenta a Colombia y Nicaragua por las supuestas violaciones por parte de Bogotá de los límites en el Caribe redefinidos por parte del alto tribunal de la ONU el 19 de noviembre de 2012.

En su intervención, Argüello dijo que "Colombia se ha dedicado a evitar las responsabilidades jurídicas" y pidió a la Corte que "rechace las objeciones de Colombia".

Frente a la afirmación de Colombia de que "Nicaragua no está decidida a negociar", el diplomático señaló que "en todas las declaraciones del presidente Daniel Ortega", se ha dejado claro que el país centroamericano "está decidido a firmar un tratado" que cierre los diferendos entre ambos países en este caso.

No obstante, aclaró que "Nicaragua nunca ha estado de acuerdo en negociar la sentencia de la Corte" de 2012, a través de la que quedan marcadas las delimitaciones marítimas.

En contra de las argumentaciones de Colombia, que sostiene que no existía disputa previa a la demanda de Nicaragua ante la CIJ, el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Oxford Vaughan Lowe destacó que ambas partes reconocían "la existencia de una disputa", haciendo referencia a encuentros entre Ortega y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos.

Además, Lowe insistió en que Nicaragua "reclama" que Colombia "acepte sus responsabilidades" y asuma la sentencia de la Corte.

Según el profesor de la Universidad de Nanterre Alain Pellet, la Corte tiene "poder inherente" y su jurisdicción está claramente reconocida en su misión y estatutos.

Asimismo señaló que "bajo la ley internacional la Corte debe ejercer su poder cuando este sea necesario", como ocurre según Nicaragua en este caso concreto.

Por su parte, el profesor español de Derecho Internacional Antonio Remiro Brotóns calificó de "maquiavélicas" las interpretaciones de Colombia y dijo que Bogotá ha intentado confundir a la Corte" a su favor en relación a su interpretación del artículo 56 del Pacto de Bogotá para evitar cumplir la sentencia del alto tribunal de la ONU.

El artículo 56 dice que el pacto de Bogotá puede ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, pero Colombia sostiene que la renuncia tuvo "efecto inmediato" con respecto a la iniciación de nuevos procedimientos en su contra.

Colombia denunció el Pacto el 27 de noviembre de 2012 y Nicaragua introdujo su demanda ante la CIJ el 26 de noviembre de 2013.

Dado que ambas partes se han referido a la "relevante jurisprudencia de los tribunales internacionales contemporáneos", y en concreto en referencia al "poder inherente" de éstos, la Corte ha solicitado a ambas partes que presenten por escrito sus consideraciones antes del 9 de octubre próximo.

A partir de ahora empieza el proceso de deliberación de la Corte que puede durar entre 4 y 6 meses según las fuentes consultadas. 

Nicaragua insistió ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en que Colombia ha rechazado las delimitaciones establecidas por el alto tribunal de la ONU en 2012 en el mar Caribe y que para Managua la sentencia "no es negociable".

El agente y embajador de Nicaragua en Holanda, Carlos Argüello, cerró las audiencias orales ante la CIJ en el litigio marítimo que enfrenta a Colombia y Nicaragua por las supuestas violaciones por parte de Bogotá de los límites en el Caribe redefinidos por parte del alto tribunal de la ONU el 19 de noviembre de 2012.

En su intervención, Argüello dijo que "Colombia se ha dedicado a evitar las responsabilidades jurídicas" y pidió a la Corte que "rechace las objeciones de Colombia".

Frente a la afirmación de Colombia de que "Nicaragua no está decidida a negociar", el diplomático señaló que "en todas las declaraciones del presidente Daniel Ortega", se ha dejado claro que el país centroamericano "está decidido a firmar un tratado" que cierre los diferendos entre ambos países en este caso.

No obstante, aclaró que "Nicaragua nunca ha estado de acuerdo en negociar la sentencia de la Corte" de 2012, a través de la que quedan marcadas las delimitaciones marítimas.

En contra de las argumentaciones de Colombia, que sostiene que no existía disputa previa a la demanda de Nicaragua ante la CIJ, el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Oxford Vaughan Lowe destacó que ambas partes reconocían "la existencia de una disputa", haciendo referencia a encuentros entre Ortega y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos.

Además, Lowe insistió en que Nicaragua "reclama" que Colombia "acepte sus responsabilidades" y asuma la sentencia de la Corte.

Según el profesor de la Universidad de Nanterre Alain Pellet, la Corte tiene "poder inherente" y su jurisdicción está claramente reconocida en su misión y estatutos.

Asimismo señaló que "bajo la ley internacional la Corte debe ejercer su poder cuando este sea necesario", como ocurre según Nicaragua en este caso concreto.

Por su parte, el profesor español de Derecho Internacional Antonio Remiro Brotóns calificó de "maquiavélicas" las interpretaciones de Colombia y dijo que Bogotá ha intentado confundir a la Corte" a su favor en relación a su interpretación del artículo 56 del Pacto de Bogotá para evitar cumplir la sentencia del alto tribunal de la ONU.

El artículo 56 dice que el pacto de Bogotá puede ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, pero Colombia sostiene que la renuncia tuvo "efecto inmediato" con respecto a la iniciación de nuevos procedimientos en su contra.

Colombia denunció el Pacto el 27 de noviembre de 2012 y Nicaragua introdujo su demanda ante la CIJ el 26 de noviembre de 2013.

Dado que ambas partes se han referido a la "relevante jurisprudencia de los tribunales internacionales contemporáneos", y en concreto en referencia al "poder inherente" de éstos, la Corte ha solicitado a ambas partes que presenten por escrito sus consideraciones antes del 9 de octubre próximo.

A partir de ahora empieza el proceso de deliberación de la Corte que puede durar entre 4 y 6 meses según las fuentes consultadas.