El anuncio del Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua causó gran inquietud en el gobierno colombiano, que de inmediato respondió. El caso pone de relieve la intención clara de Nicaragua de tener en la agenda binacional el tema del diferendo limítrofe. Luego de una serie de posturas ambiguas, a Nicaragua le urge que Colombia no siga dilatando el tema y busca frenéticamente darle una visibilidad al litigio que obligue a una pronta solución.
¿Por qué Nicaragua escoge este momento para anunciar su intención de explorar dicho subsuelo? La razón se divide en dos. En primer lugar, porque a pesar de todas las señales enviadas desde Managua para fijar de una vez por todas la frontera, el gobierno colombiano ha intentado por todos los medios ganar tiempo. En medio de una encrucijada de la mayor complejidad, la administración de Juan Manuel Santos debe decidir entre sus compromisos internacionales y la presión interna.
La tradición de Colombia respecto del derecho internacional es clara y consiste en su irrestricto apego. Después de Brasil y Argentina, Colombia es la nación suramericana que más veces ha participado como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Uno de los propósitos de esta dinámica tiene que ver con la poca presencia de embajadas en el mundo, que es compensada por la actividad multilateral. De igual forma, el involucramiento del país en la creación de la OEA y la tradición legalista preconizada durante décadas son aspectos rastreables y verificables de dicho talante. Lo que complejiza aún más la situación: las ambiciones de Colombia en la región y en el mundo para buscar su membresía en organizaciones y foros como la APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) y la OCDE (Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico) y su papel en la incipiente Alianza del Pacífico obligan a respetar ese carácter, que iría en contra del desacato del fallo de noviembre de 2012.
Paralelamente, la presión interna para que se desconozca el fallo es cada vez más patente. Las autoridades de San Andrés, con justa causa, le exigen al Gobierno que por ningún motivo tome decisión alguna que ponga en riesgo el archipiélago. No obstante, se piensa ingenuamente que los indicadores de pobreza, poca cobertura en materia de educación media y una mortandad infantil por encima del promedio regional, se le pueden endilgar a la Corte Internacional de Justicia. Señalamiento que desconoce que desde hace varias décadas el peso económico colombiano lo concentra el denominado Trapecio Andino, mientras la trampa de pobreza es patente en el Caribe, el Pacífico, la Orinoquia y la Amazonia, regiones de frontera.
Con esta medida en la que Managua dispone de aguas que según el citado fallo son colombianas, se busca que Bogotá reaccione apelando precisamente al mapa que resulta de la decisión de noviembre de la CIJ. De no ser así, no habría razón para que Nicaragua hubiese incluido aguas que según ese fallo son de Colombia de forma irrestricta. Empero, la intención para que la administración Santos decida es fehaciente.
Al gobierno colombiano le urgirá por su parte hallar dos difíciles consensos para salir de esta nueva crisis. Uno en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, dividida por los egos de los expresidentes y renovada por la presencia de Camilo Reyes, quien seguramente dará luces sobre el horizonte. Y otro más complejo, entre la clase política, con miras a las elecciones de 2014. Para Colombia sería desastroso que el tema pasara a una lógica electoral y fuera capitalizado.
Por ende, esta nueva coyuntura hace aún más urgente una solución bilateral con Managua, que el Gobierno Nacional ha postergado indefinidamente. Esto ha abierto las posibilidades para que quienes prefieren las decisiones extremas ganen visibilidad y los principales perjudicados por la indecisión sigan cargando el peso de una crisis política en la que no tienen ninguna responsabilidad.
Por Mauricio Jaramillo Jassir
